Contra Los Gallegos y el Tren del Coro: los megajuicios en Arica de bandas internacionales que hacen redoblar la seguridad en el Ministerio Público

Las últimas semanas han sido tensas para la Fiscalía Regional de Arica. Luego de investigar por meses a Los Gallegos, banda ligada al Tren de Aragua, lograron que el juicio oral en contra de 38 imputados se llevara adelante de manera semipresencial, acotando los eventuales riesgos a los que se exponían, pues los sujetos se encuentran recluidos en diferentes recintos penitenciarios.

Aquello se materializó a pesar de las acciones de las defensas, que buscaban que todo fuera presencial. Pero aún así se han presentado complicaciones en el camino. Entre ellas, que a días del inicio del juicio, se recibió un llamado anónimo en Arica que advertía de la supuesta presencia de artefactos explosivos en tribunales de esa ciudad, de Linares, Concepción y Temuco.

El fiscal regional Mario Carrera calificó los hechos como “esperables” y aunque la situación no pasó a mayores, fue una señal más que les indicaba que se tenían que extremar las medidas de seguridad.

Por lo mismo y teniendo a la vista que en días próximos iniciarían un nuevo proceso contra los tres líderes de otra peligrosa banda que operaba en la región, el Tren del Coro, se redoblaron las coordinaciones con policías, Gendarmería y con autoridades del Ministerio Público. Y es que en este caso, por lo demás, el juicio oral se desarrollarían de manera presencial y sus integrantes ya habían proferido amenazas contra los investigadores.

Tenían registro de que durante la investigación se detectaron fotos del fiscal regional en celulares que les habían sido incautados a los acusados y que en una oportunidad, uno de los persecutores había sido amedrentado mientras circulaba en su vehículo por la ciudad. En ese momento, desde otro auto, sujetos que se asociaron a dicha organización le exhibieron una serie de armas de fuego.

Con dichos datos en carpeta, y presentada la acusación contra los sujetos, Carrera planificó el despliegue a realizar esta jornada, cuando finalmente los tres cabecillas de la banda -contra quienes se piden penas cercanas a los 160 años de cárcel- comparecieron ante el Tribunal Oral en lo Penal de Arica para el inicio del juicio.

Personal del GOPE de Carabineros revisó las instalaciones de manera exhaustiva, la policía uniformada desplegó anillos de seguridad en torno al tribunal y, además, efectivos de Gendarmería dispusieron cápsulas de seguridad especiales para el traslado de los imputados.

“Nos hemos coordinado tanto con Carabineros, Gendarmería y la Delegación Presidencial, porque esto no sólo tiene que ver con la seguridad de quienes estamos a cargo de estas causas, sino que con la tranquilidad de toda la sociedad”, comentó a La Tercera el fiscal Carrera.

Si bien la situación en Arica ha obligado a los fiscales de esa zona tomar amplias medidas, como contar con escoltas, comparecer de manera telemática a audiencias e incluso el traslado de ciudad de uno de ellos, no son disposiciones que se limiten a dicha región, pues ya en otras zonas se están disponiendo medidas.

“Nosotros tomamos medidas a partir del 2022 y no se han bajado en cuanto a su intensidad. Eso nos llevó, por ejemplo, a plantear la adquisición de vehículos blindados para traslados y concurrencias. Muchas veces se tomaba este tema como si no fuera necesario en Chile, pero nuestra realidad en Arica sí lo reflejaba. Si las mismas organizaciones ya habían atentado contra policías y fiscales en otros países como Ecuador, por qué acá sería diferente. Eso tuvimos a la vista y luego esto se ha ido extendiendo al resto del país”, comentó Carrera.

Relevó, en el mismo sentido, que la preocupación del fiscal nacional Ángel Valencia, ha estado desde el día uno “y por lo mismo la primera visita que realiza el nuevo jefe de Seguridad fue a Arica. Estuvo una semana acá y hubo buenos resultados, por lo que estamos conformes. Validó las medidas que habíamos tomado y autorizó nuevos recursos para las que tenemos pendientes”.

En Santiago, por ejemplo, fiscales regionales ya han dispuesto que fiscales jefes y equipos de la Fiscalía no transiten por la explanada del Centro de Justicia cuando acuden a algunas audiencias. Se les ha instruido, como pudo conocer este medio, a que circulen por el interior de las instalaciones aunque las últimas semanas no todos se han apegado a la medida.

De la misma forma, en las dependencias donde funciona la Fiscalía Nacional, se aumentaron los controles de seguridad y guardias reforzaron revisiones con detectores de metales e inspección de carteras y mochilas.

Esto, como se ha precisado, tendría relación con análisis que ha podido realizar Emilio Rodríguez, quien en marzo asumió como el primer jefe de la nueva unidad de Seguridad del Ministerio Público.

Respecto del Tren del Coro, la Fiscalía ha hecho presente que ésta era liderada por un ciudadano colombiano y secundada por dos venezolanos que fueron detenidos el 30 de marzo de 2023, luego de que ingresaran a una vivienda y amenazaran a una familia.

En su huida, como expuso en su momento el ente persecutor, dejaron una pistola marca Glock 19, con su respectivo cargador con once proyectiles balísticos, incluyendo una munición “Hollow Point” (también conocida como mata policías), además de una pistola de aire comprimido, lo que sirvió para seguirles la pista.

Así, durante la tarde de esa misma jornada, personal de Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI ingresó al domicilio de los acusados, donde uno de ellos, al ver la presencia policial, subió al techo y lanzó 2 armas de fuego que posteriormente fueron recuperadas.

La acusación contra los sujetos incluye cuatro hechos delictivos, donde tuvieron distintos grados de participación. Así, entre otros delitos se les atribuye un robo con intimidación, tráfico de droga en pequeñas cantidades, internación ilegal de armas al país y porte ilegal de armas de fuego y munición. Para cada uno se piden 53 años de cárcel.

Otros tres miembros venezolanos, cabe hacer presente, ya habían sido condenados con anterioridad en el marco de juicios abreviados.