Crece la tensión en La Moneda: funcionarios apuntan a directora administrativa Antonia Rozas tras muerte de gásfiter

El fallecimiento de Hugo Morales, gásfiter de La Moneda, durante la semana pasada en el Palacio de La Moneda, marcó un punto de inflexión en la relación entre los funcionarios y sus jefaturas, al punto de que el gobierno ha tenido que hacerse parte de asunto. El deceso de un trabajador, que según se denuncia dedicó 18 horas a la reparación de una fuga de gas en el casino presidencial, ha puesto en el tapete las condiciones laborales de quienes trabajan en la sede del Ejecutivo.

Morales, de 63 años, sufrió un paro cardíaco mientras realizaba labores de reparación y, a pesar de los esfuerzos médicos, no sobrevivió. Su muerte ha motivado una investigación por parte de la Inspección del Trabajo y del Servicio de Salud de la Región Metropolitana, quienes buscan determinar las circunstancias que marcaron el fallecimiento y si hubo fallas en las medidas de seguridad o incumplimientos laborales.

La Asociación Nacional de Funcionarios de la Presidencia de la República (Anfupres) no tardó en manifestarse, y si desde ocurrido comenzaron a verbalizarlo puertas adentro, este jueves denunciaron públicamente que la muerte de Morales expone “incansablemente la urgente necesidad de mejorar las condiciones laborales”, sumando que “la indiferencia y la inacción de nuestras autoridades han perpetuado un ambiente de precariedad, cuya consecuencia más trágica puede ser, según lo determine la investigación que se está llevando a cabo, la pérdida de la vida de un compañero de trabajo”.

“Este hecho nos conmociona profundamente y resalta el abandono en que nos encontramos, trabajando bajo condiciones que no solo vulneran nuestra seguridad física, sino también nuestra salud mental y emocional”, añaden, apuntando sus dardos a la directora administrativa: “Le pedimos al Presidente de la República, Gabriel Boric, con la mayor urgencia, la remoción inmediata de la directora administrativa, Antonia Rozas. Su responsabilidad en esta crisis es evidente e ineludible”.

En concreto, los trabajadores aseveran que desde que llegó esta administración el sistema de turnos fue modificado, dando paso a excesivas horas extras, mala administración de los turnos del área de administración y contrataciones a corto plazo. Esto, añaden algunas voces que prefieren mantenerse anónimas, ya ha sido denunciado en el pasado.

La ministra de la Secretaría General de Gobierno fue consultado por esta situación luego de la solicitud de remoción de los funcionarios.

La secretaría de Estado confirmó la apertura de un sumario interno en la Dirección Administrativa de La Moneda y señaló que “este incidente también ha dado lugar a un diálogo con las asociaciones de trabajadores. En el Palacio de La Moneda no solo estamos atentos a este caso en particular, sino que también buscamos mejorar los espacios de trabajo y fomentar un diálogo abierto para abordar distintas situaciones laborales”.

Respecto a la destitución de Antonia Rozas, señaló que “esa no es una evaluación que me corresponda a mí. Lo que puedo señalar hasta ahora es lo que ha informado la Dirección de Administración de La Moneda, tanto sobre este caso como otros que han requerido atención en la jornada de hoy”, dijo Vallejo.

Según el Portal de Trasparencia Activa, Hugo Morales, gásfiter del Subdepartamento de Mantención Técnica, realizó durante agosto de este año 40 horas extras diurnas, que se retrataron en $200.126, y 19 horas nocturnas, que equivalen a $114.072, con un sueldo bruto mensualizado de $877.259.

Dentro La Moneda la tensión aumenta. Según fuentes internas los funcionarios han comenzado a organizarse y no solo entre los que trabajan en Presidencia, sino también involucrando a otras federaciones que operan dentro de Palacio. En el punto de prensa de esta jornada ya era posible visualizar funcionarios de los ministerios de Hacienda, Interior y la Secretaría de General de la Presidencia.

En esta línea, desde la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de La Moneda (Fenapal) denunciaron en el escrito que el funcionario que asistió a Morales una vez que el servicio de urgencia lo trasladó “se vio obligado a seguir con sus funciones, lo que no solo resulta inhumano, sino que evidencia la falta de sensibilidad y apoyo por parte de quienes debieran garantizar nuestro bienestar”.

Desde el gobierno la primera en reaccionar fue la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, quien fue consultada por los hechos en la Comisión de Trabajo del Senado. La secretaria de Estado recalcó que la muerte del gásfiter debe resolverse “con una investigación objetiva y rápida”, y apuntó que “la pérdida de un ser querido en cualquier circunstancia es una situación muy dura” y que en este caso “hay que aclarar con mayor razón las causas”.

En respuesta a la muerte de Morales, tres diputados de Renovación Nacional han solicitado a la Contraloría General de la República una auditoría sobre las condiciones laborales en Palacio.

Los diputados Eduardo Durán, Ximena Ossandón y Frank Sauerbaum presentaron una solicitud formal a la contralora (s), Dorothy Pérez, para que se realice una auditoría que examine estas denuncias y determine si las condiciones de trabajo cumplen con las normas laborales fundamentales. La solicitud enfatiza que este caso refleja un clima laboral problemático que vulnera los derechos de los trabajadores, incluso en el sector público.

El documento también cita un dictamen de la Contraloría General de 2015 que confirma la competencia de este organismo para intervenir en casos de vulneración de derechos laborales en la administración pública. Los diputados señalan la necesidad urgente de que se investigue y se tomen medidas para mejorar las condiciones laborales en la Presidencia.

Estos hechos provocarían que en las próximas horas la Contraloría oficie a la Dirección Administrativa del Palacio Presidencial para que explique los hechos ocurridos durante esa jornada.

La directora administrativa, Antonia Rozas fue contactada, sin respuesta, para esta nota.