Baltasar Garzón: “No podemos suspender indefinidamente la democracia, no soy partidario de la suspensión de elecciones por la pandemia”

Hace un año, el exjuez español Baltasar Garzón pasó a engrosar la lista de contagiados por Covid-19 en su país, debiendo ser hospitalizado en Madrid por la enfermedad. Ya recuperado, pero aún con “secuelas graves, aunque soportables” está a la espera de su turno en la campaña de vacunación en España, mientras actúa de forma preventiva para evitar un “recontagio”.

Con un examen PCR, de antígenos y anticuerpos negativos y en el marco de la segunda vuelta electoral de las presidenciales este domingo en Ecuador -que enfrentará en un balotaje al correísta Andrés Arauz y al empresario Guillermo Lasso-, Garzón viajó a Quito liderando la misión de observación electoral del Grupo de Puebla.

El jurista es una figura polarizadora en Chile. En 1998 presentó la primera orden de detención contra Augusto Pinochet en Londres y en 2019 visitó Santiago en el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, que lo llevó a visitar las cercanías de Plaza Italia durante el estallido social y enviar una carta al Presidente Sebastián Piñera.

Es un férreo opositor de suspender o aplazar elecciones por la pandemia. “Se puede compatibilizar con las medidas sanitarias, pero no se puede utilizar como excusa la pandemia para que no haya una consulta electoral, limitando derechos que a veces pueden levantar la sospecha de que van más dirigidos a dificultar esa participación que a favorecerla”, señala Garzón en conversación con La Tercera.

¿Cuáles han sido las tareas que han desarrollado en la víspera del balotaje en Ecuador?

Como del Comité Latinoamericano de Justicia y Democracia (Clajud) somos parte de la observación internacional del proceso electoral de Ecuador en la segunda vuelta de las presidenciales entre los dos candidatos, Andrés Arauz y Guillermo Lasso. He tenido contacto con el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), la Defensoría del Pueblo y con algunas autoridades, observando también los talleres de formación y compartiendo con medios de comunicación. La participación en la observación internacional está muy regulado en el código de la democracia. Es un mecanismo muy adecuado precisamente para garantizar la transparencia y que la ciudadanía que va a participar en esta votación confíe en esos resultados y evitar la alarma que a veces estamos viendo, que se produce con denuncias de fraude electoral, que se está convirtiendo en casi frecuente ante la escasez de diferencia entre un resultado y otro.

¿Cómo ha visto el ambiente preelectoral en el país y en medio de una pandemia?

Es la labor de todas las instituciones de invitar y de propiciar la participación ciudadana. Es fundamental esa concienciación, esa responsabilidad en la participación y hacerlo con todas las medidas de precaución necesarias. En este momento, en Ecuador hay un toque de queda desde las 20 horas hasta las 5 de la mañana que se cumple estrictamente, pero también el estado de excepción proclamado afectaba fundamentalmente a ocho provincias y fue revocado por la Corte Constitucional, que lo limitó hasta hoy a la medianoche, lo cual va a favorecer la participación. Esto es conciliable, lo que no es permisible es que no se adopten las medidas de seguridad. Se puede compatibilizar, lo que no se puede es emplear o utilizar como excusa la pandemia para que no haya una consulta electoral, limitando derechos que a veces pueden levantar la sospecha de que van más dirigidos a dificultar esa participación que a favorecer.

Hay varios países, entre ellos Chile, que han decidido aplazar las elecciones por la pandemia...

Yo no estoy de acuerdo, pero carezco de los elementos necesarios para que mi opinión pudiera tener un peso más consistente. Lo que sí estoy viendo es que en todos los países ha habido procesos electorales y la pandemia nos afecta casi a todos por igual o en gran medida de forma similar. Es verdad que en la primera oleada, hace un año o un poco más, sí se tuvieron que suspender porque el confinamiento fue absoluto. En algunos países estamos viendo que se vuelve otra vez a una situación con la tercera o incluso algunos ya hablan de la cuarta oleada, y dependiendo de la cepa correspondiente, algunas están incontroladas y, por tanto, hay que tener el máximo de precaución. Pero no podemos suspender indefinidamente la democracia, porque eso conlleva a una situación muy peligrosa que puede convertirse en inestabilidad. No soy partidario de la suspensión, creo que es una medida desacertada. Afortunadamente, en el caso de Chile ha sido aplazada por apenas un mes, pero yo creo que el mismo problema que iba a haber el 11 de abril es probable que exista a mediados de mayo, por tanto, queda bajo sospecha cuál es la intencionalidad última de esa suspensión. Espero equivocarme y que las medidas adoptadas hayan sido con base a la objetividad más absoluta, pero tienen que ser muy explicadas, porque si no, la sospecha toma carta de naturaleza y es peligroso para esa estabilidad democrática que busca la consulta electoral y la elección que en Chile en particular es de mucha trascendencia, porque están en juego la constituyente y la nueva Constitución.

