Las isapres han venido alertando en el último tiempo sobre la compleja situación financiera que atraviesa la industria. De hecho, el viernes pasado la Asociación de Isapres advirtió, a más de una semana de conocido el fallo de la Corte Suprema que les ordena aplicar la tabla de factores definida por la Superintendencia de Salud en diciembre de 2019, que “el sistema está en una encrucijada y dependiendo de las decisiones que adopte la Superintendencia el resultado será, o la transformación a un modelo más uniforme, o el caos”.

¿Otro capítulo? Representantes de las isapres, además de diversas autoridades, llegaron el martes hasta la Comisión de Salud del Senado para abordar la situación de las aseguradoras privadas tras el fallo de la Suprema. Si bien los actores concordaron en que el fallo de la máxima instancia judicial debe ser aplicado de manera cabal, a la hora de abordar su implementación hubo énfasis diferenciados desde el mundo político y privado.

Gonzalo Simón, presidente de la Asociación de Isapres, sostuvo que “las isapres no están buscando un salvataje ni un rescate, lo único que se busca es una implementación de la sentencia que no provoque el cierre del sector privado de salud”.

Pero ¿qué pasaría si las isapres quiebran o caen en insolvencia financiera gatillando su cierre?

En ese contexto, el economista David Debrott, exjefe de Estudios en la Superintendencia de Salud y exjefe de Finanzas de Atención Primaria en el Minsal, presentó frente a la comisión de Salud del Congreso un proyecto de ley corta que propone un plan en caso que caiga más de una isapre. Así, el experto, quien en 2014 integró la Comisión Asesora Presidencial de Reforma del Sistema Privado de Salud, propuso que frente la quiebra de una aseguradora, los afiliados pasen a Fonasa y formen un nuevo grupo, el tramo E.

“Por una parte, se cambia la disposición que ante la quiebra de una isapre permite a la Superintendencia transferir la cartera al Fonasa en las condiciones que este posee en el régimen general, creando un grupo E que tendrá características especiales”, consigna el proyecto de Debrott que está siendo analizado por algunas autoridades.

Este plan es muy distinto al de la legislación actual, donde se establece que si una isapre se declara en quiebra definitiva comienza a operar la Ley de Liquidación de Empresas. En ese contexto, afiliados sin preexistencia tendrán la opción de afiliarse a otra aseguradora, mientras que para los restantes sólo podrán hacerlo en Fonasa.

La nueva propuesta le concedería facultades a las instituciones estatales para que los afiliados pasen directamente a Fonasa y queden en un grupo nuevo que mantenga el contrato que tenían con las aseguradoras privadas, es decir, con el mismo plan y los mismos beneficios.

En ese escenario, Debrott explica que los cambios son “cuestiones menores. Sería permitir que la Superintendencia de Salud mande los contratos y permitirle a Fonasa que administre estos contratos privados y que pueda recibir cotización voluntaria. Ese sería un parche frente a una situación que yo la veo cada vez más inminente, que es la quiebra de varias isapres”.

Asimismo, el especialista detalla que les ha presentado este proyecto a varias autoridades, incluyendo personeros del gobierno: “La propuesta ha sido bien recepcionada porque el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados está interesado. Y por el lado del gobierno, no hay una manifestación explícita, pero yo creo que se ha ido entendiendo cuál es problema que trata de abordar este proyecto y la urgencia que tiene”.

En ese contexto, Tomás Lagomarsino (Ind.-PR), presidente de la Comisión de Salud, afirma que actualmente está trabajando con su equipo legislativo y con David Debrott para preparar este proyecto de ley corta. Además, afirma que este plan podría ser una buena opción porque “el proyecto busca ponerse en este escenario para resguardar a los afiliados, y así crear un nuevo régimen dentro de Fonasa, que pueda absorber a los afiliados de las isapres, manteniendo su cobertura y disminuyendo lo menos posible los contratos”. También detalla que la ley actual solo se pone en el caso de que una isapre quiebre y no varias al mismo tiempo.

Otro diputado que se abre a la posibilidad de revisar en profundidad la propuesta de Debrott es Eric Aedo (DC), también integrante de la Comisión de Salud, quien sostiene que “es una propuesta que hay que estudiar, no hay que desecharla. Vale la pena que la revisemos y que también la revise el mismo Ministerio de Salud”.

Para conformar el grupo E, la propuesta establece que Fonasa requerirá la creación de un área de gestión de los contratos que ahora tendrían como partes a los afiliados de ese tramo y a Fonasa. Por otra parte, también requerirá la creación de un área de gestión de convenios con prestadores privados.

Este punto es uno de los que llama la atención de Carolina Velasco, directora de estudios del Instituto de Política Públicas en Salud (IPSUSS) de la Universidad San Sebastián, pues explica que “se genera toda una unidad distinta en Fonasa para tratar a estas personas. La pregunta es por qué si va a haber una unidad mejor, con buena gestión y que va a tratar directamente con los prestadores de otra forma, no se permite que otras personas aporten y pasen a este tipo de trato distinto. Es difícil explicar esta diferencia”.

Asimismo, Velasco añade que “es una forma forzada de avanzar a un modelo que se quiere imponer, que es que exista un único asegurador”.

Por otro lado, Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, afirma que este plan se parece a lo que proponía el borrador del primer proyecto constitucional, que establecía la creación de un Sistema Nacional de Salud universal, público e integrado: “Crear un grupo E no es ni más ni menos que un caballo de Troya para que se estatice el sistema de salud privado. Es pasar a todos los afiliados de las isapres por vía administrativa a un seguro estatal, el cual desde el punto de vista ideológico ya fue rechazado en el último plebiscito”.