Convencionales de Chile Vamos plantean reducir tiempos en terreno para agilizar discusión de normas y evitar solicitud de prórroga

No estuvo exenta de polémicas, desde la elección del lugar para sesionar hasta la forma en que se desarrollarían las actividades. Pero, finalmente, la primera salida del pleno de la Convención Constitucional fuera de la Región Metropolitana se realizó entre el lunes 22 y el viernes 26 de noviembre y, en el momento de los balances, las evaluaciones son bastante dispares.

Mientras la mesa directiva releva el carácter de “histórica” de la visita a la Región del Biobío, convencionales de Chile Vamos cuestionan su eficacia y abren dudas respecto de la complejidad en torno a la realización de salidas a terreno versus el “apretado” cronograma que enfrentan para poder emanar un texto constitucional en los plazos establecidos. Eso, sumado a los cerca de 350 millones de pesos que significó la gira de los 154 convencionales.

De acuerdo a la reforma que habilitó el inicio del proceso constituyente, la Convención tendría un plazo de nueve meses, prorrogable por otros tres, para redactar la nueva Carta Magna. Sin embargo, la propia Convención, a través de su mesa directiva y con las actividades acordadas en sus reglamentos, ya adoptó la decisión de utilizar el año completo e, incluso, algunas voces -como el convencional Manuel Woldarsky (Pueblo Constituyente)- han apelado a la necesidad de prorrogar aún más el mandato.

En este contexto, además, ha tomado fuerza el debate en torno al período presidencial y parlamentario, asunto en que 16 convencionales de la UDI e independientes, junto al RN Harry Jürgensen, ingresaron ayer una norma transitoria para que, de concretarse una modificación en esa línea, no aplique para la administración que comienza a regir en marzo de 2022.

De manera más soterrada, otra discusión se ha abierto en el órgano constituyente: el cronograma de trabajo propio de la instancia. Al respecto, convencionales de distintos sectores políticos enfatizan la importancia de apegarse a los plazos establecidos, lo que podría implicar revisar algunas actividades, como las semanas territoriales y una segunda salida del pleno de la Convención, que debería realizarse al norte del país. Esto, en virtud de lo establecido en el Reglamento General del órgano constitucional, cuyo Artículo 5 sostiene que “el pleno completo de la Convención debe sesionar al menos dos veces fuera de la ciudad de Santiago”.

En entrevista con La Tercera, Fernando Atria (Frente Amplio) planteó que “el cronograma que la Convención aprobó está pensado para que termine su trabajo en un año. Ahora, hay ciertas cosas, como las semanas territoriales, que implican una presión en el tiempo disponible que hacen que todo sea muy apretado. Y supongo yo que quienes las empujaron siempre pensaron en una prórroga. Está claro que la expectativa de que el nuevo Congreso iba a ser más favorable a la Convención no es real”.

En opinión de distintos convencionales de la UDI, RN e independientes, las sesiones en Biobío tuvieron aspectos positivos -como la posibilidad de conocer in situ las realidades locales-, pero en términos de eficiencia y uso de recursos, abundan las críticas.

En esa línea, Bernardo Fontaine (independiente-RN) explica que “por el apuro que tenemos, debiéramos apretar la agenda regional y sesionar dos días fuera de Santiago, no una semana” -sugiere-, pues “redactar una propuesta de Constitución bien hecha y rápido es la prioridad”.

Opinión similar expresa Ricardo Neumann (independiente-UDI), quien sostiene que “las instancias de participación pueden hacerse de manera más eficiente en tiempo y recursos”.

El vicepresidente UDI de la Convención, Rodrigo Álvarez, plantea que “hay que revisar los aspectos económicos de gastos y también lo que fue el trabajo de los plenos de la Convención que, a mi modo de ver, no fueron tan productivos”.

“La visita a Biobío cumplió el objetivo sobre descentralización, (pero) evidentemente se pueden buscar mejores maneras para lograr ese objetivo”, plantea el RN Cristián Monckeberg, mientras que su par Ruggero Cozzi es más tajante: “(La gira) fue un esfuerzo logístico, presupuestario y de tiempo que no se justifica volver a repetir. La descentralización no se va a lograr a través de puros simbolismos. Necesitamos concentrarnos en la redacción de la nueva Constitución, y este tipo de viajes nos desvían de ese objetivo fundamental”, apunta.

En tanto, para los convencionales UDI Constanza Hube y Martín Arrau, el balance es negativo y ponen el acento, sobre todo, en la decisión de que la instancia no acudiera a zonas de conflicto, como se había pensado en un comienzo. Sobre ello, Arrau explica que “al ir a Arauco, por ejemplo, y no ir a Cañete o a la zona de conflicto para escuchar a las víctimas silentes del terrorismo, no puedo hacer una buena evaluación de esa gira”.

