Derechos Humanos: Tras polémica audiencia en el CIDH, gobierno se prepara para nueva visita examen

"Lo que se pueda o no haber dicho ayer en una hora muy acotada es parte de la información que se entregó latamente en un informe escrito", fue el único comentario o versión que ha expresado hasta esta tarde el gobierno sobre su controvertida participación en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Quito, acerca de la situación chilena. Allí, una delegación del Ejecutivo levantó críticas por negar que Carabineros use balines de metal, por remarcar el contexto de violencia callejera y las "medidas sociales" anunciadas por La Moneda, en contraste con las cifras de denuncias de abusos y personas que han perdido la vista por la acción policial.

La frase la dijo esta tarde la subsecretaria de DD.HH., Lorena Recabarren, a la salida de una sesión del comité interministerial del ramo, que estuvo con delegados de la ONU y de la Unicef. La autoridad contestó así ante una pregunta por los cuestionamientos que ha recibido el gobierno luego de la sesión de ayer, donde el asesor del Ministerio de lnterior, Mijail Bonito, negó explícitamente que exista represión en el país, en respuesta a las variadas críticas y denuncias que se hicieron presentes en la reunión.

"Carabineros de Chile no usa balines de acero. Nosotros vamos a entregar todas las facturas de compras y además todo un análisis de los perdigones de goma. No se utilizan balines de acero en las fuerzas de orden público de Chile, por lo tanto, establecer que ese balín es de personal de orden público no corresponde", fue otra de sus afirmaciones.

El encuentro se viralizó rápidamente ayer en redes sociales, evidenciando que la administración Piñera ahora enfrenta un flanco político internacional -y ya no solo interno- en este peliagudo asunto. La posición "oficial" manifestada por el asesor de Interior ayer contrasta con la que ya han sincerado al menos tres ministros del gabinete (Jaime Mañalich, Consuelo Valdés y Andrés Couve), de que sí se han violado los derechos humanos. Pero esa misma visión la rebatió el Presidente Sebastián Piñera el sábado, en entrevista en El Mercurio.

Mientras, los recursos judiciales, cartas, reclamos oficiales y públicos y matarial audiovisual contra la conducta de Carabineros -ya la de las Fuerzas Armadas levantó antes rechazo- se han ido acumulando. Esta semana, el caso del joven Gustavo Gatica, que corre riesgo de perder ambos ojos tras recibir disparos de perdigones en su cara, terminó motivando que el ministro Mañalich anunciara tratamiento médico gratuito para esos casos.

Pese a su cargo, Recabarren no formó parte de la delegación de siete personas que representó al gobierno ante la CIDH, en la que además de Bonito figuraron cinco personeros de la Cancillería, entre los que se contaban el emabajador Hernán Salinas y Juan Pablo Crisóstomo Merino, director de la Dirección de Derechos Humanos de RR.EE. La nómina la completaba Gonzalo Candia, abogado de la subsecretaría de DD.HH.

¿Por qué no fue? Extraoficialmente hay dos versiones. Según una, hubo una instrucción de Cancillería que no asistiera ninguna autoridad. Según la del ex Hotel Carrera, eso habría sido resorte del Ministerio de Justicia. De cualquier modo, la administración Piñera ya había optado por el mismo nivel de representación en otras oportunidades.

Como sea, lo acontecido ayer en Quito -Bonito no pudo ser contactado para explicar por qué usó esos argumentos- es un anticipo de la visita in loco (en lenguaje jurídico) que hará a Chile una delegación de la CIDH, y cuyo primer paso se producirá la próxima semana, cuando llegue su secretario ejecutivo, Paulo Abrão. Esta inspección se sumará a la presencia de observadores de la Oficina de la Alta Comisionada para las Naciones Unida en Derechos Humanos, los que -según la Cancillería- permanecerán  en el país hasta el 22 de este mes.

Abrão había enviado una carta al canciller Teodoro Ribera el pasado 1 de noviembre pidiendo la "anuencia" del gobierno para "verificar la situación de derechos humanos en su país". La respuesta afirmativa la comunicó ayer -11 días después- el ministro de Justicia, Hernán Larraín, horas antes de la audiencia en Quito. En el gobierno explican, eso sí, que no hubo dilación sino que eso fue lo que tardó la tramitación, considerando que el 1 de noviembre fue feriado y los tiempos de los oficios entre ambos ministerios.

En paralelo, el gobierno ya ha estado contestando escritos enviados por el CIDH, según contó hoy, a la salida de la reunión interministerial, la subsecretaria Recabarren. "Además de tomar contacto inmediatamente con ellos a través de su secretario ejecutivo los primeros días, después del viernes 18, ellos nos hicieron llegar un cuestionario con doce preguntas muy largas, que fueron respondidas en plazo el día lunes 4 de noviembre en un extenso legajo, que reúne toda la información", dijo.

Es dicho texto, según ella, el que incluye los argumentos expresados en Quito ayer, y que han levantado controversia. Agregó que "va a a llegar la próxima semana el secretario ejecutivo para poder acordar los térninos de esta visita".

Según el abogado Francisco Cox, experimentado en casos ante la CIDH, la visita de los delegados derivará en un informe -para el que no tienen plazo- y darán "cuenta de sus hallazgos preliminares y algunas recomendaciones". De ahí en adelante, explica, se abre un escenario donde se puede recurrir a la comisión, donde se pueden interponer medidas cautelares, y, eventualmente, se podría judicializar el caso internacionalmente para Chile.

"Algunas personas podrían pedir medidas cautelares. Por ejemplo, que Carabineros deje de usar balines, que respete los protocolos y incluso que los modifique, incorporando la exigencia que se efectúen los disparos a más de 40 metros", ejemplifica. También podría pedirse que "se publique el registro de detenidos, y ahí el gobierno estaría obligado a respetarlo e informar de lo que está haciendo para adoptar las medidas".

Pero para que se configure "un caso propiamente tal se tienen que agotar los recursos internos, es decir, recurrir a los tribunales locales. En caso de que éstos no den respuesta o no enmienden la eventual violación denunciada, se puede ir a la Comisión y, solo agotada la etapa de la comisión, se puede recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

Ante este escenario, y pese a lo que parecen ser declaraciones o sinceramientos "descolgados" de ministros como Mañalich, Couve y Valdés, el gobierno ha insistido en que se están cumpliendo reglas y "protocolos" y que cuando no, se derivan a la justicia.  Recabarren -quien no comentó el desempeño de Bonito ayer en Quito- insistió hoy en que "la gran mayoría de nuestros carabineros está cumpliendo con acciones de fuerza legítimamemente autorizada".

En la Cancillería, en tanto, recalcan que internamente que "no hay ninguna disposición ni existe el menor atisbo de negacionismo", que esa ha sido la instrucción desde La Moneda, y que "estamos dispuestos a que vengan organismos internacionales".