Caso bombas: Gendarmería autoriza uso “ilimitado” de computador e Internet para que Mónica Caballero estudie derecho

“Me dirijo a usted para poner en conocimiento que me encuentro matriculada en la Universidad Academia de Humanismo Cristiana y que la modalidad de mis estudios será totalmente on line”.

De esta manera, el 3 de febrero, la imputada por la colocación de un artefacto incendiario en el edificio Tánica de Vitacura, en 2020, Mónica Caballero, se dirigió a las autoridades de la cárcel de mujeres de San Miguel, a través de una carta escrita con su puño y letra, para ponerlos en conocimiento de una importante decisión: estudiaría la carrera de derecho de manera virtual y adjuntaría un certificado con su matrícula.

Pasó más de un mes para que Gendarmería activara las gestiones para concretar las pretensiones de Caballero, quien certificó su matrícula y además solicitó un computador para poder estudiar. El 10 de marzo, la teniente coronel Denisse Megarejo informó de la situación al 11º Juzgado de Garantía de Santiago, aunque dejando por escrito sus aprehensiones, pues “siendo un caso de connotación pública que aún se encuentra en proceso de investigación y tener acceso a Internet puede vulnerar la seguridad de la unidad penal, como también puede activar redes que tengan impacto en el proceso judicial de la interna”.

Fuentes policiales advierten que el punto que hace la jefa de la cárcel de mujeres San Miguel es clave y determinante: “Las personas vinculadas a las redes anarquistas se organizan, principalmente, por Internet”.

Caballero no es una desconocida en ese espectro, pues además de ser formalizada por la Fiscalía Sur por la colocación de la bomba en Vitacura, fue una de las absueltas -junto a su expareja Francisco Solar- en el denominado “caso Bombas I”, en 2011.

Dos años después, en 2013, Caballero fue condenada junto con Solar por detonar un artefacto explosivo en la Basílica Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza (España). El 7 de marzo del 2017 la pareja llegó a Chile y en 2020 fueron detenidos por el OS-9 de Carabineros por su supuesta participación en la detonación de una bomba en la 54º comisaría de Huechuraba y el frustrado atentado al exministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en su oficina en Quiñenco, en Las Condes, en 2019.

Si bien las gestiones de Caballero para estudiar desde la cárcel comenzaron en febrero, recién en abril aparecieron las primeras señales de que la respuesta que obtendría sería favorable.

El juzgado pidió a la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería que analizara la solicitud de Caballero. De esta manera, el 5 de abril, el coronel Álvaro Rivera informó al Poder Judicial que dentro del penal de la cárcel de mujeres de San Miguel había un espacio que podía ser habilitado para estudiar. Este, sin embargo, dependía de la Corporación Municipal de San Miguel, situación que no representaría un inconveniente.

“Su subdirector hace referencia que no habría inconvenientes en que la interna Caballero Sepúlveda ocupe un espacio adecuado y sin límite de tiempo durante el día para la realización de las actividades educativas que requiere para el buen desarrollo de sus estudios superiores. Hago saber a SS., que esta misma unidad educativa de la Ilustre Municipalidad de San Miguel, gestionará un computador para el buen desempeño educativo de la interna”, informó la Dirección Regional de Gendarmería al tribunal.

Junto con eso, finalmente, se le dio luz verde. El coronel Rivera informó: “Estamos en condiciones de señalar a SS., que doña Mónica Caballero Sepúlveda puede contar con el espacio físico necesario y los elementos técnicos de computación serán proporcionados por la ya mencionada corporación de educación de San Miguel”.

A pesar de lo encaminada de las gestiones, la resolución final no salía. Era el 6 de abril y la defensa de la imputada pedía “urgencia”, pues el año académico ya había comenzado y su representada quería empezar lo antes posible. Pero, no hubo que esperar mucho más: al día siguiente el tribunal acogió los informes de Gendarmería y accedió a la solicitud, pero siempre resguardándose que actuaba tras las recomendaciones de la entidad penitenciaria.

“A sus antecedentes, informe de la Dirección Regional Metropolitana Gendarmería de Chile, téngase presente lo informado, esto es, que cuenta con un espacio físico y elementos técnicos de computación, para realizar actividades educativas la condenada Mónica Caballero Sepúlveda, póngase en conocimiento de la defensa y del C.P. San Miguel”, dictó la jueza Gricel Muñoz.