Catalina Pérez (RD) y el debate por seguridad: “No podemos ceder política y discursivamente porque un relato sea complejo en un momento determinado”

La agenda en seguridad que debió asumir el Ejecutivo durante esta semana -a raíz del asesinato de dos funcionarios de Carabineros en menos de dos semanas- aún suma consecuencias en la relación oficialista con el gobierno.

En evidencia quedó que Apruebo Dignidad no respaldó una de las iniciativas de ley que La Moneda priorizó (en acuerdo con la Cámara y el Senado), pese al llamado que hizo la jefa política del gobierno, Carolina Tohá, a sus aliados en el Congreso.

Particularmente, en el caso de la ley Nain-Retamal, el sector es crítico del apartado que establece la legítima defensa “privilegiada” por parte de los funcionarios policiales. La segunda vicepresidenta de la Cámara, Catalina Pérez (RD), advierte que “estamos hablando de una herramienta que fácilmente puede ser mal utilizada por gobiernos con bajo compromiso con los derechos humanos”.

¿Cuál es la sensación tras esta semana de discusión legislativa?

Las tensiones están mal puestas en el debate cuando se piensa que, quienes estamos con los derechos humanos, no podemos estar por el orden público. Sin orden público, no hay derechos humanos. Y sin respeto irrestricto a los derechos humanos, no hay orden público. Eso es algo que a nuestro sector le ha costado verbalizar y es grave, considerando que la demanda por seguridad es una demanda de quienes nosotros estamos buscando representar. Es una demanda de los barrios populares, de las poblaciones humildes, no es un delirio de la élite (...). Nuestro mundo tiene que saber proponer soluciones fuera del aumento de la penalidad, que es la única fórmula a la que se recurre y no tiene buenos resultados. La perspectiva no puede seguir siendo de corto plazo y el debate en seguridad tiene que tener un grado mayor de profundidad. La mera respuesta emocional a un contexto determinado no nos puede llevar a extremar posiciones. Creo que lo que tuvimos esta semana no fue un debate de Estado.

¿Fue una estrategia errada la del gobierno de respaldar legislaciones como la Nain-Retamal?

Una de las soluciones a la crisis de seguridad que tenemos en ciernes es el fortalecimiento del rol de Carabineros, pero eso se hace con un presupuesto, destinado a equipamiento, con aumento de dotación, con mayor y mejor formación de policías, con reformas a la institución, con reglas claras por el uso de la fuerza, con mejoras en sus condiciones laborales, no solo con el aumento de penas por la agresión. La política nacional contra el crimen organizado, la creación del ministerio de Seguridad Pública, la reforma al código penal o robustecer la investigación y persecución con la contratación de fiscales, deberíamos poner el acento ahí.

Ese es un punto, pero reitero: en el sector se ha calificado a la normativa como una de “gatillo fácil”, cortoplacista. ¿Erró el gobierno?

Que nos preocupe la seguridad no puede significar avanzar sin cuestionar iniciativas que, por más populares que sean, representan un peligro a nuestro Estado de derecho. Hay que poner los énfasis y las urgencias políticas donde tienen que estar. Fortalecer a las policías es una necesidad cierta, todos compartimos ese objetivo, Ejecutivo y oposición. Ahora, hay que reconocer que el proyecto Nain-Retamal tiene grandes complejidades. Es un error creer que el sacrificio de las libertades individuales va a solucionar el problema, o pensar que lo hará el aumento de penas. Este proyecto no está protegiendo ni a Carabineros ni a la ciudadanía y pone en cuestión algo que, para nosotros, es una línea roja, que son los derechos de las personas, dando luz verde a lo que pueden ser grandes abusos o vulneraciones. Esto representa un peligro para nuestra democracia, es una vía autoritaria, estamos hablando de una herramienta que fácilmente puede ser mal utilizada por gobiernos con bajo compromiso con los derechos humanos (...). Nuevamente abrimos la puerta a una mayor deslegitimación de Carabineros en caso de incurrir en algún acto cuestionable.

¿Hay un tabú aún para el Frente Amplio en el abordaje de los temas de seguridad?

Más que un tabú, hemos sido muy críticos de la manera en que se han manejado las políticas de seguridad en Chile, pero no hemos sido capaces de proponer y de dotar de sentido común las nuevas recetas. No hemos logrado salir a explicar por qué el aumento de penas no va a ser nunca tan eficaz como la generación de oportunidades, la recuperación de espacios públicos o el aumento de la dotación de fiscales y hemos estamos cediendo mucho discursiva y propositivamente. Una vieja autocrítica que se nos hizo es la capacidad de sopesar lo importante que es el orden público para los chilenos y chilenas y creo que hoy el gobierno ha demostrado con hechos su compromiso. Esa corrección me parece fundamental.

¿Pero no cree que esa postura hoy del gobierno es forzada por las circunstancias?

El gobierno tiene muy buenas propuestas para enfrentar la crisis de seguridad en Chile y tenemos que ser más capaces de ponerlas sobre la mesa (...). Sabemos que con aumento de la penalidad no vamos a lograr proteger a Carabineros. Pero, insisto, no podemos ceder política y discursivamente porque un relato sea complejo en un momento determinado, creo que ahí es donde nos estamos equivocando. Nos ha ganado la instalación de un muy fuerte relato por parte de la oposición, que nos ha hecho retroceder en la disputa del sentido común y eso no nos puede pasar, por muy difícil que sea la discusión que estamos teniendo al frente.

Durante la semana, el Presidente llamó a hacer una reflexión a su sector sobre sus actuaciones (o dichos) en el pasado respecto a la institución de Carabineros. ¿Coincide? El senador José Miguel Insulza (PS), incluso, fue más allá y habló de hacer un “mea culpa” y pedir perdón por ciertos hechos.

El llamado del Presidente es a subir el nivel del debate. Pensar que un perro, una foto o un tuit son culpables, o deben asumir alguna suerte de responsabilidad por la crisis de seguridad que hoy tenemos en Chile es faltar a la inteligencia de la ciudadanía. Hay que ser muy firmes en entender que no es contradictorio querer fortalecer la institución y haber levantado la voz cuando alguno de sus miembros violó derechos humanos. Poner en tensión una cosa con la otra, que es lo que está detrás en esta discusión, me parece que es un error tremendo y una falta de compromiso democrático.

Usted en 2021 fue blanco de críticas a propósito de un comentario en redes sociales -”¿cómo quieren que no lo quememos todo?”- a propósito del caso del carabinero y el malabarista de Panguipulli. ¿Hay un aprendizaje de eso, una reflexión?

Creo que es importante ser mucho más reflexivo y pausado a la hora de proponer una mirada a la ciudadanía respecto de la búsqueda de soluciones o de generación de políticas públicas. Es parte del aprendizaje -muy rápido- que hemos tenido siendo gobierno. Es muy distinto construir una fuerza política sostenida desde lo parlamentario, o sostenida desde la organización de un movimiento social, a una construida también desde el rol de gobierno. La responsabilidad que se asume es completamente diferente. La profundidad de la reflexión es distinta también. Tener una mirada propositiva respecto del mejoramiento de las instituciones hay que asumirlo con mucha fuerza siendo gobierno. No nos podemos quedar solo en el hecho de pedir o no perdón, sino que debemos asumir un liderazgo importante en hacia dónde debe avanzar la solución de los problemas en seguridad en Chile.