¿Conflicto de interés?: el viaje a EE. UU. financiado por municipalidades del sector oriente que complica a nueva fiscal regional

Fueron tres días, entre el 23 y 25 de octubre de 2018, en que los fiscales especialistas en drogas, Andrés Iturra y Anatole Larrabeiti, y la entonces jefa de la Fiscalía de Las Condes, Lorena Parra, hoy actual jefa regional de la Zona Metropolitana Oriente, participaron de una capacitación en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos. La actividad fue organizada por la Municipalidad de Las Condes que hizo los contactos con la fiscal del distrito de Georgia, Laurel Boatright, con el propósito de capacitar sobre el proyecto “Drug Market Intervention (DMI)”. Éste consiste en buscar alternativas de cumplimiento de condenas para quienes cometen delitos estando bajo los efectos de sustancias ilícitas y así poder intervenir involucrando también a la propia comunidad que se ve afectada por el microtráfico.

Al viaje a Atlanta también acudieron representantes de la Defensoría Penal Pública y del Poder Judicial, además de vecinos y funcionarios de las municipalidades de Las Condes y Lo Barnechea, quienes escucharon las exposiciones de fiscales de esa ciudad, autoridades de la policía nacional de Estados Unidos y académicos de la Universidad de Michigan. El proyecto, de hecho, culminó en una actividad en que el fiscal Andrés Iturra explicó a la comunidad, estando también presentes infractores beneficiados por el programa, que ante una investigación penal ellos tienen dos alternativas: “llevarlos a ustedes a un juicio en que arriesguen penas que van desde los 541 días, 18 meses de cárcel, hasta los 5 años. Me imagino que esta no es una opción que ustedes les guste en este momento. Frente a este escenario, hay otra alternativa, otro ofrecimiento. Quiero que entiendan un poco que nuestra labor como fiscalía es investigar y perseguir delitos, llevarlos a juicio y buscar condenas. Nosotros el día de hoy, estamos renunciando a eso, porque entendemos que hay un fin superior que es liberar a una comunidad entera del problema de la droga”.

La ley impone a los fiscales jefe participar de los consejos de seguridad municipales con el propósito de entregar su visión sobre los conflictos en ese ámbito. Sin embargo, no contempla que los municipios estén encargados de capacitar o pagar congresos en el extranjero a los persecutores. A tres años de ese viaje, de hecho, se abre un flanco para la fiscal Parra, ya que ahora encabeza la repartición del Ministerio Público en que se desarrollan investigaciones por presuntos fraudes y desvíos de caudales públicos desde esos municipios a corporaciones que se sustentan con presupuesto municipal. El viaje de los fiscales a Atlanta en 2018, según información a la que accedió La Tercera PM, fue financiado íntegramente por la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente (AMSZO) y tuvo un costo de $ 1.989.255 por cada asistente. lo que incluía un pasaje aéreo ida y vuelta Santiago-Atlanta en cabina económica y el alojamiento.

Esta relación entre Parra y las exadministraciones municipales ya había tenido efecto. Recién nombrada por el fiscal nacional, Jorge Abbott, como sucesora de Manuel Guerra en la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, la máxima autoridad del Ministerio Público debió trasladar la investigación por malversación de caudales públicos y lavado de dinero que se seguía contra el exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba por el “estrecho vínculo profesional” que existía entre ella y el exjefe comunal que hoy es blanco de la justicia. Por transparencia y objetividad, se traspasó el caso a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.

Consultadas las otras tres fiscalías que operan en la RM -Centro Norte, Sur y Occidente-, todas respondieron que no registran ningún viaje de capacitación u otra índole a sus fiscales que haya sido financiado por municipios o entidades relacionadas a estos, por lo que no es una práctica habitual. De los vínculos cercanos entre fiscales oriente y autoridades municipales existe otro antecedente y es que el exfiscal regional de esa zona, Manuel Guerra, quien renunció de forma anticipada, tuvo un frustrado arribo a la AMSZO, asesoría que quedó trunca ante los cuestionamientos que surgieron por las actuales indagatorias por corrupción que existe en esos municipios.

