Autoridades bajo amenaza: en un año y medio se registran 86 casos y gobierno ingresa proyecto que propone penas de hasta cinco años

“Hay parlamentarios que han cifrado amenazas en el contexto de la tramitación de proyectos de ley, como las amenazas de muerte realizadas contra los diputados señores Matías Walter y Jaime Mulet, el 15 de julio de 2020; las amenazas de muerte realizadas contra el senador señor Ricardo Lagos Weber, el 20 de julio de 2020; la amenaza de incendio realizada contra la senadora Carolina Goic, el 19 de noviembre, entre otras. Igualmente, tras la instalación de la Convención Constitucional, el pasado 4 de julio de 2021, varios convencionales se han visto afectados tanto en las afueras del ex Congreso nacional como en sus domicilios, por amenazas, hostigamiento y violencia”.

Basándose en estos ejemplos, el gobierno envió el proyecto de ley que sanciona de manera más severa el delito de amenazas a autoridades, coacción y que crea el ilícito de hostigamientos. La iniciativa -firmada por el Presidente Sebastián Piñera; el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren- ingresó anoche por la Cámara de Diputados.

Las amenazas a las autoridades es algo que preocupa tanto en el gobierno como en las policías. Esto, dado que durante los últimos tres años se ha experimentado una tendencia que hasta antes del boom de las redes sociales era casi inexistente. Sin ir más lejos, esta semana, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, comenzó a trasladarse escoltada con dos carabineras, tras recibir duras amenazas a través de estas plataformas.

Según datos de la PDI, durante el 2020 la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitano realizó 71 investigaciones en torno a amenazas a autoridades o figuras públicas; de éstas, un 75% obtuvo resultados positivos, logrando dar con el paradero de los autores de los hostigamientos. Durante lo que va del 2021, la unidad lleva 15 investigaciones de este tipo, con 13 de éstas con resultado positivo.

La tendencia al alza de este delito se explica con otro dato: en todo el 2019 se registraron solo seis amenazas a autoridades públicas, menos de la mitad de lo que se ha registrado en los primeros siete meses de este año.

El jefe Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana, subprefecto Luis Orellana, advirtió que “lo que ha cambiado es la forma de realizarla; si bien antes se hacía a través de cartas y llamadas telefónicas, hoy se ejecutan a través de las diferentes plataformas digitales que operan mediante internet. Por lo anterior, el desarrollo tecnológico ha contribuido a que más personas puedan utilizar medios digitales y, lamentablemente, cometer delitos como amenazas, valiéndose muchas veces del anonimato que entrega internet, sin tener presente que cuando los mensajes que envían contienen amenazas, amedrentamiento u ofensas contra personas, autoridades y/o propiedad, están cometiendo un delito”.

Sobre la complejidad para indagar este tipo de ilícitos, el subprefecto Orellana indicó que “las personas que realizan las amenazas a través de las distintas plataformas digitales (redes sociales) o aplicaciones de mensajería instantánea, se amparan en su mayoría en el anonimato, creando perfiles falsos, usurpando la identidad de otras personas y/o utilizando herramientas tecnológicas que les permitan ocultar su verdadera identidad, lo que efectivamente hace más difícil su persecución”.

En el proyecto de ley ingresado ayer por el Ejecutivo se explica que lo que “realmente deja en mayor situación de indefensión a la víctima no es el medio por el cual se emite la amenaza, sino el anonimato o identidad falsa en la que se puede esconder el verdadero autor del delito”. Por lo mismo, se pide sancionar con mayor rigurosidad a quienes amedrentan, a través de cuentas falsas o anónimas, a través de agravantes que serán discutidas en el Congreso.

En el caso de las amenazas, estas actualmente están tipificadas con hasta tres años y un día de presidio; sin embargo, la propuesta legislativa del gobierno pide una reclusión de hasta cinco años y un día, dependiendo de las agravantes y la manera de efectuar estos amedrentamientos.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, explicó a La Tercera PM que “este proyecto es muy importante para el gobierno. Nuestras leyes necesitan avanzar y estar en sintonía con los nuevos tiempos. Con este proyecto separamos el delito de amenazas del de coacción, para que así se puedan sancionar estos diferentes delitos con la proporcionalidad de sanciones que corresponde a cada uno, y también creamos el de hostigamiento”.

Delgado agregó que " algunos actualmente no están tipificados en la ley o no han sido modificados desde la creación del Código Penal desde el año 1874. Sin embargo, más allá de tipificar nuevos delitos y reformular otros, lo más importante de esta ley es entregar herramientas para resguardar la libertad, integridad y vida privada de las personas. Queremos que todo ciudadano que sienta que si alguien lo hostiga, lo acosa o derechamente lo amenazan pueda recurrir a esta ley”.