De la “cárcel no es solución” a la construcción de otro penal de alta seguridad: el giro obligado de Boric ante la crisis penitenciaria

Cuatro veces aparece la palabra “cárcel” en el programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric, mientras que Gendarmería se nombra en sólo dos ocasiones. En ambos casos, siempre asociados a mejoras que se requerían en el sistema para evitar vulneraciones y cumplir con estándares internacionales en materia de derechos humanos.

“Mejorar las condiciones materiales de las cárceles. Combatir el hacinamiento y las malas condiciones de higiene y salubridad. Esto incluye, por cierto, el mejoramiento de las condiciones laborales de las y los funcionarios de Gendarmería”, se mencionaba, como también la necesidad de eliminar las secciones materno infantiles en recintos penitenciarios.

En ninguna parte los términos fueron asociados a seguridad. A más de dos años en el gobierno y frente a la crisis de seguridad que se tomó la agenda del Ejecutivo y del Congreso, la administración Boric replanteó su forma de abordar el tema carcelario. Ya no se habla del cierre del Penal Punta Peuco, por el contrario, se sinceró la necesidad de sumar recintos carcelarias, concesionarlos y de fortalecer la seguridad en ellos.

Tras la llegada al gobierno del ministro de Justicia Luis Cordero, en enero de 2023, se acentuó ese nuevo foco.

En el gobierno aseguran que mejorar las condiciones de habitabilidad sigue siendo relevante, pero se dio prioridad a medidas que apuntan a mantener el control de los recintos, a fortalecer la seguridad y a combatir los hechos de corrupción.

El subsecretario del ramo, Jaime Gajardo, trabajó desde temprano un plan para aumentar las plazas disponibles, pues era evidente que los recintos, en general, estaban sobrepasados y que era urgente combatir el hacinamientos. Esto, porque entre otras cosas impedía una correcta segregación de la población penal y ya habían arribado a la conclusión de que los internos que estaban ingresando eran “más crueles y decididos”.

Así, a pesar de que en 2015 el propio Presidente Boric había dicho que “la cárcel no es la solución”, se comenzó a trabajar con paso decidido en la ampliación, densificación y reapertura de penales. Activaron, de igual forma, el modelo de concesiones penitenciarias, aunque durante 2022 la otrora ministra Marcela Ríos no lo tenía incluido en sus planes de gestión.

A la fecha, ya se ha confirmado el desarrollo de un plan que permitirá aumentar en más de 12 mil el número de plazas a nivel nacional a 2030, pero además ya se confirmó la construcción de una cárcel especial para albergar a reclusos vinculados al crimen organizado.

Además de avanzar en mayores espacios, el plan de fortalecimiento de Gendarmería que ha ido delineando Justicia también incluye una serie de otras modificaciones.

Impulsaron con fuerza el proyecto de ley que penaliza el ingreso de celulares a los recintos penitenciarios con miras a impedir las comunicaciones inalámbricas no autorizadas, como telefonía, datos móviles o wifi, y así prevenir estafa o extorsión desde el interior de las cárceles.

Junto con esto, también se licitó y puso en marcha el sistema de inhibidores de señal en tres recintos de la Región Metropolitana, y se está licitando la instalación del sistema en otros nueve establecimientos.

Recientemente, a raíz de los desórdenes y destrozos que generaron internos que se mantienen en la Cárcel de Alta Seguridad, Gendarmería informó sobre la disposición de medidas inéditas de control. Dado que los reclusos no se ceñían a las disposiciones del personal, se optó por incrementar la intensidad de las acciones e informaron a tribunales que en la medida que no depusieran en violento accionar serían esposados de manos y pies al interior de sus celdas.

A esto se suman, igualmente, otros dos proyectos que ingresó recientemente la cartera dirigida por Cordero y que buscan evitar la proliferación de actos de corrupción.

El primero tiene por objetivo establecer para el personal de Gendarmería de Chile la obligación de efectuar declaraciones de intereses y patrimonio, en conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.

Y el segundo, como pudo conocer este medio, amplía la penalización a todo quien ingrese, favorezca el ingreso o intente el ingreso de “objetos que pudiesen representar un riesgo para las personas o condiciones de seguridad al interior de los recintos penitenciarios. Asimismo, en base a la evidencia señalada, se agrega una presunción de peligrosidad respecto de los objetos que se hayan introducido o intentado introducir mediante su lanzamiento desde el exterior”.

El cambio de foco, de acuerdo con establecido por el Ejecutivo en los mencionados proyectos de ley, encuentra justificación al observar el escenario que se enfrenta.

“En el último tiempo, mantener la seguridad al interior de estos recintos se ha complejizado a consecuencia del aumento en las tazas de ingreso de personas en prisión preventiva o condenadas y por efecto de la mayor duración de las penas que se imponen con base en la regulación actualmente vigente. A ello se suman los efectos propios de un fenómeno adicional, asociado al incremento que hemos vivido en los últimos años en la asociatividad de quienes se organizan para delinquir, el que se ha hecho presente de forma preocupante”, hicieron presente.

Junto con esto, indicaron que “existen bandas organizadas que operan en distintos lugares del territorio nacional y que mantienen redes al interior de las cárceles e, incluso, nexos con otras bandas de carácter internacional. Frente a ello nuestro gobierno ha adoptado una serie de medidas en materia de infraestructura, de seguridad penitenciaria y de personal, que se enmarcan en el plan para combatir el crimen organizado”.

La situación del sistema penitenciario fue recientemente analizada por el investigador Manuel Salgado del Centro de Estudios Públicos (CEP), concluyendo que “está desbordado en su capacidad física y organizacional”.

Se indica que el sistema “no estaba preparado para absorber la creciente demanda de cupos en el régimen cerrado ni para abordar los nuevos perfiles de los reclusos, más violentos y ligados al crimen organizado transnacional”.

Agregan, en el mismo sentido, que “el aumento de la población recluida en recintos penitenciarios, especialmente a partir del año 2021, se produjo por una combinación de un uso menos restrictivo de la prisión preventiva, estadías más prolongadas al interior de la cárcel, aumento de los imputados y condenados por delitos graves y una mayor presencia de reos extranjeros vinculados al crimen organizado transnacional”.

Así, enfatizan que “no solo se requiere una inversión en nueva y mejor infraestructura carcelaria, como la mayor parte de la discusión pública sobre el tema demanda. El asunto es, además, profundamente organizacional. Es necesaria una adecuación de las normativas y reglamentos para el tratamiento efectivo de una población penal más compleja y una urgente profesionalización de Gendarmería”.

“El fin último de estas reformas debe ser elevar e integrar de modo coherente las capacidades físicas y organizacionales del sistema penitenciario a la política criminal y de seguridad del país”, recalcaron.