CDE y Contraloría contraatacan por fallo en favor de la policía: “Carabineros no se encuentra exceptuado de control”

La pugna judicial que protagonizan Carabineros y Contraloría se arrastra desde hace ya tres años. Y, lejos de ser un conflicto que pueda decantar, este amenaza con extenderse y llegar hasta las instancias más altas del sistema judicial.

El primero en disparar fue el ente contralor, cuando levantó cargos en contra de siete generales de la policía por una eventual responsabilidad de mando durante las operaciones de orden público durante el estallido social. La institución uniformada contestó, a través de una demanda civil por parte de los altos oficiales afectados, y no le fue mal, pues el 14 de septiembre el 22° Juzgado Civil de Santiago acogió esta acción judicial y falló a su favor: “El hecho de que la manera en que el contingente policial debe utilizar ciertos medios y herramientas de control del orden público se encuentre regulada por protocolos (...), no transforma la función y labor de control de orden público en una actividad controlable por la Contraloría General de la República en el marco de los controles y auditorías que realiza sobre administración del Estado”, resolvió el tribunal.

La resolución hizo que en Carabineros celebraran internamente el fallo, pues de alguna manera -cuentan- respaldaba la toma de decisiones que se adoptaron durante los días del estallido social. La relevancia que le dieron también tiene que ver con que el Ministerio Público indaga las operaciones de la institución durante el 18-0, y esta resolución civil es un buen aliciente.

Sin embargo, Contraloría -como de era de esperar- no quedó conforme y tampoco el Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo encargado de representar al ente contralor en este caso. Por lo mismo, se interpuso un recuso de casación para lograr revertir el fallo.

En el texto, al cual accedió La Tercera, se detalla que “Carabineros de Chile, como todo órgano o servicio público, se encuentra sometido al control de los actos que emiten, a través de los instrumentos de fiscalización respectivos, estando, por consiguiente, afecto plenamente al control y fiscalización de esta Contraloría General –artículo 1° de La ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado–. Carabineros de Chile no se encuentra exceptuado de este control, razón por la cual no existen limitaciones respecto de la posibilidad de ordenar la instrucción de sumarios administrativos en dicha institución”.

El CDE sustenta su recurso en que la Contraloría sí tiene facultades para fiscalizar la administración de Carabineros, no las operaciones policiales en concreto, sino que cómo se llevan adelante los actos administrativos internos para la toma de decisiones. En concreto, señalan que el organismo dirigido por Jorge Bermúdez tiene competencia para sustanciar sumarios administrativos contra cualquier funcionario público.

“La Contraloría General no cuestionó ni reprochó los principios, niveles de intervención o los procedimientos internos de Carabineros de Chile establecidos para el uso o empleo de la fuerza, en el control y mantenimiento del orden público –como erradamente entiende el fallo–, sino que, en el marco del sumario de la especie, se efectuó un análisis del cumplimiento de las funciones de control, supervisión y coordinación de los inculpados, en razón de los cargos investidos por ellos a la época de los hechos investigados, todos oficiales generales de dicha institución castrense”, se lee en el documento.

En esa misma línea, se agrega que “los cargos formulados a los inculpados se sustentan en la existencia de normas legales, reglamentarias e infrarreglamentarias, que establecen deberes y obligaciones de mando, supervisión, control y coordinación, de manera que las imputaciones efectuadas en la especie no buscan ni pretenden reprochar el mérito o conveniencia de las actuaciones de los inculpados, sino que contrastar los presupuestos fácticos denunciados con las disposiciones que regulan los aludidos deberes y obligaciones”.

La Contraloría fiscalizó estos servicios a partir de una serie de denuncias en contra del mando institucional por una eventual responsabilidad de mando. Los generales sumariados fueron: Jorge Valenzuela, director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales; Mauricio Rodríguez, jefe de la Zona Metropolitana; Enrique Bassaletti, jefe de la Zona Santiago Este; Enrique Monrás, jefe de la Zona Santiago Oeste; Hugo Zenteno, jefe de Zona de Valparaíso; Jean Camus, director de Logística, y Jorge Ávila, exjefe de Fuerzas Especiales de Carabineros. De estos, finalmente, cinco fueron absueltos.

El caso impactó tanto la interna de Carabineros, que gran parte de estos generales terminaron saliendo de la institución; el caso más emblemático, el del general Enrique Bassaletti, quien pasó a retiro tras enfrentar cargos por este sumario, pues su ascenso se tuvo que congelar. Hoy el panorama cambió radicalmente, aunque el proceso judicial aún está en primera instancia.

Finalmente, el CDE interpreta que “la Contraloría General de la República ha considerado de forma expresa la violación o incumplimiento de reglas jurídicas que, a la sazón, eran obligatorias para los demandantes de autos”.

El recurso presentado por el Consejo fue acogido a trámite por la Corte de Apelaciones de Santiago; por lo tanto, será en el tribunal de alzada donde se comenzará a escribir la primera parte del epílogo de una pugna judicial que se ha extendido por más de tres años. Sin embargo, entre los intervinientes avizoran que todo, finalmente, se zanjará en la Corte Suprema.