Contraloría pone reparos a contrato de Tomás Henríquez, el conservador director jurídico del Mineduc

El Ministerio de Educación está reformulando el contrato de Tomás Henríquez Carrera, actual jefe de la División Jurídica del Mineduc y uno de los abogados más cercanos del ex candidato presidencial de la derecha, José Antonio Kast.

Henríquez Carrera es abogado de la Universidad Católica, Máster en Derecho de la Universidad de Georgetown y docente en la educación superior, y además fue director de la la ONG conservadora Comunidad y Justicia. Su nombramiento, junto al de otros seis profesionales que llegaron al servicio público con el ministro Gerardo Varela, fue representado por la Contraloría General de la República. Desde el Mineduc aclaran a La Tercera PM que se trata de problemas de forma y no de fondo.

"Frente a algunos de los nuevos nombramientos, cuyos decretos fueron confeccionados por la unidad de recursos humanos, la Contraloría se abstuvo de tomar razón por razones de forma, en cuanto faltaban considerandos de fundamentación, dados sus nuevos criterios en materia de contratación y término anticipado. En ningún caso se ha tratado de una falta de cumplimiento de requisitos para ingresar a la administración pública y a estos cargos en particular. Todos los decretos están siendo modificados para cumplir con estas observaciones menores, y serán reingresados a la Contraloría", precisaron.

La designación de Henríquez Carrera generó reparos por parte del mundo progresista. Desde Comunidad y Justicia, organización "centrada en la defensa del derecho a la vida, de la familia, a la libertad de enseñanza, de religión y de las conciencias, al derecho preferente de los padres en la educación de sus hijos", emprendió una serie de acciones que buscaban frenar el avance en derechos de las minorías sexuales.  Desde allí, presentó un recurso en contra de la distribución del libro "Nicolás Tiene 2 Papás" y una querella por prevaricación contra el juez Luis Fernández, quien el 22 de agosto de 2016 aprobó el cambio legal de sexo y nombre, tras una petición de su familia, de una niña transgénero de 5 años.

Además en 2016, recurrió con el entonces diputado José Antonio Kast (IND) a la Contraloría  para pedir que se declarara ilegal el acuerdo alcanzado entre el Estado y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) que buscaba destrabar una demanda de la organización en contra de Chile en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

También defendió públicamente al dueño de una imprenta se negó a imprimir las invitaciones para una Unión Civil de una pareja homosexual. Adujo al respecto "la objeción de la imprenta no es a atender a homosexuales sino a que la obliguen a participar de un acto que ellos consideran inmoral".