El difícil tránsito de la ley de identidad de género: Más de 200 indicaciones en casi 5 años

El 17 de noviembre de 2015, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, en ese momento presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, realizó una gestión que causó polémica en las organizaciones civiles de defensa de las minorías sexuales: ofició ante la Suprema una consulta que buscaba conocer la opinión de los jueces respecto al proyecto de Ley de Identidad de Género que ya llevaba 2 años de tramitación en el Congreso y sumaba decenas de indicaciones.

En lo específico, Van Rysselbergue pedía una revisión de todos los incisos y artículos de la ley vinculados a la prohibición de los Tribunales de solicitar medios farmacológicos, psicológicos, psiquiátricos o tratamientos quirúrgicos para acceder a la solicitud de rectificación de cambio de nombre y sexo registral y la prohibición ante un Tribunal de que se realicen exámenes médicos ante el Servicio Médico Legal u otra repartición para formar su convencimiento acerca de la solicitud en adultos y niños, niñas y adolescentes.

La solicitud no fue casual. A inicios de ese mes ya estaba listo para ser votado el proyecto que había ingresado al Senado el 7 de mayo de 2013 con el patrocinio de los senadores Lily Pérez, Ximena Rincón, Camilo Escalona, Ricardo Lagos Weber y Juan Pablo Letelier. El siguiente hito era pasar el texto legal a la Cámara de Diputados. La consulta de Van Rysselberghe atrasaba en los hechos este paso.

Casi una semana después, el 23 de noviembre, la Corte Suprema respondió a la líder de la UDI: "El procedimiento puede quedar asignado a una gestión administrativa ante el Oficial de Registro Civil, con lo cual se resguarda en mayor medida la dignidad de las personas al no exponerla a un procedimiento judicial, reservando la sede judicial a los casos en que exista oposición de la autoridad administrativa o la solicitud está referida a menores de edad", concluyó la Corte a través del oficio 129-2015.

En diciembre de ese año, la senadora encontró una nueva forma de retrasar la tramitación. Adujo que era preciso que el proyecto fuera visto por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Derivó así el texto legal que estuvo hasta mayo de 2016 en esta instancia sin ser puesto en tabla y fue devuelto a Derechos Humanos.

La senadoras UDI ha sido sumamente activa en esta iniciativa, pero no es la única: Sólo hasta el 12 de septiembre de 2016, cuando el texto legal estaba en condiciones de ser visto por la Sala, sumaba 101 indicaciones. Se abrieron nuevos plazos y en noviembre de ese año el consolidado era de 225 indicaciones.

En un par de semanas, Van Rysselberghe había presentado 28, Andrés Allamand 26 y Manuel José Ossandón 16. Los parlamentarios proponían restricciones y condiciones para que niños y adolescentes trans pudieran acceder al sexo que vivencian, y no al sexo genital de origen.

El 21 de diciembre de ese año, se abrió un nuevo periodo de indicaciones que sumó, tras la serie de cambios realizados, propuestas del Ejecutivo. Hubo en esta fase otras 42 indicaciones: 29 de ellas del RN Francisco Chahuán.

Entre los cambios que se han aprobado y luego desechado, está, por ejemplo una de abril de 2017 de la Comisión de Derechos Humanos del Senado que impulsó Allamand y que permitía a terceros oponerse al cambio de nombre y sexo registral de una persona trans. Ésta se cayó en la votación en sala del 6 de junio de 2017.

El 20 de junio de 2017, el texto legal llegó a la Comisión de DDHH y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados y se abrió nuevamente un espacio para indicaciones.

En esta Comisión, se determinó que el procedimiento de cambio registral de sexos niños, niñas y adolescentes debe realizarse con el consentimiento de los padres o representantes legales ante el Tribunal de Familia e incorporar la presentación de un informe sobre identidad de género, salud mental y acompañamiento de 2 años.

El 23 de enero de 2018, la Cámara de Diputados aprobó en general y particular el proyecto de ley de identidad de género y ese mismo día la Corte Suprema emitió un informe en que se declara favorable a "permitir el ejercicio progresivo de los derechos es una responsabilidad del Estado y de las familias, a quienes corresponde apoyar y proteger el desarrollo de los niños de manera que alcancen, gradualmente, la autonomía en el ejercicio de sus derechos, de acuerdo a la evolución de sus facultades".

El 6 de marzo de 2018, la Sala del Senado rechazó algunos de los cambios hechos por la Cámara de Diputados y así se llegó a la Comisión Mixta que inicia hoy la discusión.