Un grupo de ocho sostenedores de aulas hospitalarias presentó el martes de la semana pasada un recurso de protección en contra del Ministerio de Educación en la Corte de Apelaciones de Santiago, acusando una fuerte caída en las subvenciones recibidas durante la pandemia.

Las entidades que acudieron a tribunales son: Asociación de Ayuda al Niño Oncológico; Corporación Educacional y de Desarrollo Social Alianza; Fundación Educacional Francisco Fabián Espinoza; Fundación Educación Inclusiva; Fundación Educacional Carolina Labra Riquelme; Aulas Hospitalarias San Sebastián E.I.E; y Corporación Educacional Aulas Hospitalarias San Sebastián. A ellas se sumó el pasado viernes, la Corporación Educacional Sumano.

Se trata de corporaciones de derecho privado, todas sin fines de lucro, que se dedican a mantener y operar las Aulas Hospitalarias, permitiendo a miles de niños, niñas y adolescentes, hospitalizados, continuar con su proceso educativo mientras se recuperan.

Asimismo denunciaron que “nunca se les ha indicado en forma precisa cuáles son los factores conforme a los que se fija el monto mensual a pagar”. “Y, lo que es peor, no se ha cumplido con que las subvenciones del año 2021 correspondan a “prácticamente lo mismo que recibieron en 2020. Por el contrario, las subvenciones han sufrido mermas de entre un 20% y un 80%, por lo que la continuidad de las Aulas Hospitalarias está en duda”, advirtió la acción.

Por medio de una carta, el 28 de abril de 2021, Marianela Ferreira, Sylvia Riquelme y Camila Scarabello, en representación de las Aulas Hospitalarias, le explicaron al Coordinador Nacional de Subvenciones, Antonio Vicencio, que “al analizar las liquidaciones a nivel nacional, no hemos logrado entender la fórmula de cálculo por parte de la Unidad de nivel nacional, no hemos logrado entender la fórmula de cálculo realizada por parte de la Unidad de Subvenciones para el presente mes”.

En la misma misiva, indicaron que si la situación persistía no podrían “cumplir con los compromisos de pago a los profesionales que trabajan en las escuelas, arriesgando su estabilidad laboral, generando el riesgo inminente de despidos generalizados y que con este descenso tan significativo en el pago de subvenciones, se arriesga el cierre de algunas escuelas en lo inmediato y, de seguir esta situación, nos atreveríamos a decir que la totalidad de las Escuelas Hospitalarias se verían en la necesidad de cerrar las puertas”.

“Sabemos cuál fue el criterio o la fórmula que consideró el ministerio para determinar las subvenciones de marzo, abril y mayo de 2020; sabemos también que el mecanismo aplicado tiene consagración legal (art. 13 inciso 4°); y, lo más importarte, que los montos entregados se ajustan a los requerimientos reales de la operación de las aulas hospitalarias. Sin embargo, a partir de marzo de 2021 la situación es distinta: las aulas hospitalarias han recibido subsidios de hasta un 80% menos que los del año anterior y, peor y más grave, la fórmula de pago se mantiene en la más rotunda opacidad”, acusaron en su presentación.

“Desde abril del año en curso, y por criterios que, pese a los constantes requerimientos efectuados al Sr. ministro, son actualmente desconocidos para nuestras representadas, han recibido entre un 20% y un 70% menos de la subvención escolar; 27 de 57 Aulas Hospitalarias están sin presupuesto para pagar, siquiera, los sueldos de sus profesores”, acusaron los sostenedores representados por Paulo Román, socio de Fleischmann & León, Abogados.

En nuestro país, la primera escuela básica que funcionó en un recinto hospitalario fue creada en el año 1960. Sin embargo, recién en la década de los noventa varias escuelas de este tipo iniciaron sus actividades al interior de hospitales, con el objetivo de atender a niños y jóvenes que padecían enfermedades crónicas o de gravedad y que requerían su hospitalización por períodos importantes de tiempo. A partir de ese momento, la función que desarrollan las Aulas Hospitalarias creció exponencialmente en Chile

Actualmente, existen 56 escuelas y Aulas Hospitalarias que funcionan a lo largo del país. En la zona norte existen 8; en la Región Metropolitana, 21; en la Región de Valparaíso, 3; y en la zona Sur, 20. De éstas, un 85% tienen el carácter de escuelas particulares subvencionadas, por lo que son administradas por sostenedores que reciben subsidios estatales.

Las Aulas Hospitalarias atienden a aproximadamente a 20.000 alumnos cada año y se espera que la cobertura aumente: en los hospitales y centros de salud de Chañaral, Mejillones, San Felipe, Llay Llay, Quillota, San Antonio, Rengo, Santa Cruz, San Fernando, Curicó, Chillán, Concepción, Penco.

El pasado jueves, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible el requerimiento de los sostenedores de las aulas hospitalarias y otorgó un plazo de cinco días hábiles para contestar al recurso de protección.

Consultado por La Tercera PM, el subsecretario de Educación Jorge Poblete por el recurso de protección presentado explicó que “es un derecho que tienen los ciudadanos, sin embargo, en este caso el Ministerio de Educación entiende que el recurso de protección no es la vía idónea para ello, pues el actuar del Mineduc se ha ceñido estrictamente a las normas legales y presupuestarias que regulan el pago del subvención escolar para todo el sistema educativo, existiendo, además, vías administrativas de impugnación que no fueron activadas por los recurrentes”.

“Como se ha señalado en reiteradas oportunidades a las aulas hospitalarias, las formas de cálculo y pago de la subvención están regidas por ley, lo cual será informado a la Ilustrísima Corte de Apelaciones”, agregó.

¿Coincide con el análisis que realizan los sostenedores que dicen que con el cambio se pone en riesgo la educación de los niños y adolescentes que están hospitalizados?

No hay cambio en la forma de cálculo y pago de subvención entre los años 2020 y 2021 respecto de estos sostenedores en particular, por tanto, se ha pagado la respectiva subvención escolar por cada alumno que haya sido atendido durante esta anualidad en alguna aula hospitalaria reconocida oficialmente por el Ministerio de Educación. En el informe que el Ministerio debe presentar ante la respectiva Corte de Apelaciones, se indicará de manera precisa y concreta cuáles son las causas exógenas a la forma de cálculo y pago, en virtud de las cuales se produce el fenómeno señalado por los recurrentes.