Caso Democracia Viva: diputada Catalina Pérez ficha a dos abogados para asesoría legal

Alejada de la primera línea política hace ya varias semanas, la diputada por Antofagasta de Revolución Democrática (RD) y exvicepresidenta de la Cámara de Diputados, Catalina Pérez, ha estado en el ojo del huracán tras conocerse las transferencias del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) -a través de la Seremi de Vivienda de Antofagasta- por $ 426 millones a la fundación Democracia Viva mientras era presidida por su expareja, Daniel Andrade, otrora militante de RD.

Además del nexo evidente, la exautoridad regional de Vivienda -que visó dichos convenios- era Carlos Contreras. Hasta ese entonces, también de RD y exjefe de gabinete de la parlamentaria durante su primer período legislativo.

El caso, circunscrito inicialmente solo a dicha fundación, abrió una caja de Pandora que hoy tiene a Fiscalía indagando traspasos a otras fundaciones, y por una suma que ya se eleva a $ 14 mil millones en ocho regiones del país.

Con primeras diligencias que han incluido allanamientos a la vivienda que compartía Pérez junto a Andrade, y a las dependencias de Democracia Viva en la comuna de Ñuñoa, la diputada Pérez definió tomar asesoría legal. Según conoció La Tercera PM, la legisladora fichó a los abogados Gonzalo Medina y Sebastián Dal Pozzo (del estudio homónimo, Dal Pozzo y Medina), quienes serán su representación en todos los aspectos legales vinculados al escándalo que hoy remece al oficialismo.

Gonzalo Medina es abogado de la Universidad de Chile, profesor de derecho penal en dicha casa de estudios y profesor invitado en postgrado en diversas universidades nacionales y extranjeras. Fue jefe nacional de estudios de la Defensoría Penal Pública (DPP) y posee una extensa trayectoria en el abordaje de casos penales complejos.

Sebastián Dal Pozzo es abogado de la Universidad Diego Portales y Diplomado en Reforma Procesal Penal y Litigación Oral de la misma casa de estudios. Formó parte de la Unidad de Corte de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur del Ministerio Público, fue abogado jefe del área Judicial del Ministerio del Interior y ha tenido una vasta experiencia en resolución de asuntos penales de alta complejidad en diversos ámbitos.

Ambos penalistas fueron parte del extenso contingente de litigantes en el Caso Penta. En el caso de Medina y Dal Pozzo, oficiaron como abogados defensores de Pablo Wagner, exsubsecretario de Minería del primer gobierno de Sebastián Piñera, condenado por delitos tributarios, pero absuelto de la acusación de cohecho.

La asesoría legal de la diputada será un apoyo adicional para enfrentar el caso debido a que la parlamentaria no está involucrada en ninguna causa penal, ya que, hasta el momento, y según la información que se ha dado a conocer no tiene calidad de imputada (o de testigo) en la indagatoria que lleva adelante la Fiscalía a raíz del denominado “Caso Convenios”.

Sin embargo, la Fiscalía ha manifestado que la diputada Pérez es un “foco de interés” en la investigación.