Caso Monsalve: piden incautar teléfonos de quienes supieron antes de que se hiciera pública la denuncia y se abre un flanco de mal uso de gastos reservados

Poco más de un mes ha pasado desde que el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve dejó su cargo tras ser denunciando por violación y abuso sexual. Tiempo en el que no solo el Ministerio Público ha avanzado en la investigación por los hechos de connotación sexual en su contra, sino que también se han abierto otros flancos.

Una de estas aristas, además de política, es sobre presuntos delitos en contra de la Ley de Inteligencia, por las acciones que habría realizado la exautoridad ordenando a la PDI realizar diligencias por lo ocurrido. Por otro lado, también ha surgido la arista de presuntos delitos de obstrucción a la justicia por parte del propio Monsalve o de otras autoridades de gobierno. Esto último, porque según lo que se ha conocido hasta ahora serían las personas que conocieron de los hechos denunciados antes de que esto fuera público.

En este listado se encuentran -entre otros- la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien se enteró dos días antes de lo ocurrido; el director de la PDI, Eduardo Cerna, que informó a Tohá; Camilo Araneda, funcionario de la División de Gobierno Interior, cercano a Boric y a quien la denunciante le habría comentado lo sucedido, y Gabriel de la Fuente, exjefe de gabinete de Monsalve y que también sabía de lo ocurrido.

Además de ellos, según ha dado a conocer este martes The Clinic, también habrían sabido antes de que se hiciera pública la denuncia el jefe de gabinete de Boric, Carlos Durán, y el jefe de asesores del Mandatario, Miguel Crispi.

Arista que la propia Fiscalía Centro Norte, si bien no imputó hasta ahora, ha avanzado, pues ha tomado una serie de declaraciones a funcionarios de gobierno y autoridades -entre ellos el propio Presidente y la ministra Tohá- para conocer cómo habrían ocurrido los hechos.

Tras una serie de declaraciones de diversos personeros de gobierno, incluso del propio Presidente Boric, han surgido algunas acciones judiciales para que se investigue la presunta obstrucción a la justicia o el uso de la Ley de Inteligencia por las diligencias. Una de estas es la querella presentada por el diputado Andrés Celis (RN), precisamente por esos delitos.

Esa querella, representada por el abogado Luis Cantellano, es en contra del propio Monsalve, de la ministra Tohá, del exjefe de gabinete de la subsecretaría, Gabriel de la Fuente, y del director de la PDI. En esa acción judicial el parlamentario pidió que la Fiscalía cité a declarar -como testigo- a Boric; a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y al actual subsecretario del Interior, Luis Cordero. Además -como imputado- a los cuatro querellados.

Pero además de eso, este martes el diputado Celis comunicó que han pedido al tribunal donde presentaron la querella que se incaute el teléfono personal e institucional de Camilo Araneda, funcionario de la División de Interior y cercano al Presidente. Araneda, según la misma denunciante, habría sido una de las primeras personas a las que le contó lo que habría ocurrido con su superior. Misma incautación pide el diputado que también se haga con Cerna, Tohá y De la Fuente.

Según pudo conocer La Tercera, el querellante también ha desplegado otras acciones, y es que la semana pasada Celis y su abogado también pidieron a la fiscal que está analizando los antecedentes expuestos, Alika Sukni, que despache orden para indagar a efectivos de Carabineros y no a funcionarios de la PDI.

Esto, dado que en medio de los hechos que Celis pide esclarecer habrían tenido participación funcionarios de la institución hoy comandada por Eduardo Cerna. Lo anterior, con el fin de que exista imparcialidad y sesgos en la indagatoria.

Esta semana, además, esperan poder reunirse con la persecutora a fin de afinar ciertas diligencias y esperan que se adjunten en esta causa los antecedentes que maneja la investigación de Armendáriz y Jacir en la causa por violación en contra de Monsalve.

Consultado respecto a sus requerimientos, el diputado Celis afirmó a La Tercera que estamos “frente a un caso que no solo expone la gravedad de las acusaciones contra el exsubsecretario Monsalve, sino también la posibilidad de que altos funcionarios, cercanos al Presidente Boric, hayan actuado para encubrir los hechos o, incluso, hayan utilizado recursos públicos para protegerse”.

“Queremos saber si hubo contactos con el Presidente y si desde La Moneda se intentó frenar esta denuncia. Es inaceptable que los lazos de amistad y confianza del Mandatario con estas personas se usen como escudo para evitar el esclarecimiento de la verdad. Aquí no estamos solo hablando de una denuncia judicial, estamos hablando de la credibilidad de las instituciones del país. No vamos a permitir que esta causa se transforme en otro capítulo de impunidad dentro del gobierno”, agrega el diputado RN.

En medio de la segunda jornada de formalización de Monsalve, también se ha cuestionado -según dio a conocer La Segunda- el uso de gastos reservados, los que durante el periodo de la ahora exautoridad imputada ascendieron a $1.500 millones y que habrían sido detallados en un informe enviado por la Subsecretaría del Interior a la investigación que llevan los fiscales Centro Norte Xavier Armendáriz y Francisco Jacir.

Lo anterior genera suspicacias precisamente porque se trata de un dinero al cual tenía acceso en efectivo, sin mayores rendimientos y justificaciones, la exautoridad de gobierno, quien -según se pudo conocer- pagó la cuenta del restaurante que visitó con la denunciante, precisamente, al contado.

Ante estos nuevos antecedentes, Celis sostiene a este medio que ampliarán la querella para que se investigue esa arista. Esto, con el fin de que ahora se investigue ¿en qué usó los gastos reservados el exsubsecretario y ahora imputado por violación y abuso sexual?