Caso Intervalores acumula perjuicio de $11.500 millones: Radiografía a las 87 víctimas de la millonaria estafa

Entregaron sus ahorros. Jubilados, ingenieros comerciales, veterinarios y dueñas de casa. Se trata de 87 personas, las cuales confiaron en el holding financiero Intervalores -fundado por Gabriel Urenda Salamanca (60) –, desde donde se les prometieron suculentas ganancias por medio de la inversión en distintos instrumentos de mercado.

El año 2016 Ximena Chong empezó a investigar los delitos relacionados a la Comisión para el Mercado Financiero (ex Superintendencia de Valores y Seguros), las querellas y denuncias por estafa sólo empezaron el 2018 a raíz de la querella de Panor. La defensa de los principales imputados sostiene que empezó toda la investigación el 2016 como argumento para cerrar la causa y oponerse a las cautelares. Sin embargo, los querellantes discrepan de esta afirmación.

Hoy el caso acumula un perjuicio total de $11.500 millones y sus principales imputados son Urenda -hijo del exsenador UDI Beltrán Urenda Zegers- y Sebastián González (43), ex gerente comercial del holding. Ambos se reprochan mutuamente el ocaso del grupo financiero y permanecen en prisión preventiva en el penal Capitán Yáber.

Según abogados querellantes, ambos han entregado exiguas respuestas a modo de reparación de los afectados, las cuales aún esperan una solución.

María Ruth Encina Seguel (89) y Juan Augusto Saravia Webrañez (80) se casaron el 14 de noviembre de 1968. Ambos domiciliados en la comuna de Temuco forman parte del extenso listado de víctimas del denominado caso Intervalores.

Juan trabajó en el Ministerio de Obras Públicas, y como producto de jubilación en el año 2016 recibió una indemnización de aproximadamente $18.000.000, "los cuales primeramente invirtió en Fondos Mutuos, en el Banco de Chile sucursal de Temuco, en donde eran administrados, por la ejecutiva de dicho banco, doña Ema Gloria Fuentealba Rettig", consignó la querella presentada por el matrimonio.

Según la acción penal, el 15 de marzo de 2017 la ejecutiva –que por aquel entonces prestaba servicios al holding Intervalores–, convence al jubilado de trasladar dichos valores a la sociedad Intevalores S.A. Por medio de un "Mandato de Administración de Inversión", la compañía se comprometía a entregar un detallado informe de las inversiones realizadas. Cinco días después, un nuevo convenio entre las partes obligó a la sociedad a comprometer el pago de un interés igual a 0,60% del capital adeudado.

Posteriormente, el 29 de noviembre Saravia efectuó otra inversión, esta vez, por la suma de $28.159.707. Seis meses después, en julio de 2018, ambos jubilados acudieron a oficinas de la sociedad en Temuco y la sorpresa fue mayúscula. Querían el rescate de sus inversiones, pero se encontraron con que oficinas estaban desocupadas y que la ejecutiva, no contestaba sus llamados.

Otra jubilada que también perdió sus ahorros es Lilian Widmer Fontannaz (63), profesora de biología y ciencias naturales casada, y madre de tres hijos, todos mayores de edad. Luego de trabajar durante más de 25 años como docente en el Colegio Institución Teresiana y el Colegio Universitario Inglés, con el objeto de rentabilizar mi patrimonio, decidí invertir parte del dinero ahorrado en la compra de un departamento que utilizaría uno de sus hijos.

"La inversión inmobiliaria se dilató y -guiada por algunas personas que conocían al querellado-, decidí invertir tales dineros en la corredora de bolsa Intervalores, pues ofrecía atractivas utilidades", explicó en su querella. Eran "mis ahorros de toda una vida", advirtió la ex profesora.

En abril de 2014, concurrió a las oficinas del holding ubicadas en Carmencita N°25, comuna de Las Condes. Allí -dice en su declaración- fue atendida por Sebastián González, gerente comercial del grupo financiero, y quien le ofreció invertir las sociedades del grupo. "Desde el primer momento se me indicó que el dueño era Gabriel Urenda Salamanca, de la conocida familia Urenda, quien estaba a cargo de la referida corredora", acotó la docente.

"El 5 de junio del año 2018, concurrí a la oficina de Intervalores y solicité la devolución o entrega del dinero defraudado, cuyo monto asciende a $147.585.329", declaró.

En aquella oportunidad, los imputados le ofrecieron un porcentaje de rentabilidad más alto, esta vez del 11,4% anual, y aquello se condicionó a que no podía retirar el capital invertido durante un lapso de tres años.

"Invertí una considerable suma de dinero en el holding, lo que hice en una primera etapa por un largo período, mediante operaciones de retrocompra, sin que nunca retirara las utilidades que generaban. Lo primero que hizo el querellado fue, de manera muy hábil, devolverme las utilidades generadas por mis inversiones efectuadas, que a la época ascendían a $37.779.717, monto que efectivamente transfirieron a la cuenta corriente de mi marido, con el objeto de que creyera que era una empresa solvente que podía devolver mi inversión que ascendía a dicha fecha a más de ciento cuarenta millones de pesos", aseguró.

En Valdivia, Edmundo Guillermo Butendieck Burattini (80) asegura haber sido otra más de las víctimas del caso Intervalores. Ejerció funciones de Médico Veterinario y académico de la Universidad Austral de Chile por largos años, incluso fue nombrado Decano en la Facultad de Ciencias Veterinarias.

El académico invirtió $105.760.313 por medio de siete contratos por mandato de administración de fondos, que se pactaron entre junio de 2017 a mayo de 2018.

En su querella aseguró que conocía a la ejecutiva representante de Intervalores de la capital de Los Ríos (María Gabriela Rencoret Santelices), quien denunció que no le comunicó al suspensión de la inscripción de la sociedad Intervalores Corredores de Bolsa Limitada.

"Si bien he desarrollado a lo largo de mi vida diversas actividades relacionadas a mi profesión, no tengo destrezas, y nunca las he tenido, para la inversión y desarrollo del mercado de valores, tanto es así, que, si no hubieran estado el querellado y la Sra. Rencoret como dueño y ejecutiva de Intervalores no hubiera invertido", remató.

El monto más alto detrás de los perjuicios generados por el holding financiero lo tiene Panor, filial chilena de la multinacional azucarera guatemalteca con $1000 millones en total. La compañía se querelló por apropiación indebida, falsificación y uso malicioso de instrumento privado.

A la fecha, el caso suma nuevos formalizados. Una vez concluida la investigación que lleva adelante el fiscal Felipe Sepúlveda deberá decidir si inicia un juicio oral o un juicio abreviado. Ello en caso de alcanzar un acuerdo con los imputados.

A la fecha, el Ministerio Público no cuenta con un acuerdo, aunque Urenda y González han puesto a disposición de la fiscalía dinero y automóviles a modo de indemnizar a las víctimas. Según trascendió, ambos imputados han ofrecido pagar $50 millones. González habría entregado su automóvil, avaluado en $20 millones.

El plazo de investigación del fiscal expirará durante el próximo mes de septiembre.