Cerrado por paro: por qué los principales museos del país cumplen una semana sin abrir

“Paro Nacional”. “Sra. Ministra ¡Cumpla con el Acuerdo!”. “No a la precarización laboral”.

Así versaban parte de los lienzos y pancartas que casi un centenar de funcionarios del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, comenzaron a desplegar el jueves 26 de octubre en las fachadas de distintos museos, bibliotecas y edificios históricos de la Región Metropolitana (RM), llamando la atención de los transeúntes y bloqueando el acceso a turistas que planeaban una visita cultural, ya con los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en pleno desarrollo y con cientos de turistas buscando alguna actividad recreativa.

Pero la motivación de los funcionarios era clara: mostrar su descontento ante las que llaman “promesas incumplidas” por la cartera desde 2018; falta de presupuesto para funcionarios a cargo del servicio y una precarización laboral a nivel nacional. Una situación que hoy suma una semana de paralización, además de 27 museos cerrados; cuatro archivos nacionales; nueve bibliotecas; programas de bibliometro; biblioredes; bibliotecards, entre otros.

Según cifras sindicales, el paro bordea el 95% de adhesión de los funcionarios que le dan vida al sistema de bibliotecas nacionales, públicas y regionales junto a los museos nacionales y regionales, archivos e investigación, de Arica a Puerto Williams, incluyendo la Isla Grande de Chiloé y Rapa Nui, con más de 1.700 funcionarias y funcionarios.

Solo en la RM la movilización mantiene hasta la publicación de esta nota cerrados y sin atención al público la Biblioteca Nacional, el Museo Histórico Nacional, el Museo de Bellas Artes, Museo Nacional de Historia Natural y oficinas de archivos, aunque desde el servicio sostienen que estos han seguido cumpliendo con visitas y compromisos programados antes del inicio de la paralización.

Isabel Cortés, vicepresidenta nacional de AnfuPatrimonio, que agrupa a parte de los 1.700 funcionarios a nivel nacional, señala que las demandas actuales tienen relación con un acuerdo no cumplido en 2022 por la exministra de Culturas Julieta Brodsky, como el aumento de un presupuesto para el sector.

“Ella firmó un acuerdo en donde salían fechas y plazos para una serie de cosas que venían atrasándose, y al ir avanzando en mesas de trabajo para ir concertándolos nos dimos cuenta de que no venía amarrado con presupuesto. Las autoridades de ese momento presentaron interés en resolver la situación crítica del servicio, pero sin presupuesto y con pura voluntad no podíamos avanzar de manera concreta”, añade.

La molestia explotó el martes 25 de octubre cuando la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto del Congreso, tras una reñida votación, aprobó la partida de Culturas, las Artes y el Patrimonio, pero sin considerar la demanda pactada por los funcionarios y la exministra de la cartera. En simple, los funcionarios exigían un aumento de casi $2 mil 200 millones en el presupuesto 2024. Sin embargo, en la instancia antes mencionada se aprobó un alza de cerca de $122 millones.

Tal situación, según Cortés, ha desencadenado una agudización de la precarización de servicios ligados con el sector patrimonial, tales como servicios básicos de los trabajadores en dependencias regionales y falta de un sueldo mínimo para funcionarios primarios. Y ejemplifica que hace una semana el servicio de prestación de libros en la RM BiblioMetro tuvo que paralizar sus actividades durante un día ya que los trabajadores no contaban con un baño para utilizar.

Tania Gonzalez, presidenta nacional de la Asociación Nacional de Trabajadores del Patrimonio (Anatrap), expone a La Tercera que la paralización es “lamentable”, y el paro desplegado a nivel nacional no se torna agradable “sobre todo por el impacto que produce en la entrega de servicios tanto de las personas individualmente así como las comunidades”.

Aunque, eso sí, recalca que este se hace necesario como un llamado de atención a las autoridades “para que particularmente se valore el trabajo que hacemos. Es parte de nuestra demanda. No solo ponemos la posibilidad de reconocimiento a las funciones que han tenido que asumir nuestros compañeros en virtud de la especialización, sino que también tiene que ver con el reconocimiento a la labor como servicio”.

Consultados sobre el tema, desde el Ministerio de las Culturas sostienen que la responsabilidad en esta materia recae en el Servicio de Patrimonio, pues son ellos quienes han mantenido reuniones para encontrar un punto medio. En dicho servicio, en tanto, reseñan que han mantenido un “diálogo permanente con las asociaciones de trabajadores de AnfuPatrimonio y Anatrap para buscar un acuerdo que permita retomar los servicios que ofrecemos a la ciudadanía”.