Anuar Quesille, nuevo defensor de la Niñez: “Aprobar la propuesta constitucional podría producir dificultades en materia de niñez”

Cinco meses fue el tiempo que el cargo de defensor de la Niñez estuvo vacante. Y es que tras el fin del periodo de Patricia Muñoz, el Senado tardó todo ese tiempo en aprobar un nombre de consenso.

Eso hasta el 24 de octubre cuando el Senado visó el nombre del nuevo defensor de la Niñez: Anuar Quesille. El abogado y magíster en Derecho Internacional, asumió finalmente el cargo este lunes en medio de una crisis educacional en la Región de Atacama, la muerte de niños en un incendio en la Región del Biobío y a días de entregar la nueva propuesta constitucional. “Ha sido una llegada bien activa”, asegura.

¿Qué cree que generó que tuviera un apoyo transversal en el Senado?

Ese apoyo se produjo principalmente a propósito de mi perfil. Cuando la Comisión de Derechos Humanos del Senado define mi nombre, yo aduzco, que probablemente primó esta idea de que el perfil del defensor de la Niñez debería ser técnico e independiente. Y si fui nominado es porque seguramente dentro de la Comisión brindé la seguridad no solamente de contar con un perfil técnico adecuado, sino que también por esta idea de transversalidad y justamente ese es el sello que yo quiero instalar en mi gestión, tener la capacidad de conversar con todos los sectores de la política, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Tener una relación cordial, enojarnos cuando tengamos que enojarnos, manifestar cuando las cosas estén mal, pero junto con eso, ponerme a disposición como institución para poder abordar mecanismos de solución a dichos problemas.

¿Cree que la falta de filiación o cercanía política retrasó su nombramiento?

Cuando estuve durante el proceso y había una indefinición, yo llegué a pensar que probablemente era mejor haber sido cercano a algún sector político para poder tener algún tipo de respaldo más en bloque. Pero a medida que el proceso se fue desarrollando y mi nombre sale de manera consensual en la Comisión, creo que me convencí finalmente de mi postura inicial de que quien sea defensor debe ser independiente y tener una aceptación política de carácter transversal.

La anterior defensora de la Niñez tuvo un un perfil bastante mediático, incluso se solicitó su remoción a la Corte Suprema. ¿En qué se diferencia usted de ella?

Lo primero que hay que hacer es reconocer la labor de la exdefensora de la Niñez, porque tuvo un trabajo muy difícil que fue instalar una institución nueva, después vino el estallido y la pandemia. Eso evidentemente, es una cuestión que hay que valorar que pese a las dificultades, se logró instalar la institución. Lo otro tiene que ver con temas de estilo, yo me considero una persona que en esta idea de poder dirigir la Defensoría de la Niñez, quiero ser reconocido como una persona con la cual todo el mundo transversalmente pueda conversar, acercarme a todas las instancias para construir puentes, trabajar de manera colaborativa con todos los sectores y, por cierto, con los propios NNA. Y eso no quita ningún caso la posibilidad que tenga yo de manifestar cuando las cosas estén mal. Pero esa manifestación siempre irá acompañadas de una puesta a disposición y de una propuesta de acción para efectos de poder avanzar conjuntamente.

¿Pero cuál considera, entonces, que debe ser el rol de la institución?

La Defensoría no reemplaza la institucionalidad existente, todas las instituciones tienen su mandato y no es nuestra labor asumir, sino que la Defensoría vendría a ser el denominado test de blancura sobre cómo están funcionando las instituciones y es ahí donde me quiero centrar durante la gestión.

En ese sentido, ¿qué opinión tiene de las acciones del gobierno respecto a la situación educacional en Atacama?

