Columna de Sebastián Izquierdo: “Mirando el techo” en la educación pública

Hace 5 años, se puso fin a la gestión municipal de la educación estatal. ¿La promesa? Garantizar una educación de calidad mediante un eficiente esquema de administración centralizada de las escuelas a manos de 70 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Una de las muchas falencias en la tortuosa instalación de este nuevo modelo ha sido la sobredotación del personal de los establecimientos educacionales en relación con la matrícula de estudiantes, atentando contra la sostenibilidad financiera. Por ley, los funcionarios de los colegios debían ser traspasados desde el establecimiento municipal a los de los SLEP, pero en muchos casos se dieron prácticas poco éticas. Ejemplo de esto fue lo sucedido en el SLEP de Barrancas, donde se habrían incorporado profesionales de la administración municipal a la dotación de los establecimientos, lo que terminó con un 55% más de lo presupuestado (ClioDinámica 2021). ¿Cómo se costea este problema? Con las subvenciones que son de los niños y jóvenes del país.

Lamentablemente, hoy se busca un nuevo botín: la Subvención Escolar Preferencial (SEP), una de las más cuantiosas del sistema y reservada para los más vulnerables. Los SLEP son parte del aparataje estatal y cuentan con recursos basales -vía Ley de Presupuestos- destinados a la administración de sus establecimientos, por lo que, al menos terminada su fase de instalación, deberían propender a no utilizar recursos SEP en estas tareas. ¿Qué ocurrió? Hace unos días, el Congreso aprobó flexibilizar la SEP para permitir definitivamente que una fracción de ésta se utilice para financiar las relevantes funciones pedagógicas de los SLEP. Así, nuevamente renunciamos a mejorar las falencias estructurales que tiene la ley de la Nueva Educación Pública, y aprobamos un parche exprés. En este caso, implica que se restaría el 10% de la SEP del financiamiento destinado a los colegios, atentando además contra uno de los principios de dicha subvención: innovar en el Plan de Mejoramiento de las escuelas en pos de los niños más vulnerables y dar equidad al sistema.

Por si fuera poco, la duplicidad regulatoria entre la Ley de Presupuestos y las leyes de subvenciones ha dejado millonarios recursos sin utilizar (equivalente a casi la mitad del presupuesto anual SEP), que en el caso de los SLEP amenaza con reducir el financiamiento futuro a la mitad de sus establecimientos por no cumplir con los criterios para renovar la SEP (Eyzaguirre et al. 2021). Sobre esta grave falencia hemos preferido mirar el techo y no sería raro que pronto estemos discutiendo sobre un nuevo parche.

La debilidad estructural en la gestión administrativa y pedagógica de los SLEP debiese ser resuelta con la asignación de nuevos recursos basales y con mayor eficiencia, pero no con la subvención destinada a los niños. En vez de seguir en una permanente improvisación mediante las leyes de presupuesto, reajuste y otras misceláneas, debiéramos revisar las excesivas limitaciones legislativas y regulatorias que impiden que los recursos lleguen a las salas de clases, y así fortalecer la alicaída educación pública.