¿Cuánto cuesta llevar al TC los retiros del 10%? Los pagos de La Moneda a sus abogados

No sólo costos políticos ha pagado el gobierno de Sebastián Piñera con la sucesiva aprobación de los tres retiros del 10% de ahorro previsional que se ha dado en el último año.

Además de cambios de gabinete y pérdida de votos en el Congreso, La Moneda ha debido desembolsar sumas de dinero para garantizar el freno de esta iniciativa ante el Tribunal Constitucional, institución a la que la disputa legal y política se trasladó en las dos últimas tramitaciones, con resultados opuestos: mientras en el segundo retiro -aprobado por el Senado en diciembre de 2020- el TC acogió el requerimiento de Palacio, en el tercero ni siquiera lo acogió a trámite.

Aunque en un escenario que -prevén- sería diferente, el gobierno se mantiene atento a la discusión que proseguirá esta semana, cuando el miércoles la comisión de Constitución de la Cámara baja retome le discusión del proyecto de ley que permite un cuarto retiro del fondo de pensiones.

Esta vez, el Ejecutivo apuesta a que no se apruebe luego de que Piñera garantizara la extensión del IFE hasta noviembre y de que diversas autoridades y economistas opositores prendieran una alarma respecto de sus graves consecuencias económicas.

Con ello apuestan a que no sea necesario acudir al organismo. Y así, no sea necesario volver a pagarle los $24 millones que, en total, han desembolsado a reputados abogados para defender la tesis de la inconstitucionalidad de estas iniciativas. Principalmente el jurista Gastón Gómez y la expresidenta del TC, Marisol Peña, han sido los representantes de la postura del Ejecutivo.

A finales del 2020 fue cuando se realizó el requerimiento de inconstitucionalidad del gobierno por el segundo retiro del 10%. Ahí Gómez y su socio José Francisco García fueron los encargados de redactar y presentar el requerimiento por el que se les pagó 420 UF (cerca de $12 millones), con cargo al Ministerio de Hacienda, según consta en los pagos a honorarios de noviembre del 2020 publicados en transparencia activa.

En la oportunidad, a La Moneda le fue bien, pues el proyecto de ley fue declarado inconstitucional. Y de acuerdo al entorno de Gómez, el pago fue tanto por el texto del requerimiento como por la defensa, con los alegatos incluidos, que hicieron los abogados ante el TC.

En abril de este año, en tanto, el gobierno se tuvo que enfrentar al proyecto de ley del tercer retiro de pensiones y arremetió también acudiendo al TC. Esa vez, el Ejecutivo decidió anticiparse a la discusión legislativa y trabajó en dos líneas de acción paralelas para enfrentar las cinco mociones de los parlamentarios que se discutieron entonces.

Una -a cargo del abogado Gómez- contra las tres mociones de retiro que se referían a las disposiciones transitorias, y otra liderada por Marisol Peña, sobre los dos proyectos de ley que modificaban las disposiciones permanentes.

Estos dos últimos proyectos fueron rechazados en la discusión general que se dio en la Cámara Baja el 15 de abril y finalmente fueron archivados, por lo que la representación del gobierno ante el TC finalmente la asumió Gómez, quedando Peña fuera de la defensa, al haber trabajado sobre esta línea.

Del entorno de Gómez explican que el texto que hizo sobre el tercer retiro fue similar al del segundo, por lo que no se le pagó dinero por éste, y que como el recurso no fue acogido a trámite ante el tribunal y, por lo tanto, no hubo defensa, no se le pagó por éste.

En el caso de Peña, ella se alejó de la discusión y el 23 de abril explicó las razones de por qué no representó a La Moneda. La constitucionalista descartó en ese entonces que no estuviera frente al requerimiento del Ejecutivo por sus diferencias con la presidenta del TC, María Luisa Brahm, como se especulaba en ese momento, sino que debido a que “el encargo que me efectuó el gobierno fue preparar un documento relacionado con la modificación eventual a disposiciones permanentes de la Constitución, lo cual fue rechazado por la Cámara”.

Si bien el requerimiento preparado por Peña no fue el que llegó al TC, tal como reconocen en el gobierno, en julio la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) pagó $ 12 millones brutos a la jurista.

En la Segpres sostienen que ambos requerimientos -el de Gómez y Peña- fueron preparados en tiempo y forma, por lo que no se podía esperar a que alguna de las iniciativas se aprobara para ahí recién contratar a alguien.

En ese sentido, en esa cartera afirman que -aun cuando ambos proyectos fueron rechazados en la Cámara- Peña entregó su informe que consideraba una “eventual” presentación ante el TC. En el gobierno dicen que es habitual que se anticipen a algunos escenarios antes de que ocurran, por lo que justifican que se haya contratado a abogados distintos para distintas funciones.

Peña:

Consultada al respecto, Peña dice a La Tercera que “el requerimiento me fue solicitado por el gobierno y tuve un plazo de cuatro días, incluyendo un fin de semana, para entregar un primer borrador, cuando estaba en pleno desarrollo la tramitación del proyecto del tercer retiro de pensiones y no estaba claro si se iba a realizar vía una disposición permanente, que era lo que yo estaba trabajando, o como ya había ocurrido anteriormente, vía disposiciones transitorias, que era la línea paralela que estaba trabajando el abogado Gastón Gómez”.

En esa línea, al ser consultada sobre si este documento podría ser usado en el futuro, sostiene que, “de hecho, los argumentos a mi juicio son argumentos que van precisamente en la línea de lo que el Tribunal Constitucional observó al inadmitir a trámite el requerimiento por el tercer retiro. Vale decir, cómo se afectan los derechos de las personas, cómo hay muchísimas personas, ahora ya son alrededor de cinco millones, que van a quedar sin poder financiar su vejez. Esa era la línea argumental del requerimiento. Me gustaría agregar que no obstante el requerimiento no prosperó, por el ritmo propio del debate legislativo, igualmente el ministro (Segpres), Juan José Ossa, aprovechó la argumentación que yo le preparé para plantear reservas de constitucionalidad en la Comisión de Constitución durante la tramitación del proyecto”.

Además, la jurista reitera que “efectivamente hubo un producto que fue ocupado, y el texto está en el debate de la ley. Eso es algo objetivo, se puede ver que antes de que la Comisión de Constitución elevara su informe a la sala, precisamente el ministro planteó reservas de constitucionalidad sobre la base de la minuta que yo le había preparado”.

En la oportunidad, el desenlace para el gobierno fue negativo: el 27 de abril el TC finalmente decidió no acoger a trámite el recurso, y desde el entorno de Peña sostuvieron estar convencidos de que la historia habría sido distinta si ella hubiera asumido la causa.