Sólo $ 130 millones y no $ 2 mil millones: Suprema confirma resolución de justicia militar e impide ampliar procesamiento por fraude en contra del general (R) Cheyre

Un día antes de dejar de ser la ministra en visita que investigaba el fraude en el Ejército, Romy Rutherford, el 2 de septiembre del 2023, decidió ampliar el procesamiento en contra del excomandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, pasando de una acusación de malversación de los gastos de reservados por $ 130 millones a $ 2 mil millones. Sin embargo, la Corte Marcial rechazó el requerimiento de la magistrada, lo que fue confirmado recientemente por la Corte Suprema, la cual en un contundente fallo le dio la razón la defensa del general (r) e impidió ampliar la acusación en contra del general del “nunca más”.

El primer procesamiento de la ministra Rutherford en contra de quien fue comandante en jefe del Ejército entre el 2002 y el 2006, fue en octubre del 2022, cuando la magistrada dictó su prisión preventiva tras procesarlo por presuntamente haber malversado $ 128.638.559 a partir de los gastos reservados de la institución castrense. En ese entonces, la jueza junto con dictar su medida de reclusión en el Batallón del Policía Militar de Peñalolén, también embargó sus bienes por $ 140 millones.

Sin embargo, y que es lo que finalmente resolvió recientemente la Corte Suprema, la ministra decidió ampliar en septiembre del año pasado ese procesamiento, acusándolo de malversar $ 2.400 millones entre 2002 y 2006 de la Ley de Gastos Reservados. Montos que en la actualidad superarían los $ 5.100 millones. En esa instancia la Corte Marcial revocó la decisión y decidió declarar que “Juan Emilio Cheyre, no es procesado respecto de la ampliación del auto de procesamiento como autor del delito reiterado de malversación de caudales públicos”. Tras el fin del periodo de Rutherford, la causa ahora es dirigida por la ministra en visita Ana María Osorio.

La defensa del general (R), encabezada por el abogado Jorge Bofill, cuestionó desde entonces el procesamiento, y presentó antecedentes para demostrar que la acusación no se ajustaba a los hechos.

Ante esa decisión de la justicia militar, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) -que también es interviniente en la causa- presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema en contra de los ministros de la Corte Marcial que decidieron revocar la ampliación del procesamiento. El que finalmente declaró inadmisible el máximo tribunal.

En su escrito, el CDE sostenía que “lo decidido por los recurridos constituye una grave infracción legal y una falta y abuso grave que lesiona seriamente el cumplimiento de los cometidos institucionales del Servicio que represento, por lo que solicito a vuestra excelentísima Corte adoptar las medidas conducentes a remediar y corregir dichas faltas y abusos dejando sin efecto la sentencia y dictando otra en su lugar, que confirme la resolución de primera instancia en todas sus partes”.

El escrito de 34 páginas exponía una serie de argumentos por los cuales el máximo tribunal debía acoger el requerimiento, donde también entregaba todos los antecedentes en los que su fundaba el procesamiento del general (R). En ese sentido, el CDE argumentaba que el fallo de la Corte Marcial “es una sentencia interlocutoria que hace imposible la continuación del juicio respecto del Sr. Cheyre en lo relativo a los hechos que se consignaban en el auto de procesamiento infundadamente revocado”.

Requerimiento en el que el Consejo también argumentaba que existía una falta o abuso grave, ya que carece de fundamento, además de un erróneo procesamiento de los antecedentes.

Ante este recurso, la defensa del exgeneral, encabezada por el abogado Bofill, se hicieron parte del recurso y argumentaron que “la decisión de revocar dicha resolución no pone fin al procedimiento en los términos que busca instalar el Consejo”.

En esa línea, la defensa del general del “nunca más” afirmó que sobre el recurso presentado, resulta evidente que la “finalidad perseguida es otra”, ya que a su juicio “en efecto su objeto es obtener una especie de apelación de lo resuelto, en circunstancias de que dicho recurso no procede”.

Este miércoles, la Corte Suprema finalmente resolvió el requerimiento del CDE, señalando que el recurso de queda “procede contra las sentencias interlocutorias, cuando ponen fin al juicio o hacen imposible su continuación, o contra las sentencias definitivas, siempre que unas y otras no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario”, desestimando la argumentación del Consejo que sostenía que hacía imposible la continuidad del juicio en contra de Cheyre.

En ese sentido, concluye -y reitera- que la resolución de la Corte Marcial “no pone término al juicio ni hace imposible su continuación razón que lleva que el libelo intentado sea declarado inadmisible”.