Cómo las diferencias en Chile Vamos complican al gobierno para regular el financiamiento del plebiscito

Fue el propio ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, quien, el lunes, durante una sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara confirmó que enviarían una indicación para hacerse parte de la discusión respecto de regular el financiamiento del plebiscito, una materia que el Servicio Electoral (Servel) instó a legislar de cara a la consulta del 25 de octubre.

Ese día, el secretario de Estado delineó los ejes de la propuesta del Ejecutivo. “Creemos también avanzar en una regulación en los mismos términos de los partidos, en que exista un límite de aporte, que exista un control, un límite de gasto, que exista la posibilidad de que no reciban aportes de empresas y aportes desde el extranjero”, dijo ese día, agregando que también querían regular los aportes de la sociedad civil.

Sin embargo, las intenciones del ministro se complicaron y tuvo que cambiar de estrategia: planteó la idea de la conformación de una mesa técnica y que sea finalmente el Congreso el que resuelva. Esto, apelando a que fue el Parlamento y los partidos políticos los que firmaron el acuerdo constitucional del 15 de noviembre sobre esta materia, un planteamiento que reafirmó hoy en el marco de la mesa por un plebiscito seguro, en la que participan los presidentes de ambas cámaras del Legislativo y el Servel.

“Para poder avanzar y presentar una indicación, tiene que haber cierto consenso, porque este es un acuerdo que nace desde los parlamentarios con motivo del 15 de noviembre. Entonces, nosotros no vamos a entrar en el debate con una indicación así ‘pum’, si es que no hay un consenso mínimo entre los parlamentarios, sino ese va a ser un desastre y vamos a quedar todos mal”, manifestó en la cita.

No obstante, en el oficialismo sostienen que el secretario de Estado optó por esta vía debido a que existen diferencias al interior de Chile Vamos, las que se las hicieron saber, principalmente, desde la UDI, partido en el que consideran que no se debe ahondar en este tema. Uno de los argumentos del gremialismo es que justamente este asunto quedó fuera del acuerdo del año pasado. Y esa postura también es compartida, en parte, por Evópoli.

En RN, en tanto, no hay una sola mirada. Y mientras algunos están por abrir el acuerdo del 15 de noviembre, otros están por mantenerlo intacto.

Las posturas de los parlamentarios al interior de la coalición están cruzadas, según reconocen en el oficialismo, por sus orientaciones para el plebiscito respecto al “apruebo” o el “rechazo”.

De hecho, en el partido que lidera la senadora Jacqueline van Rysselberghe creen que regular esto podría terminar beneficiando a los del “apruebo”, mientras que diputados que están por esa alternativa transmiten que los del “rechazo” no quieren legislar al respecto porque ellos son los que tienen “más recursos” económicos.

La timonel UDI si bien dice que no tiene problemas en que se mantengan las reglas que actualmente rigen a los partidos, es decir, prohibir el financiamiento del exterior y de empresas, recalca que está en contra de limitar el aporte de personas naturales y de otras iniciativas que restringen a la sociedad civil.

“Acá lo que debiera resguardarse es que no llegaran platas desde afuera, porque lo que no se puede hacer son reglas retroactivas tratando de generar una legislación que no solo le permite tener ventaja al ‘apruebo', porque van a tener que hacer campaña en estado de excepción, sino que pretenden hacer una legislación para el ‘apruebo'. Me parece francamente descabellado”, dice Van Rysselberghe.

En ese sentido, recalca que “quedan dos semanas para partir la campaña (26 de agosto) y hay algunos que decían que los grupos de la sociedad civil que quieran participar tienen que juntar 500 firmas, es decir, me parece que eso a dos semanas, con cuarentenas y estado de excepción, es intentar amarrar los pies a un proceso que ya tiene problemas de legitimidad”. Y agrega: “Las propuestas que yo he visto van en el sentido de intentar generar una legislación para el ‘apruebo'”.

Los diputados UDI Juan Antonio Coloma y Jorge Alessandri están en una postura similar, pero son más enfáticos en señalar que no se debe abrir el acuerdo del 15 de noviembre. Esto, pese a que ellos mismos plantearon la alternativa de modificarlo para eliminar la convención constitucional y reemplazarla por un Congreso constituyente.

