Constanza Valdés, consejera INDH y salida de Micco: “Si llegamos a solicitarle la renuncia es porque el daño institucional ya estaba hecho”

A menos de dos semanas de haber asumido formalmente como consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) -nombrada por organizaciones sociales-, la licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y activista trans Constanza Valdés se mantiene firme en su postura de reestructurar el organismo.

Por lo mismo, defiende el hecho de haber solicitado -junto a otros cuatro consejeros- la renuncia del actual director, Sergio Micco, la semana pasada, en la sesión en que debutaron en sus cargos.

Para ella, en pocos días han logrado “romper el paradigma conservador” bajo el cual venía trabajando la entidad. “Tenemos propuestas, queremos avanzar y por lo mismo considerábamos que la actual administración no daba paso a esos avances y él aceptó”, sostiene. Valdés -que no descarta llegar a la dirección del instituto- adelanta que busca reestudiar la presentación de querellas contra Carabineros y autoridades del gobierno de Sebastián Piñera por sus actuaciones en el marco del estallido social.

Algunos consejeros vieron esto como un “golpe blanco” que daña la institucionalidad. ¿Cómo se recomponen esas relaciones?

Lo abordé durante las sesiones que hemos tenido. Si llegamos a esta situación de solicitarle la renuncia a un director es porque el daño institucional ya estaba hecho. Esto no viene sólo de los últimos tres años. Es una institución que ha sido muy jerárquica, que ha tenido muy mala comunicación con los trabajadores, lo que se ha traducido en problemas para acercar al consejo a lo que son las labores del instituto mismo, dejando todo exclusivamente a la dirección.

¿Por qué esos consejeros no hacen una autocrítica cuando el mismo director ha sido noticia por dar declaraciones que no corresponden, como decir que los derechos humanos tienen deberes, o por la forma en que se manejó la toma de las oficinas? Él está siendo indagado por interceptación de comunicaciones privadas, y si bien creemos en la presunción de inocencia, es un golpe a la institucionalidad. Lo mismo ocurre con el hecho de que tengamos 19 causas laborales abiertas en contra de la institución en los últimos tres años. Cuando hablamos de daño, hablemos en serio. Por lo demás, acá había sólo una petición, el podía acogerla o no.

A Micco también le cuestionan el manejo que tuvo en torno al estallido. Sin embargo, bajo su gestión el INDH presentó miles de querellas en favor de las víctimas. ¿Eso no entra en el análisis?

Nosotros hacemos ese reconocimiento. El INDH avanzó de manera bien importante en torno a la cantidad de querellas presentadas. La crítica apunta principalmente a que el director fue bien reacio a referirse a las violaciones a los derechos humanos y eso tuvo un impacto directo en el manejo que se dio en nuestro país respecto de la situación que se estaba viviendo: traumas oculares, personas afectadas por balines y perdigones. Era superimportante la posición que tenía el instituto respecto de cómo la administración central manejaba la situación.

Ahí sentimos que hubo mucha negligencia, mucho quedarse en los laureles, pues se debió tener un rol mucho más enérgico. La autonomía permite que ante violaciones a los derechos humanos el instituto pueda pronunciarse. Por lo demás, presentamos más de tres mil querellas ¿No debió ser eso un antecedente suficiente que da indicio de un patrón de sistematicidad?

¿Cree que le faltó fiscalizar más al gobierno de Sebastián Piñera?

Creo que tuvo varias vinculaciones con esa administración. Sergio Micco no fue un actor que incomodara al gobierno de Sebastián Piñera, justamente en un contexto donde esa administración estaba siendo el principal culpable de las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en ese momento. Es entendible que organizaciones de la sociedad civil lo catalogaran así. Estuvo muy cuadrado con el gobierno, y no interpeló al Poder Ejecutivo. Es lamentable que una dirección generara esa imagen de cercanía con una administración donde se estaban violando los derechos de las personas.

¿Van a revaluar perseguir las responsabilidades políticas de esa época?

Las estrategias judiciales no se pueden adelantar, considerando también que es una estrategia que debe ser bien resguardada. Los pasos que tenemos que retomar tienen que ver con analizar justamente la responsabilidad de lo que sucedió durante el estallido y la revuelta. De hecho voy a solicitar que esto se empiece a abordar por parte de las unidades técnicas.

Me parece superimportante volver a un tema que ya hemos estado discutiendo, y que tiene que ver con la presentación, en primer lugar, de la querella hacia los altos mandos (de Carabineros) por lo que sucedió y, en segundo lugar, lo que dice relación con la querella que en su momento no se aprobó por los crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Es importante que podamos retomar el debate, encargar nuevamente que se haga un análisis de los antecedentes, viendo los estándares internacionales y la doctrina chilena, y que volvamos a tener esta discusión para definir si existen o no posibilidad de presentar esas querellas, porque anteriormente la discusión fue mas política que técnica. Personalmente creo que tenemos todos los antecedentes técnicos para fundamentar esas querellas.

La nueva administración anunció acciones en torno a la reparación pero no se han materializado. ¿Cuál es la postura que tiene frente al gobierno de Gabriel Boric?

Lamentablemente no hemos tenido reuniones formales con las autoridades de gobierno, y yo creo que también ha sido por la mala imagen de la dirección. Espero que en torno a esta nueva dirección podamos tener una reunión y no solamente el director o directora, sino ojalá el consejo completo con las personas encargadas de esta materia.

No hemos analizado la agenda de gobierno y me parece que es superimportante analizarla desde ya para tener una postura como instituto al respecto.

¿Cómo van a resguardar ustedes la autonomía?

Lo más relevante en este proceso y lo que queremos recuperar es que se mantenga su autonomía. No es secreto que tenemos cercanía con esta administración, pero independientemente de eso, tenemos que tener la disposición a trabajar en las materias que puedan traer críticas que sean necesarias al gobierno de alguien. Como por ejemplo, yo planteé analizar la militarización constante o el hecho de que tengamos constantemente estado de excepción constitucional en la denominada Macrozona Sur. Yo creo que la manera de resguardar la autonomía es efectivamente analizar cada una de las denuncias de violación a los derechos humanos con altura de miras. No debiera haber ningún doble estándar y por mi parte no voy titubear en eso.

¿Qué le pareció el fallido nombramiento del historiador Fernando Pairican de parte del gobierno?

Es una situación lamentable, ahí hubo errores formales, no vamos a andar responsabilizando a personas ni nada, pero ojalá pueda verse un nombre lo más pronto posible, ojalá una mujer perteneciente a un pueblo originario que tenga trayectoria en materia de derechos humanos La Cámara también está con un retraso en torno a esto por las esquirlas políticas que generó la renuncia del director.

Acá no existe ninguna recriminación hacia Fernando, nada en absoluto. Me parece que fue una desprolijidad, no tuvimos nunca una notificación formal por parte del gobierno.

En las próximas semanas deben elegir nuevo director o directora. ¿Cómo mira ese debate?

A mi juicio, debería ser una persona que tenga como principal eje la defensa y promoción de los derechos humanos. En segundo lugar, que más allá de los nombres, se presente un plan de trabajo para salir de esta crisis. Yo tengo graves críticas al instituto porque hay un problema que se acarrea desde la administración de Lorena Fries. A mi juicio, la dirección debiera venir de nuevas personas, idealmente, de una mujer, pero de las nuevas personas.

¿Está disponible?

Si así efectivamente lo estima el resto de los consejeros y consejeras, por supuesto que sí.