Cifras que son una amenaza: personal de la salud sufre 21 agresiones en promedio al día durante 2023

A eso de las 23:00 horas del pasado 16 de junio, un sujeto de 24 años golpeó a personal médico y causó destrozos en el servicio de Maternidad del Hospital de Curicó, tras conocer que su hijo había nacido sin vida. Al conocer la noticia perdió el control de sí mismo y agredió a la ginecóloga a cargo del parto, causándole lesiones leves. Además, el resto de los funcionarios que estaban de turno fueron amenazados con un arma blanca. El hombre fue detenido y denunciado por el centro de salud.

Unos meses antes, el 19 de abril, el Hospital Regional de Concepción anunció acciones legales luego de la agresión que sufrió una pediatra al interior de un box en la unidad de Urgencia del recinto asistencial por parte de una madre que perdió los estribos tras una espera de más de cinco horas junto a su hijo para una atención médica.

Y un día antes, el 18 de abril, se registró un ataque a un vehículo de salud en la comuna de Curacautín, Región de La Araucanía, donde un médico resultó herido por perdigones en su brazo.

Los tres casos están lejos de ser un hecho aislado, más bien han pasado a formar parte de los hechos de violencia que se producen diariamente en hospitales y diversos centros médicos. Según datos del Ministerio de Salud, durante el 2021 se registraron 2.596 agresiones contra el personal médico y durante 2022 los hechos de violencia ascendieron a 6.691, más del doble que el periodo anterior.

Pero en lo que va de este año y hasta el 27 de julio, se han registrado 4.502 agresiones a miembros de los equipos de salud en el ejercicio de sus funciones, configurando un promedio de 21 hechos al día. Sin embargo, no todos los hechos se traducen en denuncias.

En ese escenario, el presidente del Colegio Médico, Patricio Meza, afirma que “este es un número que no refleja del todo la realidad, pues muchas agresiones no se están notificando. Las más pequeñas, como empujones o escupitajos, no se están avisando y son muy frecuentes e igual de graves”. Por esa razón, agrega, “hay que insistir en la notificación, hay que advertir cualquier tipo de agresión desde un grito o empujón hasta las agresiones físicas. Para nosotros como gremio una de las grandes prioridades es que los funcionarios tengan las condiciones mínimas de seguridad para que dediquen el 100% de su tiempo a resolver los problemas sanitarios de las personas”.

El exdirector del Servicio Salud Talcahuano, Carlos Vera, agrega que “los funcionarios de salud no deberían estar expuestos, pero ocurre que hay agresiones. Mucha veces, por la no inmediatez de la atención, el personal es agredido, no solo físicamente sino que también verbalmente”.

Y aunque entre 2021 y 2022 hay un aumento del 157% en el número de denuncias, desde la cartera sanitaria advierten que antes del año pasado el registro por agresiones era de forma manual, lo que generaba una “subnotificación”. Por esta razón -y como parte de las medidas de proceso de mejora- se implementó una plataforma web con el objetivo de ampliar la cobertura del registro de agresiones a los funcionarios de la salud pública de manera online de todos los establecimientos dependientes del Servicio de Salud.

En ese contexto, desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales afirman que “esta herramienta ha permitido una mejor capacidad de registro, debido a la facilidad de implementación y a la posibilidad de que más establecimientos de salud reporten en el sistema, la que se constituye como una gran herramienta de trabajo y una fuente formal de información que permite obtener un adecuado registro para establecer una real dimensión del fenómeno de la violencia que vive cada establecimiento de salud y generar políticas públicas más eficientes focalizando los esfuerzos y recursos disponibles, priorizando los establecimientos más vulnerables”.

Para resguardar la seguridad de los profesionales de la salud, el 19 de noviembre del 2019 entró en vigencia la Ley Consultorio Seguro, norma que endurece las sanciones contra quienes agredan a funcionarios que presten servicios en establecimientos de servicios de salud y educacionales.

Establece para los jefes de los establecimientos de salud y los sostenedores y directores de establecimientos educacionales -públicos y privados-, la obligación de denunciar los delitos perpetrados en contra de los profesionales y funcionarios de dichos establecimientos al interior de sus dependencias o mientras estos se encuentren en el ejercicio de sus funciones.

A su vez, los faculta para adoptar medidas extraordinarias en resguardo de la seguridad, garantizando el acceso a defensa jurídica de los trabajadores que sean víctimas de agresiones.

Con respecto a las sanciones, la ley establece la aplicación de penas que pueden llegar a presidio mayor en su grado medio (desde 10 años y un día a 15 años) si debido a las lesiones queda con daño severo que implica pérdida de autonomía; presidio medio a máximo (desde 541 días a cinco años), si el funcionario presenta enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta días.

El texto también señala que el agresor puede ser multado con la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad si causa lesiones leves que no producen daño.

Sin embargo, el presidente del Colmed asegura que hay que seguir tomando más medidas: “Todo ha sumado, pero hay que darle un énfasis mayor a todo esto. Por ejemplo, durante la última reunión que tuvimos con el subsecretario del Interior y con la ministra de Salud, se acordó activar todas las mesas de seguridad a nivel nacional. Muchas ya se han activado, pero hay otras con retraso y por eso hay que apurarlas”.