Contra el tiempo. Tanto en el gobierno como en el Congreso y el Servicio Electoral están conscientes de que los plazos para tramitar varios asuntos pendientes, antes de que el próximo 26 de agosto parta oficialmente la campaña para el plebiscito, se agotan.

Y los temas abiertos -a 79 días del referéndum que se realizará el 25 de octubre- son varios: desde cómo se garantizará el derecho a voto de las personas que están contagiadas con coronavirus y las que estarán haciendo cuarentena preventiva durante la elección, hasta la definición del gobierno sobre si regulará o no el financiamiento y el control de gastos de las campañas del “apruebo” y el “rechazo”, las que hasta antes de que se postergara la consulta, no estaban afectas a ninguna norma.

Aquí, cinco puntos aún sin resolver y que tiene preocupados tanto a autoridades como a la sociedad civil. El tiempo corre.

Voto postal, urnas móviles, horarios especiales, voto anticipado. Todas las alternativas han estado sobre la mesa, pero ninguna logra convencer todavía a las autoridades sanitarias ni al Servicio Electoral. El cómo se va a garantizar el derecho a sufragio de la población contagiada con coronavirus es uno de los grandes desafíos por resolver de cara al plebiscito del 25 de octubre y aún no hay muchas certezas.

Si bien el tema se ha abordado en más de una oportunidad entre el Servel y Ministerio de Salud, aún no hay una fórmula clara. Según quienes han conocido de esos intercambios, las autoridades reconocen que es un asunto “complejo” de regular y que todas las alternativas que se han barajado pueden tener complicaciones asociadas. Por ejemplo, la posibilidad de establecer un sistema de votación remoto, como el voto postal, ha sido desechada por el propio presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, quien ha señalado que dicho mecanismo no logra asegurar el secreto del sufragio -lo que incluso sería inconstitucional- y, además, porque se aleja demasiado de la “idiosincrasia” del elector chileno.

Organismos como el PNUD, de hecho, han recomendado que las modificaciones y medidas que se adopten para los procesos electorales sean lo menos alejadas posibles de las condiciones habituales. En ese sentido, el organismo propone locales diferenciados para las personas de riesgo o contagiadas. Sin embargo, esa opción también podría ser compleja dado que podría requerir la elaboración de un padrón especial, lo que a estas alturas del proceso es prácticamente inviable, según expertos consultados por La Tercera PM.

Pese a las dificultades, el Minsal y el Servel se encuentran trabajando una propuesta que resuelva el tema. “Estamos diseñando una estrategia para que los pacientes Covid se diferencien de los no covid al momento que ingresen al lugar de votación”, señaló el ministro de Salud, Enrique Paris, el pasado 4 de agosto, destacando que el derecho de quienes están contagiados a ejercer su voto está consagrado en la Constitución.

La alternativa más viable, según las mismas fuentes, es establecer horarios protegidos para personas contagiadas. Sin embargo, la logística que implicaría esa opción es lo que podría traer complicaciones. Esto, porque las autoridades están conscientes de que junto con resguardar el derecho a voto de las personas Covid positivo, deben proteger a la población que será llamada a ser vocal de mesa. Otro punto relevante es la dificultad que podría implicar la trazabilidad de aquellos ciudadanos contagiados que asistan a las urnas.

Con todo, desde el Colegio Médico le han planteado a La Moneda la necesidad de que cualquier protocolo que se defina debe pasar por la Mesa Social Covid y ser validado por los expertos. De hecho, la presidenta del organismo, Izkia Siches, aseguró a este medio que el próximo lunes tendrá una reunión con el Servicio Electoral, precisamente, para abordar este y otras medidas sanitarias que ya han sido trazadas.

“Queremos conocer en detalle la propuesta del Servel, nos preocupa asegurar la posibilidad de voto para los pacientes Covid y sus contactos estrechos. Sabemos que no hay acogida a la propuesta de dos días ni de voto por correo, que desde lo sanitario sería la mejor opción”, sostuvo Siches.

