Caso Pío Nono: cabo Zamora termina proceso de rehabilitación de Carabineros y retoma a labores

Antes de terminar el proceso judicial que debió enfrentar por el caso Pío Nono, Sebastián Zamora manifestaba reiteradamente que su intención era volver a vestir el uniforme de Carabineros y salir a patrullar las calles. “Esperemos poder reintegrarnos lo más pronto posible a la institución”, señalaba en julio, en los momentos finales del juicio.

El 12 de julio, a cuatro años de iniciado el caso, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió en forma unánime a Zamora por los cargos que le imputó la Fiscalía Centro Norte. Esto era, según la fiscal Ximena Chong, que el uniformado había empujado intencionalmente a un manifestante que terminó cayendo al río Mapocho, en un hecho ocurrido en octubre de 2020, lo cual terminó siendo descartado por el Tribunal.

Con su absolución, Carabineros comenzó a revisar el sumario administrativo del uniformado por no haber informado que el día del incidente portaba una cámara personal con la que grabó los hechos.

Por ello debió atravesar dos procesos para volver a salir a las calles con el uniforme verde. El primero fue un acto administrativo que estuvo a cargo de la Dirección Nacional del Personal, llamado “rehabilitación”, y el otro un curso en el Centro de Perfeccionamiento de Carabineros de Chile (Cenpecar), donde tuvo una actualización de los procedimientos policiales.

Dos meses duraron los procesos que debió atravesar Zamora para retornar a las labores que realizaba antes de ser suspendido de Carabineros. Estos partieron en septiembre y concluyeron hace pocos días. Durante ese mes debió suspender momentáneamente los cursos debido a que fue padre de una niña y se mantuvo algunos días con permiso.

El uniformado, de grado cabo segundo, hoy se encuentra con días de vacaciones. A su regreso, durante la primera semana de enero, retornará a la 40ª Comisaría de Control de Orden Público (COP) de Lo Espejo. Sin embargo, desde su entorno comentan que se encuentran evaluando la posibilidad de solicitar a Carabineros pedir su traslado hasta Valparaíso, ciudad donde reside junto a su pareja e hija.

Contactado por este medio, Zamora señaló que no podía referirse a su reingreso definitivo debido a que para ello necesitaba de permisos de sus superiores. Eso sí, señala que ha tenido una “buena acogida por parte de sus compañeros de comisaría”.

Quien sí quiso referirse al proceso fue su padre, Michel Zamora, quien lo acompañó diariamente durante todo el juicio. “Estamos felices de que él haya cumplido su deseo de reintegrarse a la institución. Ya terminó el proceso de rehabilitación. Ahora está de vacaciones en estos días para retornar luego a sus funciones. Ha sido un año bien bendecido para él, salió absuelto, fue papá y fue reintegrado a Carabineros. Todo ha sido bueno para él después de que lo pasó tan mal”.

Por otro lado, fuentes de la institución señalan a La Tercera que están conformes con la rapidez que ha avanzado el proceso de Zamora para reintegrarse a las filas de la policía uniformada. Agregan que la justicia “demostró su inocencia” y que Carabineros “siempre actúa conforme a derecho con la finalidad de combatir los delitos”.

Por último, uno de los abogados que representaron al uniformado, Alejandro Peña, señaló a este medio: “Quisiera destacar el encomiable espíritu de servicio del cabo Zamora, quien pese a sufrir una feroz e injusta persecución penal sin motivos plausibles por haber cumplido con su deber decida volver a la institución para capacitarse y perfeccionarse, y así seguir sirviendo a Chile”.

El último revés judicial que vivió la Fiscalía Centro Norte con este caso se produjo el 5 de diciembre, cuando el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago resolvió que el Ministerio Público y los querellantes deberán pagar un total de $40 millones en costas por el juicio.

En el desglose el tribunal ordenó que la Fiscalía debe pagar $25 millones y los siete querellantes, otros $15 millones. El tribunal, integrado por Patricia Bründl, Erick Aravena y Claudia Morgado, consideró la extensión y la complejidad del juicio. Entre los querellantes estuvieron el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría de la Niñez.

Sin embargo, la Fiscalía y los querellantes apelaron de la decisión del tribunal, lo que podría revisarse en un par de semanas en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Por su lado, la defensa también apeló ya que el tribunal “solo reguló las costas del juicio, pero omitió las costas personales derivadas de las gestiones efectuadas por tres años en el Juzgado de Garantía y lo obrado en la Corte de Apelaciones”, explicaron los abogados de Zamora.