Cómo la tragedia en el INBA trajo nuevamente a colación Aula Segura, la piedra en el zapato de la administración Hassler

De tanto en tanto, Aula Segura vuelve a golpear la puerta de Irací Hassler (PC), alcaldesa que va por la reelección en Santiago y cuyo municipio es el sostenedor de 44 establecimientos educacionales, entre ellos el Internado Nacional Barros Arana (INBA), donde este miércoles se vivió una tragedia luego de que la explosión de un artefacto incendiario dejara 34 heridos y 17 de ellos graves.

El tema es que si bien grave, este episodio no es el primero con artefactos incendiarios que se ve en los recintos santiaguinos durante la gestión de la edil. Pero ninguno de ellos ha cambiado el parecer del municipio sobre la invocación de la Ley 21.128, más conocida como Aula Segura. De hecho, durante toda la gestión de la actual máxima autoridad comunal no ha sido utilizada.

Ha sido justamente el prescindir de esta herramienta legal lo que cada vez que ocurre un hecho delictivo al interior de los liceos vuelve a poner los ojos sobre Santiago y, concretamente, sobre Hassler, de quien se ha dicho que instruyó no aplicar la Ley Aula Segura en los establecimientos de la comuna. Incluso directores de establecimientos, como la del Liceo Darío Salas, Lilian Vincent, señalaron que los rectores que pudieran apuntar a aplicar esa ley eran “perseguidos por la alcaldesa Hassler”.

Ante tal escenario fue la propia edil la que salió al paso y aseguró que “jamás” había instruido “no utilizar la normativa vigente”, algo que fue respaldado por la Contraloría General de la República. El ente fiscalizador dijo que “no era posible” constatar la bajada de tal instrucción y que los antecedentes presentados como pruebas, aquellos que apuntaban a la idea de la edil de terminar con Aula Segura, eran anteriores a que asumiera el cargo.

En efecto: durante su campaña al sillón alcaldicio Hassler sí transparentó su aversión a esta ley. “Fin a la política de aula segura y criminalización a los estudiantes. Fomentaremos la resolución democrática y participativa de los conflictos”, decía en su programa de “alcaldía constituyente”.

Al respecto, además, en Santiago han señalado que es resorte de cada liceo la aplicación de la normativa vigente y que son los directores quienes tienen la autonomía para definir la mejor estrategia para la resolución de los conflictos.

Pero lo concreto es que a pesar de no haber una instrucción, lo cierto es que Aula Segura jamás ha sido utilizada por la actual administración santiaguina, muy distinto a Felipe Alessandri (RN), el antecesor de Hassler y en cuyo periodo entró en vigencia la ley. Los números dicen que durante el mandato de él se recurrió en 76 oportunidades a dicha ley, mientras que el número durante el mandato actual es cero, aunque con otras acciones legales sí utilizadas.

En detalle, el municipio gobernado por el exalcalde UDI recurrió a la ley mayoritariamente con estudiantes del Instituto Nacional (40) y Liceo de Aplicación (22). Luego aparecen el INBA (6), Darío Salas (6), Isaura Dinator (1) y Confederación Suiza (1).

De esos procesos hubo 42 sobreseídos, 15 alumnos retirados de sus establecimientos y 19 sancionados, de los cuales 13 terminaron expulsados y a seis se les canceló la matrícula (terminaron el año, pero no pudieron seguir al siguiente).

“Estábamos dotando a los rectores de una herramienta de la cual carecían al tener como único mecanismo de defensa los Reglamentos Internos de Convivencia Escolar (RICE), manuales que a todas luces no fueron redactados para hacerse cargo de la violencia que se vivía y que hoy se ha acrecentado en algunos liceos emblemáticos”, decía hace un tiempo a La Tercera el exalcalde Alessandri.

Justamente, han sido los RICE la principal arma de defensa de la administración Hassler para argumentar el no uso de Aula Segura. En distintos tonos y oportunidades, tanto Hassler como la Dirección de Educación de Santiago (DEM), comandada por Rodrigo Roco, han explicado que han optado por herramientas académicas y no punitivas.

“Los RICE de cada establecimiento educacional están actualizados y de acuerdo con la normativa vigente, la cual señala que es responsabilidad de cada director y directora de liceo o escuela el cómo se aplican las diversas medidas y procedimientos ante faltas graves o gravísimas”, dijeron, por ejemplo, en diciembre de 2022.

Más adelante, en noviembre de 2022, el propio Roco recordó que “al menos en dos casos la Corte Suprema ordenó la reincorporación de estudiantes que habían sido expulsados por Aula Segura. También la Superintendencia de Educación aplicó multas severas por procesos de expulsión llevados a cabo de mala manera”, añadiendo que “a nuestro juicio, esto muestra que Aula Segura fue sobre todo un discurso político y comunicacional, y se terminó ubicando en la arena de la política partidista. No fue una herramienta realmente eficaz para combatir lo que se decía querer combatir, ni mucho menos fue una política educativa relevante en lo formativo”.

Incluso a fines de julio pasado el mismo director de Educación de Santiago reivindicaba este tipo de accionar por sobre la mano dura. “Tenemos todos los mecanismos que ofrece la ley y los directores van tomando decisiones dependiendo de la gravedad de los hechos. La discusión de Aula Segura está superada y la Contraloría y la Superintendencia nos han dado permanentemente la razón. No hablamos de Aula Segura, hablamos de Reglamentos Internos de Convivencia Escolar”. Incluso, al ser consultado por lo curioso que resultaba que ningún director usara la herramienta a pesar de poder hacerlo, dijo: “Sinceramente creo que es una cosa más discursiva” y que “eso no significa que no estemos aplicando la legislación en lo que corresponde y cuando corresponda. Aula Segura es lo que uno llamaría una especie de mono de paja, que lo levantas para generar fuego y efectos pirotécnicos, pero lo único que vale son las herramientas que están establecidas en los RICE”.

Gracias a esos RICE, según se ha defendido Santiago, se han abierto centenares de procesos referidos a faltas gravísimas o graves, algunos de las cuales han derivado en expulsión y cancelación de matrícula. Y que además han presentado querellas atribuibles al quebrantamiento de otras leyes, principalmente cuando afectan en el interior de alguna comunidad educativa y ante faltas gravísimas a la convivencia escolar (por las que podría actuar Aula Segura).

Fue a fines de 2018 cuando el entonces Presidente Sebastián Piñera y la entonces ministra de Educación, Marcela Cubillos, firmaron en La Moneda el proyecto de ley que apuntaba a facultar a los directores de establecimientos a expulsar y cancelar la matrícula inmediatamente a quienes estuvieran involucrados en hechos violentos.

“Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento”, se lee en la ley.

Además, se explicita que el director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar. Ante esto, esa autoridad educativa tiene la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar “que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, y que conlleven como sanción en los mismos la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar”.

En los procedimientos, dice la ley, “se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros”, así como que una resolución puede pedirse ser reconsiderada. En caso de no ser así, será el Mineduc el encargado de velar por la reubicación del estudiante sancionado.