Bancos arremeten contra casas de criptomonedas: Advierten riesgo de financiamiento del terrorismo

Con todo fue la respuesta en la Corte de Apelaciones de Santiago que lanzaron BancoEstado, Itaú Corpbanca y Scotiabank a los recursos de protección que presentaran tres casas de criptomonedas (también denominadas exchanges de monedas), que acudieron a la justicia por el cierre unilateral de sus cuentas corrientes.

Las tres instituciones bancarias cuestionaron duramente los niveles de exigencias de seguridad y trazabilidad de los fondos que administran Orionx SpA, Surbtc SpA (comercialmente conocida como Buda.com) y CryptoMkT SpA. Cada una de ellas advirtió en tribunales que la medida tomada por los bancos era ilegal, arbitraria y contraria al derecho de propiedad que establece la Constitución.

BancoEstado, Itaú Corpbanca y Scotiabank no sólo coincidieron en sus críticas al sistema que establece el mercado de criptomonedas, sino que también aseguraron que incluso puede financiar una serie de delitos financieros, tributarios e incluso al terrorismo.

"Los beneficios de las criptomonedas en materia de rapidez y eficiencia también pueden ser herramientas útiles para fines ilícitos, como el lavado de dinero, el narcotráfico, la evasión de impuestos y el financiamiento al terrorismo", sostuvo en su respuesta BancoEstado.

"El mercado de las criptomonedas no puede sino caracterizarse como una actividad altamente riesgosa atendida su potencial vinculación con el comercio ilegal, el financiamiento del terrorismo, el lavado de activos y la elusión de control por parte de las autoridades y entidades fiscalizadoras", agregó Scotiabank Chile

De igual manera, Itaú Corpbanca aseguró su conducta "no es ilegal ni arbitraria, toda vez que, esta parte se limitó a dar cumplimiento a lo dispuesto en las leyes 19.913 y 20.383". "Dentro delos delitos base de lavado de activos se encuentra el cohecho, fraude al Fisco, estafa, terrorismo, entre otros", complementó.

Por otra parte, Scotiabank apuntó también al rol que le compete a la Unidad de Análisis Financiero, ejemplificando el caso de CryptoMkT, que –a su juicio- no proporcionó la información suficiente para una debida fiscalización.

"La documentación proporcionada por los representantes de la recurrente, pretendiendo presentarla como una entidad debidamente fiscalizada por la UAF es, por decir lo menos, inexacta. No hay fiscalización por parte de la UAF del verdadero negocio de CryptoMkT. Esa es la verdad. Nos encontramos, entonces, con un cliente que no sólo otorgó información muy limitada respecto de sus actividades, sino que además derechamente tergiversada respecto de su régimen de fiscalización", sostuvo en su escrito

Sin embargo, BancoEstado agregó que no todas las criptomonedas ofrecen las mismas características de seguridad y anonimato. "Algunas criptomonedas presentan características que hacen imposible para las autoridades poder controlar su uso o determinar a quienes participan de una transacción. En ese contexto destacan casos como Silk Road, un sitio web creado por Ross Ulrich en 2012 para la compra y venta de droga a cambio de Bitcoins", sostuvo el banco presidido por Arturo Tagle.

Defensa

El abogado Cristián Reyes, ex Jefe de la División Litigios de la Fiscalía Nacional Económica, hoy a cargo de la defensa de Buda y CryptoMkT, desestimó la arremetida de los bancos.

"Los bancos intentan hacer creer que las criptomonedas no son seguras, tanto en su tecnología como en su operación, pese a que en Chile no ha existido caso alguno en tal sentido y que empresas como Buda y CryptoMKT están sujetas a los más altos estándares de seguridad y transparencia, incluso sometiéndose voluntariamente a la fiscalización de la Unidad de Análisis Financiero", sostuvo el abogado.

Y añadió: "También intentan hacer creer que el cierre de cuentas por parte de un determinado banco no afecta a dichas empresas, lo que no es cierto, cuando los demás bancos también hacen lo mismo y en otros casos se niegan a abrir cuentas, como es de público conocimiento".

"En este caso, se está vulnerando el derecho a desarrollar cualquier actividad económica no prohibida por la ley, garantizado por la Constitución Política a todas las personas", insistió Reyes.