Estamos ante una segunda vuelta muy reñida en Ecuador. Independiente de cuál sea el resultado, ¿cuál cree usted que va a ser el impacto de estos comicios en la región?

Importante resaltar que tal como establece el Código de la democracia en Ecuador no podría hacer unas valoraciones sobre la incidencia interna, pero sí la valoración de que en unas elecciones libres como estas lo que está en juego es incluso la supervivencia del propio modelo de Estado, de un futuro progresista y de cambio que necesita la región. La pandemia nos debería de hacer replantearnos muchas situaciones y, sobre todo, lo que se refiere a la participación política, al desarrollo político del servicio público y la clase política. Lo hemos visto en consultas electorales previas en diferentes países y cómo en Bolivia se ha revertido en una situación que se había tornado ilegal. Ecuador creo que debe ser también ejemplo y avanzar y apostar en este momento por la participación masiva, que es el mejor juez en la democracia y que es el depositar el voto para consolidar lo que el país necesita, un desarrollo fuerte de sus instituciones que protejan a la ciudadanía de una forma que a mí se me antoja necesaria desde el punto de vista como no conservador, sino progresista.

La encuesta de intención de voto apunta a un posible empate técnico entre Arauz y Lasso. ¿Cuál es el protocolo que manejan como los veedores en este caso?

Nosotros por el estatuto que tenemos y según nos están dando también unos talleres muy interesantes es que tenemos que estar no solo visitando los distintos centros de votación, sino hay una labor fundamental a partir del cierre de los colegios electorales y de cuando empiece el conteo de lo votos para que, sin perjuicio de que los interventores hagan su papel de observar sin intervenir, lógicamente, pero que se cumpla con las normas de forma estricta para que no pueda haber duda que ajustado o no el resultado, lo que puede ser importante para evitar que después haya ningún tipo de conflicto. Si se consigue transmitir que el proceso ha sido limpio al eliminar cualquier sospecha de fraude o que aquellos mensajes de los propios líderes que puedan significar de alguna manera plantearlo. Eso es lo fundamental y estoy seguro de que así lo van a hacer. Y si no lo hicieran, habría que poner en observación a quien acuda a ese mecanismo para distorsionar el resultado.

Alguno de los candidatos de la primera vuelta que no alcanzaron a llegar al balotaje han revivido el temor a un fraude electoral, acusaciones que han comenzado a ser habituales en algunos de los comicios de la región...

Ahí los mecanismos internos de control tienen que funcionar y tienen que funcionar de manera independiente, con transparencia. La pedagogía es fundamental. Hay una obligación institucional de convencer mediante esa transparencia a la ciudadanía para que genere esa confianza y que cualquier afirmación de un fraude electoral, lo mismo que ocurre en democracias consolidadas, pues no cuaje. Pero fíjese el ejemplo tan nefasto que hemos tenido en las últimas presidenciales en Estados Unidos, donde al día de hoy el expresidente (Donald) Trump todavía sigue cuestionando el resultado y se ha pronunciado en todas las instancias. Afortunadamente, la justicia determinó y de forma contundente, y también los medios de comunicación tuvieron un rol fundamental ante acusaciones infundadas. A las personas que ponen en cuestión gratuitamente una situación de resultado electoral de forma pícara hay que descubrirlas y denunciarlas. No podemos inflacionar la democracia y, por tanto, no podemos someter a una crítica inocua e inicua a los mecanismos democráticos.

Usted mantiene un vínculo con el expresidente ecuatoriano Rafael Correa. El mismo que acusa ser víctima de una guerra judicial en su contra. Usted escribió un artículo que llama “Julian Assange y Rafael Correa. Dos casos de Lawfare”. En este momento, ¿hay independencia jurídica y democrática en Ecuador?

En los dos casos, sobre todo en el de Rafael Correa y algunos de sus colaboradores, yo tengo un juicio muy crítico de cómo ha sido la actuación del Poder Judicial. Más bien se parece a un Lawfare, una especie de guerra jurídica de utilización del derecho en forma instrumental para perseguir a opositores políticos o a personas con las cuales no se ha sido capaz simplemente de confrontar la crítica política y la confrontación política, que es lo que yo creo que que sucede. En más de una ocasión he dicho que el Lawfare es el ejemplo más evidente del miedo que determinados líderes políticos tienen al no saber imponer con argumentos sus criterios políticos frente a quienes les discute. En el caso de Julian (Assange) la actitud del Presidente actual, Lenín Moreno, sin entrar en otros aspectos de política interna, me parece que ha sido deplorable y contraria al derecho internacional, donde la libertad de prensa, la libertad de información, el derecho a la información han quedado menoscabados e históricamente será un baldón que caerá sobre este hombre. Rafael Correa tuvo el valor de darle un asilo político (a Assange), que creo que a día de hoy es más que evidente que estaba justificado. Lo importante que tiene que hacerse es que el Poder Judicial asuma el rol de democrático que le corresponde y no favorecer ni a unos ni a otros. Ese es el gran reto que en Ecuador y en otros países tienen ahora quienes ostenten de nuevo la representación de la más alta magistratura del Estado en una República y es garantizar esa independencia responsable. El concepto de responsabilidad y la justicia es fundamental y se olvida muchas veces, incluso desde la propia justicia. Es el momento en que los ciudadanos sepan que las instituciones no están en frente de ellos, sino para protegerlos.

