Aparece el delito de cohecho en convenios de Antofagasta: Fiscalía formalizará por cuarta vez al exseremi Carlos Contreras

El panorama para el exseremi de Vivienda Carlos Contreras se avizora complejo. Y es que a las dos imputaciones que ha hecho en su contra el fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, en el marco del denominado ‘caso líos de platas’ -donde se indagan convenios suscritos entre reparticiones públicas y fundaciones-, por tratos con Democracia Viva y TomArte, recientemente se solicitaron audiencias para encausarlo por otras dos aristas.

La semana pasada -como consignó La Tercera- el persecutor consiguió fecha para formalizarlo por tres delitos de fraude a Fisco a raíz de convenios con Movimiento Fibra, y ahora replicó la petición por presuntos ilícitos perpetrados en el marco de tratos con la Fundación para la Superación de la Pobreza (Fusupo).

En esta ocasión, como pudo conocer este medio, se le imputará por dos delitos de fraude al Fisco y, por primera vez, se le encausará por dos delitos de cohecho, o sea, por presuntamente haber recibido retribuciones no debidas en el ejercicio del cargo.

“Que vengo en solicitar se cite a audiencia a los intervinientes a fin de proceder a formalizar la presente investigación en contra del imputado Carlos Contreras Gutiérrez, domiciliado en el Centro Penitenciario CPP ubicado en sector nudo Uribe, Kilómetro N° 12, Antofagasta, por su participación como autor de dos delitos consumados de fraude al Fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 inciso 3 del Código Penal, perpetrado en esta ciudad el año 2022, y como autor de dos delitos consumados de cohecho, previsto y sancionado en el artículo 248 bis del Código Penal, perpetrado en esta ciudad el año 2022″, se lee en la solicitud ingresada por el fiscal Aguilar.

De acuerdo con fuentes que conocen del tenor de la diligencia, la imputación que hará el persecutor por cohecho se funda en que los antecedentes reunidos hasta ahora darían cuenta de que Contreras “impuso” a la mencionada ONG la contratación de determinados funcionarios para que se desempeñaran en la repartición que encabezó.

Ante ello, la jueza María José Saavedra resolvió citar a las partes a una audiencia que tendrá lugar el próximo lunes 9 de septiembre a las 10.00 horas.

“Como se pide, cítese a todos los intervinientes a audiencia para formalizar investigación respecto del imputado Carlos Andrés Contreras Gutiérrez, para el día 9 de septiembre de 2024, a las 10.00 horas, la que se desarrollará en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, ubicado en calle San Martín N° 2836 de esta ciudad”, informó la magistrada.

Como dejó al descubierto la auditoría realizada por Contraloría respecto a los tratos realizados por la Seremi de Vivienda de Antofagasta, Fusupo contrató a dos personas para que se desempeñaran en la repartición, a la concejala Paz Fuica y a Ignacia Yáñez.

“Conforme a lo informado por la Seremi de Vivienda de Antofagasta, a través del oficio Ord. N° 983, de 11 de agosto de 2023, la contratación de doña Paz Fuica Contreras se produjo en agosto de 2022 y fue decidida exclusivamente por el exseremi señor Carlos Contreras Gutiérrez, no teniendo injerencia alguna en dicha decisión las jefaturas de esa Seremi. Agregó que sus funciones le fueron asignadas por la citada exautoridad y correspondían a gestión y coordinación del Programa de Asentamientos Precarios en esa Secretaría Regional, no involucrándose en ninguna otra materia propia del funcionamiento de ese servicio, como tampoco tuvo a cargo funcionarios”, se lee en el informe emanado por Contraloría.

Respecto a la profesional Ignacia Yáñez, se hizo presente que mediante el mismo oficio se les comunicó “que dada la cantidad de convenios que se debían administrar en el año 2022 -63 nuevos convenios más los vigentes- se requirió su apoyo, cuya labor consistía en ordenar las rendiciones entregadas por las fundaciones, tanto física como digitalmente, entre otras actividades”.

La fórmula, en todo caso, no solo habría sido utilizada en los tratos con Fusupo, pues Contraloría también advirtió que ocurrió con Campamento de Ideas, ProCultura, Fibra.

Así, el ente contralor advirtió que la situación “no se ajusta a los principios de transparencia, responsabilidad, control, eficiencia y eficacia”. Y recordaron, en el mismo sentido, que “las autoridades, jefaturas o funcionarios(as) que, dentro de su ámbito de competencia hayan autorizado, aceptado, consentido o permitido de manera alguna, que terceros ajenos a la institución desempeñaran funciones propias de la Administración del Estado, utilizando dependencias, correos institucionales y equipamiento público, así como que las remuneraciones y honorarios de aquellos fueran pagados por una entidad privada con recursos públicos previamente transferidos con tal objeto, contravienen lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N° 18.575″.