¿Aló, Presidente? Cómo el telefonazo de Boric incomodó a la Suprema, molestó a senadores y debilitó a la ministra Ríos

Recién este viernes en la mañana, el Presidente Gabriel Boric remitió a la Corte Suprema el oficio en el que notifica el reciente rechazo del Senado, ocurrido el lunes pasado, a la proposición de nombrar a la abogada Marta Herrera Seguel como nueva fiscal nacional.

A partir de hoy, el máximo tribunal tiene 10 días (salvo que opte por un nuevo concurso, lo que extiende el plazo a 15 días) para rellenar la lista de cinco postulantes, reemplazando el nombre de la rechazada.

La Corte ya había realizado este procedimiento hace dos semanas atrás luego de que la Cámara Alta desestimara por primera vez la carta escogida por el Presidente, el 30 de noviembre pasado. Entonces el fiscal regional de Santiago Norte, José Morales Opazo, fue el rechazado.

Sin embargo, este nuevo procedimiento, que ya venía tensionado por una guerrilla de declaraciones entre senadores y los candidatos rechazados, sumó un nuevo ingrediente polémico: las dos llamadas telefónicas que realizó Boric al presidente de la Suprema, Juan Eduardo Fuentes, para sondear la posibilidad de realizar un nuevo concurso público para rehacer la quina (la lista de cinco postulantes desde donde el Jefe de Estado escoge a la carta que propone al Senado).

Desde el oficialismo y el gobierno vistieron el hecho como un acto de liderazgo. “Valoro las gestiones del Presidente”, dijo, por ejemplo el senador Juan Ignacio Latorre (RD).

Mientras que, en La Moneda, consultada por el llamado, la ministra vocera, Camila Vallejo, afirmó que “desde ayer hemos estado preocupados principalmente por incendios (…). Sobre otras materias de política contingente, nos vamos a referir en otra oportunidad. Todos los días nos hemos referido a estas materias, en su momento de manera oportuna, también nos vamos a referir”.

Sin embargo, la intervención del Mandatario recordó en el Congreso a los cuestionados “telefonazos” directos que realizó el expresidente Sebastián Piñera para resolver conflictos o nudos políticos. Uno de los más recordados es el llamado que realizó, en agosto de 2010, a los representantes de la empresa Suez Energy para que la central termoeléctrica Barrancones no se instalara cerca de la zona ecológica de Punta Choros.

Esta llamada de Boric tiene una connotación mayor, pues involucra a otro poder del Estado. Según advierte un exministro de Justicia, que prefiere mantenerse en el anonimato, el episodio deja en un escenario imposible e incómodo al máximo tribunal, porque si acoge la solicitud del Presidente sería una señal de cesión de autonomía del Poder Judicial. Por otro lado, si el pleno de la Suprema desestima el requerimiento de Boric, también deja en mal pie al Presidente de la República, que ya había resultado magullado con los dos rechazos consecutivos del Senado a sus propuestas para dirigir al Ministerio Público.

“Uno puede entender que al Mandatario no le gusten los candidatos que quedan en quina, pero hay un proceso establecido y el representante del Ejecutivo debe restringirse a lo que dice la ley y la Constitución”, dijo a La Tercera el ex ministro de la Corte Suprema, Patricio Valdés.

Es “inadecuado”, añadió, lo que hizo Boric, ya que a su juicio “atenta contra la independencia de los poderes del Estado”. Y agregó que en las altas esferas del Poder Judicial esto se puede leer como una “presión indebida”.

Además, la revelación de estos telefonazos profundizaron la tensión que existe con algunos senadores que de forma transversal salieron a calificar como imprudente la intervención del Mandatario.

Incluso, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, Matías Walker (Demócratas), quien ha tenido una actitud colaborativa con el Ejecutivo y ha respaldado las dos fallidas propuestas para fiscal nacional dice que veía problemas “de fondo y de forma” en estas llamadas del Mandatario.

“Si bien es lógico que los poderes del Estado tengan que conversar entre sí, el Presidente al llamar directamente al presidente de la Suprema se expone a una negativa a la petición... desde todo punto de vista creo que es un error lo que hizo el Presidente”, añade Walker.

