Antes del 18-O: Quiebras de personas y empresas se disparan en último año

Por estos días el comercio en el centro de Santiago está de capa caída. Algunas tiendas y farmacias parecen bunkers fortificados con grandes planchas de acero por el temor a los saqueos, debido a la ola de violencia que ha acompañado a las protestas por demandas sociales.

En medio de este complejo panorama para locatarios, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) reveló en su último boletín estadístico que entre los meses de enero y octubre del presente año -antes de que se desatara la crisis- 4.002 personas y 1.385 empresas fueron declaradas en quiebra. Si se compara con igual periodo de 2018, las liquidaciones de las personas subieron 40%, mientras que entre las empresas el incremento alcanza al 24%.

Según explicaron desde la Superir  a La Tercera PM, "este incremento se debe, en gran parte, a un mayor conocimiento de que existe esta Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, producto de la intensa difusión que año a año realiza la institución para que más personas y empresas conozcan los procedimientos. Porque la normativa ha demostrado entregar una respuesta efectiva a sectores de la población que antes no tenían cómo enfrentar un endeudamiento severo, a través de procedimientos de menor duración y costo de lo que existía bajo la Ley de Quiebras. Si antes no más de 140 empresas y 2 personas por año, en promedio, se acogían a dicha normativa, hoy tenemos en total más de 21 mil procedimientos en los 5 años de vigencia de la Ley".

"Es importante consignar que también pueden existir otros factores como alza en los precios de los factores productivos, obsolescencia de productos, cambios en las preferencias de los consumidores o coyunturas económicas.  Sin perjuicio de lo anterior, y en esto es posible ser categórico, la cantidad de procedimientos concursales no puede entenderse como un indicador que explique por sí solo la condición económica del país", explicó la Superir.

Entre las compañías que han solicitado declarar su insolvencia se encuentran: Almacenes de Depósitos Nacionales (Almadena), Trob SpA. (The Republic of Beauty) y la Universidad del Pacífico, Transportes Raicar. El caso de esta última, de propiedad del empresario viñamarino Raimundo Gutiérrez, es particular. Llevaba 18 años prestando servicios al mercado de centros de eventos en recintos como Casapiedra y Espacio Riesco. La compañía contaba con diversos contratos a raíz de la realización de APEC  y la COP 25. Sin embargo, debido a que ambos eventos fueron cancelados, la firma debió solicitar su liquidación voluntaria.

Bajo los mismos argumentos, Servicios Audiovisuales Empresariales Limitada y la Productora de Eventos Viña del Mar SpA. solicitaron también declarar su liquidación recientemente en tribunales.

De igual manera otras empresas en una medida extrema para salvar su operación han optado por iniciar procesos de reorganización. Ese es el caso de Astaldi Sucursal Chile, Pablo Massoud L y Cia. Ltda, y las sociedades de garantía recíproca Pymer y Confianza. A ellas se sumó hace pocas semanas también Adexus, la compañía de servicios tercerizados y filial de Graña y Montero solicitó su reorganización concursal en medio de una pesada mochila de deudas que al 31 de octubre ascienden a US$43 millones.

"Se trata más que nada de una medida preventiva, en parte gatillada por lo que ha ocurrido desde el 18 de octubre. Por el lado de los ingresos, nuestro presupuesto consideraba una serie de iniciativas comerciales que hoy vemos difícil que se puedan concretar o no por lo menos en los tiempos que teníamos considerados", explicó Adexus a La Tercera PM.

A cargo de la reestructuración de la compañía se encuentra el abogado Ricardo Reveco, socio de Carey. Para el jurista, "la nueva ley de Insolvencia y Reemprendimiento ya cumplió 5 años de vigencia, y el mercado ya la internalizó, no sólo respecto de los nuevos riesgos que deben analizar los acreedores, sino que también a través de un nuevo mercado de asesoría profesional dedicado a la insolvencia. Ello ha traído como consecuencia una avalancha de nuevos casos de insolvencia de personas y de empresas".

"Atendida la actual situación del país, en donde se ha afectado la cadena de pagos y/o se han reducido los ingresos de las empresas que no han estado en condiciones de vender o prestar servicios, hemos detectado un aumento de consultas en torno a la disponibilidad, beneficios y costos de este tipo de procesos. Por ello, creo que habrá un año 2020 muy dinámico en procedimientos concursales", concluyó el abogado.

Para el liquidador Carlos Parada, el incremento en el número de liquidaciones de personas se debe a que la nueva normativa promueve a que las personas y las empresas que se ven complicadas con sus pasivos puedan iniciar procesos de este tipo en línea con las reorganizaciones. "La tendencia va en aumento año a año. Creo que efectivamente es un buen índice. Hoy con los nuevos acontecimientos, este número debiera de incrementarse", explicó.

Pero si el contexto es complicado para la economía, las señales que vienen desde el sector político tampoco contribuyen al ánimo de los inversionistas.

Luis Felipe Castañeda, socio de Castañeda Abogados explicó que durante las últimas semanas las consultas de inversionistas desde el exterior han aumentado y ven con preocupación los últimos acontecimientos en Chile. "No solo les llama la atención las marchas, sino que también la inseguridad jurídica de un país que cambiará su Constitución en un año y no se sabe qué criterio tendrá y tampoco quiénes la redactarán. Eso hace que muchos estén viendo con más cuidado a Chile", explicó.