Bachelet critica condena de cárcel a Aung San Suu Kyi: “Fue un juicio amañado”

Crece el aislamiento internacional de la junta militar de Myanmar, luego de que se sentenciara a cuatro años de cárcel (condena que luego fue reducida a dos años, según la televisión estatal) a la líder de facto del gobierno depuesto por el Ejército el 1 de febrero pasado, Aung San Suu Kyi. La Premio Nobel de la Paz de 1991 y dirigenta de la Liga Nacional para la Democracia, enfrenta cargos por incitar a la disidencia contra los militares y romper las reglas sanitarias contra el coronavirus, en un juicio a puertas cerradas.

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, criticó la sentencia, alegando una instrumentalización política de la justicia. Representantes de la Unión Europea y Amnistía Internacional también se pronunciaron en contra de la medida.

Analistas y abogados por los derechos humanos afirman que la condena a Suu Kyi forma parte de la estrategia de la junta militar, liderada por Min Aung Hlaing, para mantener a la líder fuera de la política. Luego de casi un año en el poder, los uniformados no han dado signos de querer cederlo, a pesar de las dificultades que está pasando el país tanto económica como políticamente.

Esta mañana el tribunal Zabuthiri de la capital, Naipyidó, hizo públicos los dos cargos contra la exconsejera de Estado y depuesta líder de facto de Myanmar, de 76 años. El primero, por incitación a las protestas, a raíz de un comunicado publicado por su partido cuando ella ya había sido detenida, en el que se pedía la oposición pública al golpe de Estado. El segundo, por violar la sección 25 de la Ley de Gestión de Catástrofes e infringir los protocolos activados para frenar la pandemia durante la campaña electoral de las elecciones de 2020, a pesar de que llevaba mascarilla y protección facial.

Los juicios se hicieron en condiciones poco transparentes, tratándose de un procedimiento a puertas cerradas: no hubo acceso a observadores externos, y se le había prevenido al abogado de Suu Kyi para que no hablara con los periodistas.

El tribunal de Naipyidó había decidido posponer el fallo la semana pasada, dejándolo para este lunes. Desde febrero, la premio Nobel de la Paz ha estado recluida en una locación desconocida, y aún no se sabe si cumpliría su sentencia en prisión o bajo arresto domiciliario.

El ayudante de Suu Kyi, Win Htein, ya había sido sentenciado a 20 años de prisión por sedición en octubre, mientras que otros miembros de la Liga Nacional para la Democracia cumplen penas de 92 y 77 años.

Casi al unísono, las autoridades internacionales rechazaron la condena contra la dirigenta birmana. Una de las primeras fue Michelle Bachelet, que en su calidad de alta comisionada de la ONU para los DD.HH. exigió la liberación inmediata de Suu Kyi. En un comunicado, Bachelet señaló que se trató de “un juicio amañado con un procedimiento secreto ante un tribunal controlado por militares, lo que hace obvia su motivación política”.

En el mismo documento, Bachelet aseguró que desde la junta “intentan instrumentalizar las cortes para remover toda la oposición política”, y que actos como este cierran una puerta al diálogo político. Contra Suu Kyi, señaló, aún pesan cargos por corrupción y fraude electoral, y recordó que desde el golpe más de 10.000 opositores han sido detenidos, y al menos 175 han muerto en custodia, “la mayoría debido a falta de atención médica o tortura”. Según la expresidenta chilena, la sentencia “solo profundizará el rechazo al golpe”, que tuvo lugar el 1 de febrero bajo el argumento de un supuesto fraude electoral.

Desde Amnistía Internacional también emitieron un comunicado condenando el veredicto. “Las severas sentencias infligidas a Aung San Suu Kyi por estas falsas acusaciones son el último ejemplo hasta ahora de la determinación del Ejército para eliminar y asfixiar las libertades en Myanmar”, indicó la ONG.

En tanto, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, señaló que estas sentencias “representan otro paso hacia el desmantelamiento del Estado de derecho y una violación flagrante de los derechos humanos en Myanmar”.

Por su parte, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, exigió a través de un comunicado a la junta militar de Myanmar, liberar a Suu Kyi, y a devolver al país surasiático a “la senda democrática”. “El desprecio continuado del régimen por el imperio de la ley y su uso generalizado de la violencia contra el pueblo subrayan la urgencia de restaurar la senda democrática en Birmania”, apuntó el jefe de la diplomacia estadounidense.

La junta militar ya ha sufrido el aislamiento internacional, siendo excluida de las últimas cumbres y reuniones organizadas por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), además de haber recibido sanciones por parte de Washington y la Unión Europea.

La rivalidad entre Suu Kyi y los militares lleva décadas. Siendo la hija de un héroe de la independencia birmana, la líder se volvió el rostro del movimiento democrático luego de una insurrección popular en 1988. Al año siguiente, fue sentenciada a la primera de muchas condenas a arresto domiciliario que viviría.

Luego de recibir el Premio Nobel de la Paz en 1991, Suu Kyi pasaría gran parte de las siguientes dos décadas detenida por los militares. Liberada en 2010, su partido obtuvo una arrasadora victoria en las elecciones de 2015, donde fue nombrada ministra de Relaciones Exteriores y de la Oficina de Presidencia.

Durante sus cinco años en el poder, la transición democrática del país se tambaleó, según The Wall Street Journal. Suu Kyi fue aclamada durante mucho tiempo a nivel internacional como defensora de los derechos humanos, pero su reputación se vio gravemente dañada porque no protegió a los musulmanes rohingya, una minoría apátrida que fue blanco de una ofensiva militar de 2017 que, según los investigadores de las Naciones Unidas, se llevó a cabo con intenciones genocidas.

Aún sin poder ser presidenta del país, debido a disposiciones de una Constitución escrita por los militares, Suu Kyi era la líder de facto del gobierno hasta el golpe de febrero, que impidió su segundo periodo. El Ejército justifica la toma violenta del poder, alegando un presunto fraude masivo en las elecciones del año pasado. Esas elecciones, que dieron otra victoria para la Liga Nacional Democrática, se realizó con el aval de observadores internacionales, pero sus resultados fueron anulados por la junta.

Analistas políticos citados por The Wall Street Journal esperan más incertidumbre y violencia tras la condena a Suu Kyi, ya que tanto los militares como sus oponentes parecen no estar dispuestos a comprometerse. “Esto solo aumentará la determinación de la gente de mantener la resistencia, y eso significará mucha más violencia en todo el país”, dijo David Mathieson, un experto independiente sobre Myanmar con sede en Tailandia. “Es un juicio espectáculo ridículo que utiliza la ejecución de un proceso legal cuando está claro que se trata de un espectáculo político y solo está echando leña al fuego”.