En ese sentido, agregó que “queremos ver cómo se pueden complementar las propuestas para disminuir los riesgos, por ejemplo, aumentando las mesas, horarios y organizando el voto en el transcurso del día con protección para grupos de riego y Covid positivo. Además de darle garantías a todos los sectores, como también contar con la confianza de la ciudadanía”.

Desde el Servicio Electoral, en tanto, han transmitido que las recomendaciones que se hagan en la nueva mesa de trabajo que comenzará a sesionar la próxima semana y que incluirá además del Colmed, a representantes de la OMS, la Cruz Roja, entre otros organismos, sirvan para llegar a una propuesta que tenga legitimidad.

A comienzos de semana, el gobierno transmitió que impulsarán un proyecto de ley para que durante la campaña del plebiscito, se prohíban los aportes tanto de empresas con fines de lucro como desde el extranjero. Sin embargo, aún no hay claridad si el Ejecutivo lo hará presentando un proyecto propio o se plegará a las indicaciones que ya se han presentado en el Congreso.

Además, aún no se ha comunicado si La Moneda decidirá poner límites al gasto de campaña. Hoy, desde Palacio transmitieron que sí lo harán pero sin entregar detalles de cómo se realizará.

El tema preocupa a las organizaciones de la sociedad civil que han seguido de cerca los temas relativos al referéndum: entre ellos, hay un consenso en que las normas que actualmente rigen para las campañas presidenciales, parlamentarias y municipales, deben regir también para el plebiscito.

“Debiéramos darnos las mismas normas que nos damos para las campañas porque ya hay aprendizajes, principios que se quieren resguardar, como la equidad, la transparencia y el control de parte del Servel para que se cumplan las reglas que nos damos. Ese aprendizaje está, a veces a base de golpes, y no entiendo por qué acá no lo estamos aplicando, con ciertas adaptaciones por el tema de que es un plebiscito y no candidatos”, señaló María Jaraquemada, directora de incidencia de Espacio Público.

Por su parte, el presidente ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, cree que se está llegando “tarde y mal”. “Las campañas para el plebiscito no se harán solo por los partidos sino que se están creando comandos, grupos ciudadanos, fundaciones, etc. Y esa puerta está absolutamente abierta y nos vuelve a retrotraer a los riesgos que la política en Chile supuestamente había superado después de los escándalos de financiamiento irregular de la política”, señaló.

Desde el gobierno, en tanto, se está evaluando cómo se regulará el tema. Hace algunas semanas, el Servel le hizo una llegar una propuesta para limitar el gasto en la campaña, algo que, aseguran desde el Ejecutivo, se está evaluando y que probablemente la próxima semana habrá novedades. Con todo, desde el oficialismo han transmitido que podría ser complejo fijar un límite al gasto dado que lo que se plebiscita son ideas y no, como en el resto de los comicios, candidaturas. Esto, porque todas las personas naturales pueden realizar propaganda ya sea por el apruebo o el rechazo, haciéndose casi imposible de fiscalizar.

“Fijar un límite al gasto electoral contribuye a emparejar la cancha al dar la posibilidad a muchos de participar y que la contienda sea lo más equitativa para todos los intervinientes. Sin restricciones al gasto puede haber quienes dispongan de mucho más presupuesto que otros, lo que se traduce en condiciones de desigualdad para enfrentar el proceso plebiscitario”, señaló Jorge Jaraquemada, presidente del Consejo para la Transparencia.

A mediados de semana, Facebook realizó un anuncio: incluirán a Chile dentro de los países que tendrán que aplicar la herramienta de transparencia para publicidad política y electoral de la red social.

Antes de que se postergara el plebiscito, a comienzos de año, era posible encontrar en Facebook varios avisos de publicidad pagada tanto del “apruebo” como del “rechazo”. Sin embargo, la red social norteamericana creada por Mark Zuckerberg no había incluido a nuestro país como uno de los cuales obligaba a los usuarios nacionales a transparentar cuánto habían pagado por esa publicidad y quién lo había hecho.

“De esta manera, ahora quienes deseen publicar avisos de candidatos, partidos, figuras políticas o acerca de temas electorales en Facebook e Instagram, deberán pasar por un proceso de autorización, en el cual tendrán que confirmar su identidad con un documento emitido por el país donde será publicado el aviso e indicar públicamente quién es el responsable del mismo”, se lee en un comunicado de Facebook dado a conocer durante la semana.

