Coletazos del cierre de consulado: más de 8 mil venezolanos no pueden ser expulsados y PDI advierte que es “imposible” materializar estas deportaciones

Una vez que el gobierno venezolano decidió retirar su cuerpo diplomático y cerrar su embajada en Chile -luego de que el Presidente Gabriel Boric optara por no reconocer el autoproclamado triunfo de Nicolás Maduro- el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, evidenció -de inmediato- los efectos que esto tendría respecto a los procesos de expulsión de ciudadanos de ese país.

“Esto tiene un efecto central respecto al proceso de expulsiones, porque en el caso de Venezuela, quiero volver a decir eso, en el caso de Venezuela, la falta de consulado nos impide ejecutar las expulsiones”, manifestó la autoridad en medio de su visita a Colchane.

Lo anterior, según detalló Monsalve, porque no se podrán obtener los salvoconductos para que las personas puedan ser trasladadas. “Ahora estamos viendo las consecuencias de lo que implica no tener ningún tipo de relación, ni diplomática ni consular. Porque respecto a esa persona venezolana que se dicte una resolución de expulsión, para expulsarlo necesito dos documentos que solo me puede entregar el consulado venezolano en Chile, y hoy día no hay. Por tanto, no lo puedo subir a la línea aérea, porque no puedo tener salvoconducto (...) no hay verificación de identidad en el país de destino, que es Venezuela, no tengo cómo verificar la identidad, y por tanto el país no lo va a dejar entrar”, expuso.

Y lo hizo presente porque se trata de una dificultad no menor, porque aunque los últimos años ha aumentado el número de deportaciones de venezolanos -acumulándose 1.107 en los últimos siete años (ver tabla)- hay una cifra abultada de expulsiones decretadas que no se han materializado y que siguen pendientes.

Expulsiones de venezolanos:

De acuerdo con cifras reportadas desde el gobierno, a la fecha hay más de ocho mil decretos de expulsión de ciudadanos venezolanos que no se han ejecutado y que se verán aun más demorados producto del cierre del consulado del citado país caribeño en territorio nacional.

De estas, conforme al detalle entregado por el Ejecutivo, 2.240 han sido dictadas por la administración del Presidente Gabriel Boric, o sea desde el 11 de marzo de 2022 hasta ahora, y el resto entre 2014 y el 10 de marzo de 2022.

Producto del escenario, eso sí, desde el Ejecutivo reconocen que el Servicio de Migraciones está realizando una serie de coordinaciones con Cancillería para buscar una fórmula que les permita verificar la identidad de ciudadanos y obtener la documentación que se requiere para que estos puedan ser retornados a su país.

Pero aunque el descrito inconveniente es contundente para frenar cualquier expulsión de ciudadanos venezolanos, no es el único.

Recientemente, de acuerdo con fuentes de Palacio, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) transmitieron a personal del Servicio de Migraciones sus aprensiones respecto de escoltar a los expulsados hasta Venezuela, ya que estiman que podrían correr riesgo de ser detenidos y acusados de espionaje u otros delitos.

De acuerdo con lo establecido en el proceso, actualmente se exige que dos detectives desarmados acompañen al expulsado hasta el destino, tarea que hoy sería -según hicieron saber- “impracticable”.

Consultados sobre la materia, desde la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional (Jenamig) de la PDI manifestaron que “para concretar las expulsiones judiciales y administrativas de ciudadanos venezolanos se requiere que la representación consular de ese país verifique identidad, documente y autorice a sus connacionales dentro del territorio nacional, como asimismo a los oficiales escoltas que, necesariamente, deben acompañar a los expulsados hasta Venezuela”.

Y agregaron: “Como es de público conocimiento, actualmente no existe representación consular venezolana en el país, siendo imposible generar los procesos antes descritos”.

En el mismo sentido, hicieron presente que “para materializar expulsiones de ciudadanos extranjeros la Policía de Investigaciones de Chile coordina permanentemente con el Sermig, quienes son los encargados de adquirir los pasajes aéreos tanto para los expulsados como para los escoltas”.

Por lo anterior es que desde el gobierno también insisten en que están buscando alternativas. Entre ellas, por ejemplo, que los sujetos puedan viajar acompañados por PDI hasta Bogotá, Colombia, y desde ahí sigan solos hasta Caracas, aunque eso dependería de la postura de las aerolíneas.