Cien balas y un auto robado: Ex guardaespaldas de alcalde de San Ramón se apronta a enfrentar juicio

A arresto domiciliario nocturno y orden de arraigo nacional sigue sometido uno de los hombres cercanos a Miguel Ángel Aguilera Sanhueza, el jefe comunal de San Ramón y símbolo de la tragedia del Partido Socialista, mientras espera el inicio del juicio en su contra a raíz de la causa que lleva el Ministerio Público. Roberto Martínez Cariz está en esta situación luego que el 23 de noviembre del 2017 fuera detenido a bordo de un automóvil robado -y al cual le habían cambiado la patente- con dos cajas de 50 municiones de 9 milímetros cada una.

Hasta entonces, Martínez era más conocido por haber sido, en 2016, el administrador electoral del jefe comunal en su última campaña a la reelección a la alcaldía -donde batió su marca anterior y se empinó por sobre el 70% de la votación- y por ser el jefe de seguridad del municipio. Y podría ser uno de los primeros casos en que alguien con ese tipo de relación con Aguilera enfrente un juicio oral después del escándalo provocado por los sucesivos reportajes de Informe Especial de TVN y de Canal 13.

Según los antecedentes de quienes conocen la causa, el caso estaría pronto a concluir su etapa de investigación y diligencias, luego de lo cual procede que se dicte acusación, que se fije la audiencia de preparación del juicio oral, y que finalmente comience este último. Sin embargo, en el Ministerio Público especifican que la fase investigativa sigue vigente, y que aún no hay plazos para cerrarla y pasar a las etapas siguientes.

También hay versiones que indican que esto último no se habría acelerado porque Martínez Cariz estaría, supuestamente, cooperando con la investigación. En el transcurso de ésta ha estado con prisión preventiva primero, y con medidas menos estrictas que ésta después. El caso lo lleva Leonardo Zamora, fiscal antinarcóticos y de crimen organizado de la Fiscalía Sur.

El hombre es investigado y está en estos momentos impedido de salir del país, así como de su casa, donde debe permanecer entre las 22:00 horas de cada noche y las 6:00 de cada mañana. Acusado de porte ilegal de municiones y de receptación, cayó en manos de la PDI casi exactamente un mes después del primero de los reportajes que denunciaron lo que sucede en San Ramón (y cuando Aguilera ya había renunciado al PS antes de que lo expulsaran), como parte de un operativo de la Brigada del Crimen Organizado.

Ese 23 de noviembre de 2017, a Martínez lo atraparon luego de seguirlo cuando iba a comprar los cien tiros en una parcela en Paine, en un Hyundai Tucson al que le habían cambiado la placa patente; la original era de un vehículo que estaba con encargo por robo. Además, no tenía permiso para adquirir municiones.

Peor aún, las primeras pesquisas rápidamente vincularon a Martínez Cariz con Jorge Pinto Carvajal -aka el Chino Pinto-, el a estas alturas célebre jefe de una banda de narcotraficantes que opera en San Ramón, y que apareció en los primeros reportajes televisivos.

Pinto fue contratado en el departamento de áreas verdes de ese municipio luego de salir de prisión a raíz de una condena por narcotráfico el mismo año, el 2017. Su caso es uno de los que motivaron una querella y una investigación desformalizada contra Aguilera por designación de cargos públicos efectos a inhabilidad legal (y por fraude al Fisco).

La cuestión es que, según venía investigando la PDI, Martínez fue ese día a comprar cien tiros de 9 milímetros porque el Chino Pinto se lo había encargado.

Los detalles de cómo ha avanzado el caso no son públicos. Quienes lo han conocido, eso sí, hacen ver algunos detalles.

De partida, cuando cayó Martínez Cariz el gobierno de Michelle Bachelet estaba por entrar a sus cuatro meses finales. Y el Ministerio del Interior de la época optó por querellarse en su contra. Subsecretario del ramo era entonces Mahmud Aleuy, y entre los abogados que tenían mandato judicial de dicha cartera figuraba Luis Correa Bluas. Aleuy y Blas integran hoy la disidencia del PS a la gestión de Álvaro Elizalde, bando que ha criticado la gestión de la crisis en San Ramón.

"Hicieron bastante, porque podrían no haber presentado la querella", comentan allegados al gobierno actual.

Lo otro: las medidas cautelares en contra de Martínez han ido de más a menos. Primero estuvo sometido a prisión preventiva, pero logró sacársela de encima. Llevó el caso al Tribunal Constitucional -su abogado es Juan Jaime Herrera-, y el 24 de julio de este año sus ministros le dieron la razón por seis votos contra dos. Declararon inaplicable la detención.

Luego de eso, según antecedentes del Ministerio Público, se dictó la medida de arresto domiciliario total en su contra. Pero el pasado 21 de marzo se determinó levantarle esa restricción y en su lugar aplicarle arresto domiciliario nocturno -además del arraigo nacional- en los horarios ya descritos.

Como quiera que sea, esta última cautelar es objeto de disputa entre la Fiscalía y la Defensoría, y habrá de ser revisada por el 15° Juzgado de Garantía de Santiago en una audiencia que ha sido fijada para el 15 de julio.

Hasta ahora, según relatan quienes conocen el caso, el alcalde Aguilera -quien ayer dijera en Estado Nacional que la suya "no es una narcocomuna" y que "jamás en mi vida he tenido relación con el narcotráfico"- no ha declarado en este caso. Pero en el Ministerio Público remarcan que la investigación aún no ha concluid0.