Sin embargo, más allá de la iniciativa de Facebook, actualmente no hay ninguna regulación que obligue a transparentar la propaganda electoral por internet. Hace un mes, el presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, hizo un llamado al gobierno para regular el asunto, al menos, de forma general. Esto, para que las redes sociales comuniquen previamente las tarifas de propaganda como lo hacen actualmente los medios de comunicación tales como la prensa, la televisión y las radios.

Además, el Servel está pidiendo al Ejecutivo y al Congreso una regulación para que las personas que contraten propaganda por internet lo declaren y que las redes sociales solo acepten pagos de partidos y organizaciones inscritas ante el Servel para así determinar la “responsabilidad” de los mensajes que se transmitirán. A esto se suman una serie de convenios que el Servel está trabajando con las representaciones nacionales de las empresas de redes sociales.

Hoy, a las 13 horas estaba fijada una bilateral entre el Presidente Sebastián Piñera, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, y representantes de Interior y la Segpres. También participarán los parlamentarios de Chile Vamos que representan a las regiones donde se radica el conflicto.

La cita se da en medio de la tensión que se vive en La Araucanía y Biobío luego de los enfrentamientos producidos durante los últimos días entre comunidades indígenas, vecinos y las policías.

Fuentes de La Moneda señalan que en esa reunión se espera que se definan reimpulsar una serie de normas políticas sobre el tema indígena que hoy duermen en el Congreso. Uno de los puntos es llegar a acuerdo para una fórmula que asegue escaños reservados para los pueblos originarios en el órgano constituyente. Sin embargo, aseguran en privado, que “aún hay tiempo” y que se priorizarán las reformas sobre financiamiento y gastos de campaña.

El 7 de julio, la iniciativa que permite los escaños reservados fue aprobada en general por la sala del Senado y hoy se encuentra en la comisión de Constitución. Hasta esa instancia se espera que lleguen indicaciones del Ejecutivo dentro de los próximos días.

Sin embargo, desde La Moneda no se ha aclarado si se plegarán a la fórmula que propuso el oficialismo hace algunos meses y que establecía que el cálculo para determinar el número de escaños asignados a los pueblos originarios debe el registro de Comunidades y Asociaciones Indígenas de la Conadi.

Desde la oposición, en tanto se propuso que se debían establecer escaños supranumerarios basándose en el último censo.

A contrarreloj. Así trabaja la mesa de asesores legislativos que constituyó el gobierno, Chile Vamos y la oposición, para lograr consensuar una reforma constitucional que permita ampliar la potestad reglamentaria del Servicio Electoral. La idea surgió desde la centroizquierda con el objetivo de que -dado los acotados plazos que restan para el referéndum- no se tengan que hacer numerosas reformas legales para fijar medidas sanitarias especiales.

Dado que la normativa electoral chilena es muy específica y regula materias que van desde el lápiz con el que se puede marcar el voto hasta los horarios de sufragio, medidas como que cada elector lleve su propio marcador o la extensión de la jornada del plebiscito, requieren reformas de Ley Orgánica Constitucional.

Sin embargo, la posibilidad de que de forma excepcional el Servel pueda dictar medidas de esa naturaleza, ampliando su potestad, es la solución que convence de forma transversal a los sectores políticos. El propio Servicio Electoral ha valorado esta idea y ha sostenido que recibirán con “toda la responsabilidad” dichas atribuciones, aunque ha advertido que se debe legislar con urgencia.

Por lo mismo, la mesa de asesores está definiendo los últimos detalles de la propuesta que sería presentada durante la próxima semana. La idea es que la reforma entregue la posibilidad al Servel, de mantenerse la pandemia, de replicar protocolos similares para los comicios de 2021.

Asimismo, se está trabajando en un mecanismo de reclamación ante el Tribunal Calificador de Elecciones. Y si bien la propuesta opositora apuntaba a ampliar la consulta a dos días, finalmente se optará por una sola jornada, tal como lo acordó el Ejecutivo con el Servel.