Corte Interamericana de DD.HH. resolverá este miércoles responsabilidad del Estado de Chile por expropiación de radio en 1973

Durante el golpe de Estado de 1973 y la posterior transmisión del último discurso de Salvador Allende, la Radio la Voz del Sur fue expropiada por los militares. Los dueños de la emisora, quienes fueron detenidos y llevados a distintos centros de prisión y tortura, recurrieron a la justicia por los daños causados por la confiscación de la radio.

Sin embargo, en 2004, la Corte Suprema resolvió a favor del Estado y no recibieron compensación ni reparación. Por esto, la defensa decidió llevar en 2022 el caso a tribunales internacionales y este 7 de febrero, se realizará la audiencia pública en la Corte Interamericana de DDHH.

En aquella instancia, la defensa a cargo de Ciro Colombara y Jennifer Alfaro pide que el Estado adopte las medidas necesarias para que las víctimas y sus herederos reciban una compensación adecuada, producto de los daños derivados del cierre, disolución y confiscación de la radio.

Esperan que “se obtenga un resultado favorable, que haya reparación integral, verdad y justicia, que todos sepan que la Radio la Voz del Sur de Punta Arenas fue una desaparecida más de la dictadura cívico militar”. Agregan que confían que “se condene a Chile, porque el sistema judicial y la democracia les fallaron a las víctimas de este caso”, sostuvieron los abogados Colombara y Alfaro.

La causa denominada como “Galetovic Sapunar y otros versus Chile”, acusa la responsabilidad del Estado de Chile por la falta de acceso a un recurso judicial efectivo para la reparación por la confiscación de una radio durante la dictadura.

El 3 de noviembre del año pasado, el presidente de la CIDH, Ricardo Pérez Manrique, resolvió “convocar a la República de Chile, a los representantes de las presuntas víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una audiencia pública sobre la excepción preliminar y los eventuales fondo, reparaciones y costas en el presente caso”. Se fijó la audiencia el día miércoles 7 de febrero, en la sede de la corte ubicada en San José, Costa Rica.

En un principio quien iba a ir a nombre del Estado era el ministro de Justicia y DD.HH., Luis Cordero, pero al ser nombrado como jefe de la cartera se solicitó un reemplazo. Quién terminará representándolo será el abogado José Miguel Valdivia Olivares, doctor en derecho y profesor de derecho administrativo, que declarará sobre los desarrollos en la doctrina y jurisprudencia chilena en materia de nulidad de derecho público y acción indemnizatoria ejercida contra el Estado.

El caso llega a la CIDH luego de que haya pasado años en los tribunales nacionales. Los abogados dicen que “ya en democracia los Tribunales de Justicia dieron la razón a que el decreto era nulo, pero no los indemnizaron. Hasta la actualidad se les ha vulnerado su derecho a la libertad de expresión, derecho a la propiedad, a la integridad física y psíquica y a un recurso judicial efectivo”.

Las víctimas en este caso, los principales socios de la que fue la radio más grande en Punta Arenas, son Daniel Ruiz Oyarzo, Carlos González Jaksic, Hugo Formantel Díaz, Néstor Navarro Alvarado, Mario Galetovic Sapunar y Óscar Mayorga Paredes. Estos dos últimos son los únicos que se encuentran actualmente con vida y los seis formaban parte de la sociedad Ruiz y Compañía Ltda., que era la administradora y operadora de la radio expropiada.

Mario Galetovic, exsocio de la emisora que también está citado a declarar el próximo 7 de febrero, espera “que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicte una sentencia reparatoria, que no obtuvimos en nuestra patria. La Corte Suprema de Chile nos denegó justicia en su sentencia del 21 de enero de 2004″, sostuvo.

Los daños materiales producidos fueron los elementos técnicos que hacían funcionar la radio, entre los que se cuentan: el transmisor, el mástil radiante, un importante stock de repuestos, la vivienda del cuidador de la planta y el mobiliario. También perdieron la fuente laboral, tanto los socios como la plantilla de trabajadores.

La radiodifusora La Voz del Sur, ubicada en Punta Arenas, existió por más de 40 años, y era la emisora que abarcaba más territorio en Magallanes. Su transmisión -que simpatizaba con el gobierno de la UP- contaba con programas juveniles, deportivos, noticieros, musicales, radio teatro y campañas solidarias. El 11 de septiembre de 1973, fecha del golpe de Estado, fue su ultima transmisión.

Tras emitir el último discurso de Salvador Allende, llegaron los agentes del Ministerio de Defensa a tomarse el lugar. Sus trabajadores fueron llevados a diferentes centros de prisión.

El destino de cada uno de los socios fue distinto. Daniel Ruiz, el entonces director, estuvo varios años preso y posteriormente relegado bajo muy estricta vigilancia en la ciudad de Castro, Chiloé. Carlos González, estuvo inicialmente preso y luego fue expulsado del país, se fue a vivir Yugoslavia y Venezuela. René Formantel, Oscar Mayorga y Néstor Navarro estuvieron encarcelados.

Mario Galetovic pasó por la cárcel y después fue expulsado del país, por lo que estuvo exiliado en Gran Bretaña y en Mozambique.

Con la vuelta a la democracia, en 1991, los exsocios se reunieron para conversar qué acciones legales emprenderían. “El acuerdo fue otorgarme un poder especial para iniciar consultas con abogados de la región y de la capital , para saber si existían posibilidades de acciones legales contra el Fisco”, cuenta Galetovic.