Una alta fuente del Ministerio Público sostiene que la situación con estas reparticiones es delicada, pues manejan altas sumas de caudales públicos que tienen poca fiscalización.

Pero la fiscal Parra y sus acompañantes, además de otros miembros de la comitiva, no sólo recibieron la capacitación en Atlanta. Al terminar el Congreso aprovecharon que estaban en Estados Unidos para ir por un día y medio a New York, de paseo. La Tercera PM consultó en reiteradas ocasiones si esta última visita a la Gran Manzana fue con permiso de “feriado legal” o se ocupó la misma figura de “comisión de servicio” con la que se viajó a la capacitación, sin tener respuesta alguna hasta el cierre de esta edición. Fuentes al interior del Ministerio Público sostienen que es común que cuando un integrante de la Fiscalía viaja al extranjero por trabajo, aproveche el periplo para visitar otras ciudades, pero para ello debe solicitar sus vacaciones y no el comisionado.

Consultado por el caso, el abogado experto en Derecho Administrativo, y profesor de la Universidad de Chile, Luis Cordero, se preguntó “¿A título de qué los municipios pagan esos viajes? ¿Qué vínculo tienen con el servicio? ¿Estos viajes son autorizados por el Ministerio Público?”. El académico aseguró que le parece que “en principio no son procedentes. Contraloría, por ejemplo, desde hace muchísimos años impide situaciones de ese tipo -habitualmente en actividades nacionales- por el conflicto de interés que genera que el sujeto fiscalizado actual o potencial comprometa la imparcialidad del fiscalizador. Además del conflicto de interés evidente hay un problema con la legalidad del gasto desde el punto de vista municipal. Pero también hay un problema administrativo en el Ministerio Público”.

Cordero manifestó que no se entiende la situación: “La capacitación es responsabilidad del Ministerio Público, no de los municipios. Hay un conflicto de interés evidente”.

Un análisis similar tiene Jorge Barrera, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y la U. San Sebastián, quien sostuvo que “efectivamente podríamos estar frente a un caso de falta a la probidad. La ley Orgánica del Ministerio Público es clara en establecer el conflicto de interés como una causal de inhabilitación para dirigir la investigación de un asunto determinado en su artículo 55, y como una prohibición expresa para el actuar de los fiscales en su artículo 63″. Agregó que “asimismo, considera la falta a la probidad debidamente comprobada como una de las causales de remoción para los fiscales adjuntos, por lo que podríamos estar frente a un caso bastante complejo. Ahora bien, este es un asunto cuyo procedimiento queda en manos de la propia fiscalía, pues la Contraloría ya ha señalado sostenidamente que como estamos frente a un organismo autónomo, se ha excluido al Ministerio Público de la fiscalización que efectúa el órgano contralor, salvo ciertas excepciones, no siendo esta una de ellas”.

A través de un comunicado, la Fiscalía Oriente explicó que acudieron con el propósito escuchar las exposiciones sobre “la implementación del programa DMI y en visitas a terreno explicaron los logros obtenidos en la disminución de delitos violentos tras la puesta en práctica de la rehabilitación de barrios afectados por el dominio del mercado delictual de la droga”. Destacaron que “tras conocer esta experiencia el programa piloto Intervención de Mercados de Droga se concretó en la Villa Colón Oriente, lográndose importantes resultados tras una primera intervención con 8 personas. De todo ello existe registro e incluso esta experiencia fue públicamente difundida en medios de comunicación social”.

Junto con esto, explican, se solicitaron todas las autorizaciones para este tipo de capacitaciones. Sobre el periplo, detallaron que “los tres fiscales viajan desde Santiago el día 20 de octubre de 2018, llegando a Atlanta el 21 de octubre. El jueves 25 de octubre, previo pago particular de los pasajes y no alterándose ni el programa ni la fecha de retorno, los tres fiscales y un juez viajan a Nueva York. El vuelo de regreso es de fecha 27 de octubre, llegando el 28 de octubre a Santiago junto a otros partícipes de la comitiva, como vecinos y policías”.

La Tercera PM consultó a la fiscal Parra si creía que existía un conflicto de interés luego de que una corporación ligada a los municipios que hoy su fiscalía investiga les haya pagado esta capacitación; sin embargo no hubo respuesta.