La Moneda desactiva ofensiva contra Vivanco luego de que Corte Suprema iniciara cuaderno de remoción
A primera hora el Presidente de la República abordó con los ministros del comité político las alternativas luego de que se filtraran los chats entre la ministra de la Corte Suprema Angela Vivanco y el abogado Luis Hermosilla. La determinación era solicitar a la Corte que iniciara un proceso de investigación contra la ministra, apelando a las atribuciones que le da la Constitución. Esto fue estudiado por el Ejecutivo, que finalmente se plegó a la sanción determinada por la propia Corte Suprema. Una posible acusación constitucional contra Vivanco también es parte de las conversaciones que hoy tienen en Palacio.
Una vez más, la habitual reunión del comité político que encabeza el Presidente Gabriel Boric los días lunes contó con la participación especial del ministro de Justicia, Luis Cordero. ¿La razón? En La Moneda el Mandatario y sus principales secretarios de Estado debían definir cómo reaccionar ante los nuevos antecedentes del caso Audio, que dan cuenta de los favores mutuos que se pedían la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y el penalista Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva por delitos tributarios, soborno y lavado de activos.
En paralelo, los ojos de Palacio también estaban puestos en el pleno extraordinario de ministros de la Suprema, que a esa hora estaba analizando qué hacer con Vivanco, a quien finalmente le abrieron un cuaderno de remoción tras los antecedentes publicados en Ciper.
En La Moneda, el Presidente y sus ministros determinaron no tomar palco frente al caso y, por el contrario, ser parte activa de él. El asunto es que hasta esta mañana se evaluaba la fórmula de hacerlo.
En ese marco, en Palacio se analizó la opción de hacer uso de las atribuciones constitucionales que tiene el Presidente Boric, que figuran en el numeral 13 del artículo 32 de la Carta Magna. Allí se indica que el Jefe de Estado puede “velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial y requerir, con tal objeto, a la Corte Suprema para que, si procede, declare su mal comportamiento, o al Ministerio Público, para que reclame medidas disciplinarias del tribunal competente, o para que, si hubiere mérito bastante, entable la correspondiente acusación”.
En el Ejecutivo también analizaron el artículo 80 de la Constitución, que dice que “la Corte Suprema por requerimiento del Presidente de la República, a solicitud de parte interesada, o de oficio, podrá declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento y, previo informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva, en su caso, acordar su remoción por la mayoría del total de sus componentes. Estos acuerdos se comunicarán al Presidente de la República para su cumplimiento”.
El comité político que lidera Boric, además de la presencia frecuente de Cordero, también es integrado por Carolina Tohá (Interior), Camila Vallejo (Segegob), Álvaro Elizalde (Segpres), Jeannette Jara (Trabajo), Mario Marcel (Hacienda) y Antonia Orellana (Mujer).
La decisión que adoptaría el gobierno, sin embargo, estaba supeditada a las acciones de la Corte Suprema. De hecho, la arremetida pensada no vio la luz y fue desactivada, ya que fue el propio ente judicial el que suspendió a Vivanco de sus funciones. En segundo término, La Moneda también espera expectante lo que hará el fiscal nacional, Ángel Valencia, frente al caso.
De hecho, desde el gobierno se transmitió a los partidos políticos del oficialismo que el Ejecutivo respetará la decisión de la Corte Suprema. Esto se hizo en el marco del comité político ampliado que se realiza habitualmente en La Moneda los días lunes, en el que participan los presidentes de las colectividades. Dicha cita también contó con la presencia de Cordero.
Allí, La Moneda también consultó por la postura de cada partido ante la inminente acusación constitucional que presentarán en el Congreso contra la ministra Vivanco. En ese sentido, se solicitó que, en caso de plegarse a la jugada, se aseguren de tener los elementos jurídicos necesarios.
De haber concretado su arremetida contra Vivanco, no habría sido la primera vez que el gobierno de Boric toma un rol activo en el marco del caso Audio, ya que el propio Mandatario salió en dos ocasiones a celebrar la prisión preventiva en contra del penalista Luis Hermosilla, lo que abrió un round con su defensa, su hermano Juan Pablo Hermosilla.
Además, el pasado miércoles el Ministerio de Vivienda, que lidera el ministro Carlos Montes, abrió un sumario para indagar en el caso de eventuales presiones que habría ejercido el exsecretario de Estado Felipe Ward durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Dichos antecedentes también fueron descubiertos gracias a los chats de Hermosilla.
En esta línea, otra de las maniobras que prepara el gobierno en este caso es la presentación, antes de la quincena de octubre, del proyecto que modifica el sistema de nombramientos de autoridades de la Corte Suprema. Este tema, tal como lo informó el ministro Cordero, también fue parte de la conversación que sostuvo durante la mañana el comité político que encabeza el Presidente Boric.
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