Coronavirus y desmanes: Los riesgos a ojos del Servel y el gobierno para el plebiscito

Dos meses y menos dos días quedan para la elección del 26 de abril y en el Servicio Electoral (Servel) hay al menos dos datos considerados altamente sensibles y que puertas adentro se manejan con harto celo. Una es la ubicación de las papeletas de votación, las actas y todo el material, almacenadas en locaciones “clasificadas" por temor -dicen allí- a que sean atacadas. La otra es el mapeo, cantidad e ubicación de un número equis de locales de votación ya designados como opciones de reemplazo de aquellos en que no se pueda votar. No hay caso: es top secret, dicen.

Ambas preocupaciones responden a la eventualidad de que en los días previos, o el mismo 26, ocurran incidentes, desórdenes, desmanes de cualquier tipo que alteren, impidan o amenacen con impedir la votación y escrutinio. No es paranoia sino que son una serie de supuestos en los que se están colocando las autoridades y entes vinculados al proceso que parten de la base de que hay que evitar como sea posible que la elección esté en discusión. Ese debate se ha ido haciendo más urgente a medida que se acerca la fecha y a medida que se suceden eventos “alerta” (que no comparables), como la saboteada versión 2019 de la PSU, o las aprensiones que hubo el domingo por el futuro del Festival de Viña.

Como el gobierno es el primero que tiene encima la presión de garantizar de que el plebiscito no va a fracasar -como la APEC o la COP25-, algo de eso se planteó durante la reunión que tuvo el Presidente Sebastián Piñera con el consejo directo del Servel anteayer miércoles, en La Moneda. Estaban sus tres ministros políticos. Y uno de los puntos que planteó el dueño de casa fue precisamente el de los locales de reemplazo: según una de las versiones, solicitó que si hay que sustituir un colegio o liceo por equis razón (pero casi todos piensan en una sola: desmanes), que se haga a más tardar cuatro días antes del domingo 26. La razón sería tener tiempo para informar los votantes y evitar que la crisis castigue una participación electoral que muchos auguran alta (también apostaban por eso para las municipales del 2012 y ocurrió todo lo contrario).

Se puede intentar, comentan en el Servel. Pero advierten que puede haber imprevistos hasta última hora. Eso sí, anticipan que el mismo día de la votación, ya constituidas las mesas, será impracticable hacerlo e imposible redireccionar a otro establecimiento. Así como en el gobierno, en el Servel llevan discutiendo y analizando diversos flancos de esto desde el escándalo de la PSU. Dicen que la Ley de Votaciones Generales y Escrutinios prácticamente no acusa vacíos que cuesten caro más tarde, pero que si es por sentido común y ojo político, pues hay que tener mucho.

Solo hay una forma: que el Congreso tramite contrarreloj una reforma constitucional que fije una nueva fecha, asi como se hizo una para fijar el del 26.

Tan descabellado no es. Hay un escenario que los directores del Servel han analizado varias veces, aunque no lo habrían tocado en la reunión con Piñera: el Covid-19. En abril las temperaturas serán más bajas (se supone que el calor veraniego lo ha ahuyentado del país), y con la propagación que ha tenido hay que ponerse el caso que de una vez llegue. Si el coronavirus llega, habrá que preguntarse qué hacer con el plebiscito, porque una votación implica aglomeraciones humanas y la idea es que vote harta gente.

Acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay tres entidades con injerencia en el proceso: el Ministerio del Interior y de Defensa, a cargo del orden público; el Servel, el único con atribuciones para designar locales de reemplazo antes del 26, y el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), el único facultado para tomar decisiones después de la votación.

¿Qué pasa si hay desmanes o, como teorizan algunos, ataques incendiarios contra locales de votación? Según la ley, diez días antes entra a regir una norma que faculta a la policía (y a las Fuerzas Armadas, 48 horas antes) a detener por delito flagrante. Dice el artículo 143 de la Ley 18.700: “El que impidiere ejercer sus funciones a algún miembro de la junta electoral, mesa receptora, colegio escrutador o al delegado de aquélla, sufrirá la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio. Igual pena sufrirá el que perturbare el orden en el recinto en que funcione una junta, mesa receptora o colegio escrutador, o en sus alrededores, con el fin de impedir su funcionamiento, desde los diez días anteriores a la fecha de la elección o plebiscito”.

Esto quiere decir -dicen en el Servel- que, así como se hizo en Santiago el 2013, la fuerza pública puede desalojar sin más y sin mediar autorización del sostenedor. Dos días antes de la elección los locales quedan bajo control militar. En cada zona hay un jefe de fuerza (antes conocido como jefe de plaza), y en cada local queda un oficial al mando. En la reunión con Piñera, Alfredo Joignant, uno de los consejeros del Servel, le pidió que en los sitios más críticos se destinaran más suboficiales y menos conscriptos.

Concepción, Valparaíso y varios sitios de Santiago entrarían en esta nómina. Y otros: ayer a alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, dijo en Radio Agricultura que "considerando que aquí la PSU fracasó en primera instancia, hoy yo no garantizo ningún proceso eleccionario en nuestra ciudad. Hoy es imposible”. Y que “Hoy como alcaldesa yo no garantizo ningún proceso eleccionario...y si sale, sale sucio”. La frase cayó pésimo en el Servicio Electoral, y en los próximos días se aplicarán en conversar con los jefes comunales, que son los que colocan las urnas y la señalética en los locales de votación.

Y eso lleva a uno de los supuestos más delicados: la votación del Presidente Piñera. Como es muy probable que sigan las manifestaciones en su contra, lo que ocurra con eso será una señal decidora. Hasta en el Servel comentan que bajo ninguna circunstancia debe ponerse en peligro ese momento y que el mandatario debe poder votar sin inconvenientes y ojalá tampoco haya desmanes graves en los alrededores.

Cualquier escenario en que ese momento corra peligro, creen algunos personeros, podría alimentar reclamos de parte del oficialismo, la derecha o incluso la derecha de la derecha, de que el proceso es impracticable. Por lo mismo, otra votación crítica será, por ejemplo, la de José Antonio Kast, líder del Partido Republicano y portaestandarte del “Rechazo”.

Más allá de eso, ¿habrá locales que corran peligro? En el Servel dan por hecho que habrá incidentes. Confían en el resguardo militar. Pero les preocupa que, en caso de desmanes, haya vocales de mesa que deserten o votantes que sencillamente se queden en casa, con el castigo a la participación. Pero ellos solo pueden decidir cambiar un local por otro antes.

Si la decisión es posterior, la palabra la tendrá el Tribunal Calificador de Elecciones, órgano que por ley califica, sanciona o declara oficial un resultado. Y que puede, según la ley, declarar suspendida, posponer o anular (y jamás repetir) la elección en una mesa, un local o una zona completa. Sus fallos sin inapelables. Los entendidos dicen que el hábito ha dictado hasta ahora que puede decretarse nula y no reintentar la votación en unas pocas mesas si es que se evalúa que es imposible que incida en el resultado final.

Esto ya ha ocurrido. El 2017 se suspendió la votación de la elección presidencial en la localidad de Villa Santa Lucía (Región de Los Lagos), luego que un aluvión arrasara con ella, llevándose el local de votación y todos los materiales que estaban en la Escuela Rural Valle el Frío. La intención fue hacer la elección de todos modos, pero ante la catástrofe (murieron 13 personas) fue imposible. Nunca se repitió. Claro que no es lo mismo eso que anular todo el Estadio Nacional.