En el mismo sentido, Hube afirma que “se incurrió en gastos públicos desproporcionados, muchas de las comisiones recibieron audiencias públicas por Zoom, en circunstancias que la idea de trasladarse a regiones era escuchar a la sociedad civil de dicha región. Por nuestra parte, al menos, nos reunimos con padres y apoderados de colegios particulares subvencionados y con víctimas de terrorismo y violencia en la provincia de Arauco. Si bien fueron desgarradores los testimonios, escuchar dicha realidad era el objetivo que teníamos en vista cuando fuimos a sesionar a Biobío”, destaca.

De este modo, en la centroderecha no solo ponen en duda la realización de la segunda gira establecida en el reglamento, sino que sugieren evaluar la viabilidad de las semanas territoriales que, mensualmente, tienen los convencionales para trasladarse a sus distritos y realizar allí labores de difusión del proceso.

Estos espacios regionales quedaron estipulados en los reglamentos que norman el trabajo de la Convención, por lo que cualquier cambio deberá estar sujeto a una discusión del pleno para introducir las modificaciones respectivas.

Esta discusión ya se está desarrollando de manera incipiente entre los convencionales y, desde la centroderecha, la postura parece ser una sola: las semanas territoriales deben repensarse, pues no hay espacio -afirman- para solicitar una prórroga al Congreso.

Así lo plantea, por ejemplo, Hernán Larraín (Evópoli), quien dice que “soy partidario de reducir o flexibilizar las semanas territoriales para priorizar el trabajo de contenidos. Es clave concentrarnos en lo sustantivo y así respetar los plazos que establece la Constitución vigente”.

En la UDI, además, subrayan que durante la discusión que dio pie a las semanas regionales, estuvieron en contra, justamente, por lo acotado de los tiempos. De ese modo, Hube sostiene que “es evidente que se tendrán que reestructurar y eliminar si se quiere cumplir con los plazos que están en el reglamento, el que, sin duda, va a tener que ser modificado”.

“Si somos serios y responsables, en ningún caso podemos proponer una ampliación de plazo más allá de los tres meses para totalizar el año que establece la norma constitucional, eso es parte del acuerdo que se plebiscitó y aprobó por la mayoría de los que votaron, al igual que el quórum de 2/3 y del mandato único de elaborar una propuesta de texto constitucional”, puntualiza Arrau.

En palabras de distintos convencionales de centroderecha, un factor relevante para evitar extender más allá de un año la discusión constitucional es la necesidad de “entregar certezas” al país. En ese sentido, Fontaine remarca que “Chile no merece seguir en la incertidumbre. El vicepresidente Jaime Bassa nos ha dicho, temerariamente, que el Presidente que elegiremos el próximo 19 de diciembre y el Congreso recién elegido pueden ser ‘transitorios’ si la Convención así lo propone. ¿Cómo no va haber una incertidumbre enfermiza con ese tipo de posibilidades? Necesitamos resolver la incógnita constituyente cuanto antes para que Chile vuelva a despegar social y económicamente”.

Por eso, el economista sugiere como alternativa que, a contar de marzo, se suspendan las semanas territoriales para que el esfuerzo de la Convención esté puesto en los textos constitucionales. Una propuesta similar hace Álvarez: “No sé si es bueno mantener un régimen de salidas de toda la Convención y, al mismo tiempo, va a ser necesario analizar las semanas territoriales, ya sea juntándolas en algún período de tiempo, por ejemplo, en el momento en que estemos en la comisión de armonización, o permitiendo que funcionen desde el distrito las comisiones”.

En la misma línea, Monckeberg dice que “las semanas territoriales son importantes, pero flexibilizar su habitualidad puede ser necesario, sobre todo al final del proceso, donde los plazos son escasos”. “La Convención debe dar certezas y no saltarse las reglas, por lo mismo no caben más plazos que el 9+3″, concluye.

“Con los resultados de las elecciones parlamentarias queda bastante cerrada la puerta a una extensión del plazo de la Convención, no están los votos en el Congreso”, precisa Cozzi, mientras Neumann enfatiza que “independiente de la composición política del Congreso, las reglas no deberían cambiarse por ningún motivo. Debemos cumplir nuestro mandato en los plazos establecidos en la Constitución vigente y veo positivamente que la pretensión de alargue que algunos sectores de la Convención pretendían se hará muy difícil a partir de los resultados de la última elección parlamentaria”.