CDE ha logrado retener a fundaciones más de $1.180 millones a un año de que estallara el caso Democracia Viva

Múltiples son las acciones que han desarrollado reparticiones respecto al denominado ‘caso convenios’, que como dio cuenta este sábado La Tercera ya suma más de 100 aristas en todo el país y los montos pesquisados por el Ministerio Público bordean los $90 mil millones.

Pero a pesar de que el grueso de los antecedentes divulgados se ha centrado en el trabajo que llevan adelante diferentes Fiscalías para esclarecer si hubo ilícitos en el traspaso o utilización de dineros por parte de reparticiones públicas y fundaciones, lo cierto es que hay labores que han pasado más desapercibidas, entre ellas las realizadas por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

El organismo liderado por Raúl Letelier, de hecho, ya ha presentado siete querellas, nueve solicitudes de disolución contra fundaciones, además de 14 acciones de restitución de fondos.

Estás últimas, de acuerdo con el detalle al que accedió este medio, ya han permitido al Fisco retener dineros por un monto total de $1.186.273.680.

“La intervención del Consejo no se ha circunscrito solo al ejercicio de acciones penales. Hemos ejercido acciones civiles a fin de resguardar los montos otorgados a las respectivas entidades privadas. Asimismo, se han interpuesto nueve acciones de disolución de la personalidad jurídica y 14 acciones de restitución de fondos que, en general, han incorporado medidas prejudiciales precautorias de retención de bienes”, destacó al respecto Letelier.

Y agregó: “Gracias a la acción del Consejo de Defensa del Estado se ha podido retener de las cuentas corrientes de aquellas instituciones un monto aproximado de 1.186 millones de pesos”.

Las querellas presentadas, en tanto, dicen relación con acciones desplegadas por Democracia Viva, ProCultura, TomArte, ONG RCKLT, Corporación Patrimonial Historias Nuestras, Asociación Deportiva Regional de Halterofilia de La Florida, En Ti, Fundación Educacional y Capacitación Educc, Fundación Capacitación y Formación Laboral Folab, Kimün y a la Fundación Para el Desarrollo y Liderazgo Indígena.

Estas, como se ha manifestado por parte de la entidad, por delitos de fraude al Fisco, apropiación indebida y lavado de activos.

De la misma forma, durante el año de gestiones el Ministerio de Vivienda, encabezado por Carlos Montes, ha buscado concretar una serie de acciones con miras a impedir que los hechos investigados se repliquen.

En ese sentido, desde la cartera insisten en que “tras tomar conocimiento de las irregularidades en la Región de Antofagasta, el 16 de junio el secretario de Estado le solicitó la renuncia al exseremi y el lunes 19 se envió a un equipo interno del Minvu para levantar todos los antecedentes del caso. A la semana siguiente, el ministro Montes viajó a la región a entregar toda la información recopilada, en tres archivadores, al Ministerio Público de Antofagasta”.

Junto con esto, subrayaron desde la repartición, se iniciaron investigaciones internas en todas las regiones del país, “antecedentes que también fueron puestos a disposición de la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y el Congreso Nacional”.

Al igual que en el caso de Antofagasta, se pidió la renuncia de los exseremis de O’Higgins y Maule. Y de la misma forma se puso término anticipado a una serie de convenios en los que se identificó incumplimiento. Así, han presentado una querella y cuatro denuncias por hechos constitutivos de delitos.