Adicionalmente, según la lectura que transmitían parlamentarios y exsecretarios de Estado, el episodio debilita aún más a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, ya que ella es la encargada de mantener la relación con el Poder Judicial y, por ende, las gestiones personales del Presidente se sobreponen a su misión institucional.

No obstante, el exministro y exsenador José Antonio Viera-Gallo (PS), quien fue subsecretario de Justicia en el gobierno de Salvador Allende, le resta dramatismo a las llamadas telefónicas de Boric, pues coincide en que pueden darse espacios de conversación entre las máximas autoridades de los poderes del Estado, aunque admite que “normalmente estas comunicaciones se dan a través de los ministros”.

“No me sorprende que haya comunicaciones, mientras se respeten las competencias de cada uno. Lo que sorprende es que se hagan públicas estas conversaciones. Mañana puede pasar al revés, que el presidente de la Suprema quiera hablar con el Presidente de la República”, sostiene Viera-Gallo.

Tras las fallidas postulaciones de Morales y Herrera, sobre Ríos recayeron las principales críticas de algunos senadores oficialistas y de oposición. A la titular de Justicia se le reprochaba su falta de redes para incidir en la quina que elaboró la Suprema y también el error de cálculo de La Moneda (responsabilidad que también es de la ministra Ana Lya Uriarte) para proponer dos cartas que finalmente no tenían votos en el la Cámara Alta (dos tercios de los senadores en ejercicio).

Si bien aún no está aclarado si el Mandatario buscaba rehacer toda la quina o solo un nuevo concurso para llenar la vacante que deja Marta Herrera, la petición del Jefe de Estado estaría en el límite de lo que contempla la Constitución.

Según la Carta Fundamental, la Corte Suprema “deberá completar la quina, proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado”, procedimiento que es complementado por la Ley Orgánica del Ministerio Público, donde aparece la posibilidad de un nuevo concurso, pero la misma norma no entrega ninguna precisión más.

Tiempo atrás, la misma Suprema también había innovado más allá de lo que dice literalmente la legislación y tras el rechazo a Morales reemplazó al abogado Rodrigo Ríos, quien renunció al proceso. En otras palabras no solo se sustituyó a un “rechazado”, como dice la Constitución, también se aplicó el mismo procedimiento para un “renunciado”, cuya hipótesis no existe ni en la ley ni en la Carta Fundamental.

La experiencia internacional es poco clara en cuanto a la legitimidad de una reunión entre el mandatario de determinado país y el presidente de la Corte Suprema. Sin embargo, en toda nación democrática la separación de poderes juega un rol central en la configuración administrativa del país.

Estados Unidos, por ejemplo, ha respetado inmaculadamente esa estricta separación entre ambos estamentos. En 1940, Franklin D. Roosevelt fue el primer mandatario en invitar a un designado para el Tribunal Supremo a jurar en la Casa Blanca, cuando Frank Murphy llegó al cargo. En el presente, Barack Obama celebró una recepción privada en el palacio presidencial en honor de la juez Sonia Sotomayor, quien se integró como magistrada asociada de la Corte Suprema de Estados Unidos durante su administración.

Las atribuciones de un mandatario de poder proponer nombres a la presidencia de la Corte Suprema también han estado ligadas a la influencia ideológica que esta podría generar en los futuros fallos, y ha conllevado, por cierto, diferencias mayores entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. En Estados Unidos, Obama criticó duramente a la Corte por su fallo en el caso de Citizens United, y Donald Trump lo hizo en 2017, atacando la decisión de un juez miembro que detuvo su prohibición en temas migratorios.

En Sudamérica, la situación ha sido similar. Este jueves, el gobierno de Alberto Fernández, en Argentina, se enfrascó en un gallito político con la Corte Suprema del país al asegurar que no acatará un fallo que ordenó devolver 100.000 millones de pesos argentinos de forma anual a la Ciudad de Buenos Aires. Horacio Rosatti, actual presidente del máximo tribunal, llegó en medio de polémicas al cargo bajo la administración del exmandatario Mauricio Macri.

En Colombia, Gustavo Petro tenía a inicios de diciembre una reunión oficial en la Casa de Nariño en la que debía posesionar a dos nuevos magistrados de la Corte Suprema. No llegó a la cita, desatando la indignación del Poder Judicial. “El presidente Petro dejó metida a toda la cúpula judicial, a toda”, dijo un magistrado a la prensa local.