Usted es una figura polarizadora en Chile y ha sido crítico con el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Le gustaría venir a observar las elecciones de proceso constituyente a Chile?

Sí, me gustaría, pero desgraciadamente también tengo que trabajar. Es evidente que me he manifestado públicamente en una carta abierta a Sebastián Piñera, porque creo que la situación en ese momento lo ameritaba y porque creo que la actitud de la Presidencia de la República y de otros responsables en todo lo que fue el desarrollo del estallido social casi traspasa lo no correcto e inunda directamente ámbitos de responsabilidad más graves. Pero lo diría igual si se llamara Pérez o López, no es cuestión de que su apellido sea Piñera, sino es la acción que ha desarrollado que creo que invade el respeto a los derechos humanos y que hay muchas víctimas que así lo acreditan. Y desde luego, la acción institucional policial de Carabineros y la justicia también está en tela de juicio, esa es una responsabilidad que tiene que determinarse.

Entonces, ¿podríamos descartar verlo en Santiago en mayo?

A mí estar en Santiago realmente me encanta siempre. No sé si será así, pero en todo caso va a ser más temprano que tarde, ya que en cuanto que pueda volver a Santiago lo haré.

Usted fue uno de los representante jurídicos del expresidente Evo Morales tras su renuncia por acusaciones de fraude electoral en 2019 con un pronunciamiento clave de la OEA y masivas movilizaciones. Ahora, con la exmandataria Jeanine Áñez en prisión preventiva y con el regreso del MAS al poder. ¿Cuál es su visión sobre lo que ocurrió en Bolivia?

Usted me acaba de mencionar a la Organización de Estados Americanos y tengo que decir, con todo el dolor de mi corazón, que la actitud de esa organización, y principalmente del secretario general (Luis) Almagro no fue precisamente ejemplificadora. De alguna manera, y como lo han acreditado varios informes independientes que analizaron ese resultado, cuestionan muy claramente cuál fue esa actitud. Y, vuelvo a decir, el secretario general podría haber hecho algo diferente y evitar lo que aconteció después, que fue un auténtico golpe de Estado. Lo que sucedió es que cuando esas elecciones se celebraron nuevamente y recuérdese que las dificultades fueron muy grandes también, porque hubo más que intención de que no se produjera y prolongar la situación de facto, el pueblo habló de forma muy clara y contundente. Ahora no se puede cuestionar y mucho menos volver otra vez a permitir la injerencia externa y sobre todo de algunos países que tuvieron bastante que ver en la situación de ese golpe de Estado. Dejemos que la justicia actúe, exijamos garantías a esa justicia, exijamos transparencia, exijamos una investigación ecuánime, ágil y eficaz. Y a partir de ahí, si vemos que esto no es así, hay mecanismos en el sistema interamericano que permiten establecer los requerimientos oportunos para conseguir que se pueda garantizar la justicia.

¿Por qué cree que la OEA tomó esta postura?

(Ríe). La verdad es que mi opinión particular es que la secretaría general está actualmente representada por una persona que no representa los intereses de la OEA y quizás esté más apegado a intereses de determinados países que a la necesidad de una organización multilateral en la que nunca podemos mirar o seguir mirando de norte a sur, sino de desde el sur arriba. Las políticas de la OEA es seguir fabricando desde Washington y hay que bajar más a terreno.

La crisis venezolana se ha visto eclipsada por la pandemia, pero que sigue siendo una de las preocupaciones centrales en la región.

Sin lugar a dudas es preocupante la situación humanitaria en Venezuela, tanto dentro como fuera del país, y me preocupa sobremanera. Hemos visto en algunos de los informes de la propia alta comisionada de derechos humanos, su compatriota Michelle Bachelet. Las medidas económicas que se están aplicando de coacción y de inclusión en listas y sanciones exteriores dificultan gravemente cualquier tipo de evolución y salida de crisis. La necesidad del diálogo y del consenso interno es más que evidente. Por tanto, yo creo que en la línea de lo que estamos viendo en estos procesos electorales va la posibilidad de un avance y no en la de establecer unos diques que impiden cualquier evolución. Esa política de acoso económico que trasciende en otros ámbitos y afecta a todas las esferas, creo que es una medida nefasta y lo vengo manteniendo desde hace tiempo.