“Ya estamos tarde para regular, porque iniciará en menos de dos semanas el período de campaña. Además, es una campaña que no promueve un candidato, sino que promueve una idea, que es muy difícil de implementar. No me gustaría ponerle tope de gasto a una idea”, asegura Alessandri, agregando que él no abriría “en nada” el acuerdo de noviembre y que “el gobierno llegó tarde. Yo ya me aburrí de votar leyes en el Congreso para la galería”.

Coloma, en tanto, dice que “no tendría problemas en poder modificar la forma en que los partidos pueden financiar o aportar, pero lo que ocurre es que quedó expresamente excluido del acuerdo; cuesta entender que a diez días de que parta la campaña se quiera modificar la forma de financiamiento de un plebiscito”.

En una postura intermedia se encuentra el jefe de bancada de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, quien si bien afirma que “en materia de financiamiento y topes de partidos políticos, en materia de financiamiento de organizaciones de la sociedad civil y en materia de financiamiento Servel para plebiscito seguro podemos avanzar”, pero recalca que “no creo viable que se pueda abrir el acuerdo, porque sería abrir el acuerdo completo y hay una serie de iniciativas que podrían terminar vulnerando el espíritu de este”.

Así, las dudas de este sector del oficialismo también apuntan a la propuesta que ha socializado el Servel. El organismo planteó que 80 días antes del plebiscito -plazo que ya se venció- se habilite un registro oficial en el que se inscriban todos los actores que participarán del financiamiento de propaganda electoral para el referéndum, desde los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, movimientos y agrupaciones ciudadanas.

En el caso de los movimientos y agrupaciones ciudadanas, el organismo propone que deben acreditar, a lo menos, una integración de 500 electores con derecho a sufragio, mientras que también establece un límite a los aportes de las personas naturales, al gasto electoral y que se fije un mínimo para cada una de las opciones que serán plebiscitadas.

En RN, por otro lado, el diputado Gonzalo Fuenzalida señala que hay que abrir el acuerdo completo y regular las materias que faltan. “Hay temas que quedaron fuera del acuerdo y que aparecen con urgencia el día de hoy. Somos de la idea de abrir el acuerdo completo porque hay otros temas que regular también”, entre ellos, escaños reservados o la posibilidad que impulsa la UDI por un Congreso constituyente.

En la misma línea está su par Andrés Longton, quien es uno de los impulsores de un proyecto en la materia que se encuentra en la Cámara.

El tema del financiamiento del plebiscito, incluso, fue conversado en la reunión que sostuvo ayer en la tarde el equipo por el “rechazo” de Chile Vamos, instancia en la que participaron varios diputados, entre ellos, Guillermo Ramírez (UDI), María José Hoffman (UDI) y Cruz-Coke.

En esa oportunidad, según presentes, se habría deslizado que esa legislación favorece al “apruebo”. Y se habría comentado que existe cierta desconfianza hacia Monckeberg porque él está inclinado por esa postura. Sin embargo, otros desestiman esa versión y sostienen que, más allá de la postura que tenga el titular de la Segpres, el gobierno ha dicho que mantendrá prescindencia.

Además, se recordó que no se llegó a un acuerdo en noviembre y para que incluirlo se requiere de un elevado quórum (2/3) para aprobarse, por lo que ven inviable que se avance en esa línea sin un consenso previo.

Otros sostienen que esta posición adoptada es una manera de presionar para que el titular de la Segpres no “conceda” mucho a la oposición, debido a que en el oficialismo consideran que ese sector no ha respetado otros acuerdos alcanzados con el Ejecutivo.

Como sea, en esa cita se acordó convocar a una reunión con el secretario de Estado para abordar este tema.

El asunto fue abordado esta mañana por el Servel en el marco de la mesa por un plebiscito seguro, donde estuvo presente Monckeberg.

En ese contexto, el presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, manifestó su preocupación por el hecho de que se entrampara el debate sobre regular el financiamiento, cuando quedan solo dos semanas para que se inicie el período de propaganda.

“Estoy preocupado de que no avancemos en el tema del financiamiento, para que sea no solamente una elección segura, participativa, sino que íntegra; para que nadie diga el día de mañana que ganó el dinero”, sostuvo Santamaría.

“Nosotros tenemos un proyecto bastante completo (...). Quienes quieran contratar propaganda debieran estar inscritos en un registro”, agregó sobre la propuesta que ya ha hecho el propio organismo al Ejecutivo.