Acá se produjo una situación donde el derecho a la educación de niños y adolescentes no se estuvo garantizando, no había acceso a la educación, niños y niñas y adolescentes estuvieron sin clases y a punto de perder el año escolar. Eso, evidentemente, es una situación muy preocupante porque el derecho a la educación está consagrado. Los niños, niñas y adolescentes deben ir ya al colegio, pero otra cosa, y es lo que nos va a comprometer como Defensoría, es poder monitorear que ese acuerdo se cumpla y en el menor tiempo posible. No solamente preocuparnos de aquellas medidas que se van a implementar a corto plazo, sino que también aquellas de más largo aliento que permitan prevenir que situaciones como esta se puedan repetir no solamente en la región de Atacama, sino también en otras.

El proceso de instalación de Mejor Niñez ha tenido algunos inconvenientes ¿Cómo han seguido esta situación?

Creo que frente a esto se han suscitado algunos problemas que requieren un abordaje urgente, porque no es posible que niños y niñas que deben estar siendo protegidos por el Estado puedan volver a sufrir nuevas vulneraciones. Ahí yo creo que hay un desafío importante y desde ya la Defensoría ha efectuado una serie de instancias de coordinación, sino que también cuando hemos visto que en casos se han producido vulneraciones que implican delitos, hemos tomado las acciones judiciales correspondientes, pero también poniéndonos a disposición de las autoridades para indicarles cuál es el estándar que se debe cumplir para poder instalar adecuadamente el servicio.

Hemos visto la participación de menores de edad en delitos. ¿Qué es lo que usted ha observado desde la Defensoría?

La estadística nos muestra que efectivamente en el último tiempo se ha producido un aumento de la participación de adolescentes en actos delictuales, lo que viene a romper una racha de casi 6 o 7 años de una baja. Cuando uno empieza a buscar las causas, no solamente lo debe atribuir a factores que tienen que ver con la migración o la participación de adolescentes en banda de adultos, sino que con razones de fondo, donde evidentemente la mayoría de estos adolescentes que terminan cometiendo delito, no han podido gozar durante su infancia de una protección social que permita conductas disuasivas.

¿Cómo se revierte eso?

Lo primero es fortaleciendo los mecanismos preventivos y comunitarios para que esos adolescentes desistan de cometer delitos. Y una vez que todos estos mecanismos fallan, es decir, cuando falla el Estado, las familias y los propios adolescentes, es ahí donde el Estado debe contar con mecanismos que, por una parte, permitan responsabilizar a esos adolescentes de las conductas que han cometido, y por otro lado el trabajo que debe realizar el Estado es un de reinserción.

Hace algunos días se entregó la propuesta constitucional. ¿Cómo evalúa el texto?

Creo que el texto constitucional, y particularmente la norma que se refiere a niños, niñas y adolescentes, contempla algunos vacíos. Hay problemas, en primer lugar, al reconocimiento expreso de NNA como sujetos de derecho. Y lo otro importante es que la propuesta establece una mención a la evaluación y determinación del interés superior del niño que mirado desde la lógica de la Convención sobre los Derechos del Niño, hay ciertas incompatibilidades o dificultades que se podrían plantear porque la evaluación el llamado a respetar, garantizar y considerar primordialmente el interés superior del niño no es solamente un deber que corresponde a la familia, las familias son lo más importante en la vida de los NNA, y ahí yo quiero ser enfático, pero también las instituciones del Estado, la sociedad civil, la comunidad educativa y las comunidades donde viven.

¿Ve problemas si se aprueba?

Absolutamente, aprobar la propuesta constitucional podría producir dificultades en materia de niñez. Y en caso de aprobarse este texto constitucional hay un desafío que va a estar vigente, que es buscar los quórum para trabajar esa norma, porque desde la mirada del estándar internacional requiere, en primer lugar contar con este reconocimiento expreso y mejorar las circunstancias para la determinación del interés superior del niño.

¿Cuáles son sus metas en la Defensoría?

En primer lugar, el principal desafío es la instalación y consolidación a nivel nacional en cada una de las regiones del país. En segundo lugar, cuando me vaya quisiera que la Defensoría de la Niñez sea reconocida como un organismo que está a disposición para todos los niños y niñas y adolescentes en Chile, del 100% de los niños, y finalmente que sea reconocida y validada con un organismo técnico frente a determinadas decisiones que tenga que tomar el Estado.