Director de Enap enfrenta millonarias demandas en tribunales: Piden embargo de sus autos
Claudio Skármeta mantiene demandas en tribunales por una serie de documentos impagos. "Espero muy pronto salir de ello", dijo el director de Enap.
Mañana miércoles a las 11:00 horas está previsto que se lleve a cabo la reunión de directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap). La instancia resulta clave para la estrategia que llevará la compañía ante la formulación de cargos que presentó en su contra la Superintendencia de Medio Ambiente por la intoxicación de 380 personas el pasado martes 21 de agosto en la comuna de Quintero.
La petrolera estatal enfrenta al menos tres flancos a raíz del caso. Tanto en la Corte de Apelaciones con el recurso de protección presentado por alcaldes de las comunas de Quintero y Puchuncaví, en paralelo también el Ministerio Público indaga la emergencia y debe defenderse a través de la vía administrativa ante la autoridad ambiental.
Pero no sólo la petrolera estatal enfrenta un escenario complejo, sino que también uno de los miembros del directorio que acumula desde 2017 a la fecha una serie de demandas en tribunales por préstamos impagos, que alcanzan los $244.909.655. Se trata del economista Claudio Skármeta Magri, quien como director de la estatal se desempeña como presidente del Comité de Auditoría y Compliance de la firma petrolera que dirige Loreto Silva, ex ministra de Obras de Públicas del primer mandato de Piñera. Dicho cargo en el comité lo asumió a petición de Silva.
Según la página web corporativa de Enap, Skármeta junto a otros directores como Ana Holuigue y José Luis Mardones, en dicha instancia cuentan con funciones como "examinar el balance y los estados financieros (EEFF) y los informes de los auditores externos, pronunciándose respecto de ellos en forma previa a su presentación al Directorio para su aprobación".
A ello se suma que dentro de las misiones de este grupo está justamente "examinar y recomendar cambios significativos que la Empresa adopte relativos al tratamiento de la Políticas Financiero-Contables y proponer su aprobación al Directorio".
Al igual que los otros directores nombrados, Skármeta forma parte de los directivos fueron seleccionados por la Alta Dirección Pública (ADP), nombrados durante la administración anterior, pero que la ex Presidenta Bachelet no firmó los decretos respectivos. Sin embargo, Susana Jiménez, ministra de Energía, optó por ratificar dicho nombramiento para no generar una parálisis mayor en la empresa petrolera.
Consultado el Servicio Civil si la ADP se fijó en los antecedentes judiciales del entonces candidato, respondió: "Analizados los antecedentes de este caso, a noviembre de 2017 esta persona no contaba con condenas judiciales que implicaran una inhabilidad o incompatibilidad para el desempeño del cargo. Lo señalado comprende el deber de presunción de inocencia de cualquier ciudadano que postula a un cargo público y que el Servicio Civil debe cautelar. Por otra parte, esta institución revisa la situación de todos los candidatos en el panel de inhabilidades e incompatibilidades de Contraloría General de la República, el cual no registraba antecedentes a la fecha de la definición de la nómina respectiva".
Para el Servicio Civil los requisitos establecidos por la ley para acceder a este cargo son no haber sido condenado ni encontrarse acusado por delito que merezca pena aflictiva; estar en posesión del grado académico de licenciado o de un título profesional de una carrera de a lo menos ocho semestres de duración, otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste; no tener dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que su consumo tenga por fundamento un tratamiento médico, y no haber sido afectado por la revocación a que se refiere el artículo 77 de la ley Nº 18.046 en alguna de las empresas del Estado o de las empresas con participación estatal o de sus filiales o coligadas.
Actualmente Skármeta es también director de AFP Capital y asesor del directorio de la Caja de Compensación Los Héroes.
"Esto no me ha impedido ejercer mi cargo, ni desprestigia mis capacidades"
Según consta en el registro de la plataforma del Poder Judicial, actualmente seis son seis los juicios abiertos en contra de Skármeta, siendo sus acreedores CMR Falabella; Tanner Servicios Financieros; Banco Santander Chile -empresa de la cual fue gerente general-; Itaú Corpbanca y Forum Servicios Financieros. A tal nivel ha escalado el conflicto con este último, que en el marco el juicio solicitó el embargo del automóvil del director de Enap, un Jaguar XF-30, del año 2012.
Y Tanner igualmente hizo lo mismo. Ante el 6º Juzgado Civil de Santiago exigió el embargo de una station wagon, marca Audi, modelo Q5-TDI 3.0.
Por otro lado, el Informe Comercial de Dicom de Skármeta revela que mantiene deudas por $65 millones y 46 documentos impagos. El informe acredita que el director de Enap mantiene 5 vehículos motorizados. Además, señala, se encuentra en calidad de moroso por una serie de cheques a nombre de Tanner Servicios Financieros por $388.000 cada uno.
La Tercera PM conversó con Skármeta y sostuvo que "esta es una petición particular. Se produjo por un tema empresarial con un amigo. He estado cubriendo este tema. Estoy negociando con cada uno de los acreedores y espero muy pronto salir de todo ello".
Según el propio director de Enap, quien fuera por ocho años intendente de Bancos de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), "esto no me ha impedido ejercer mi cargo, ni me desprestigia mis capacidades, ni mucho menos".
Enap, por su parte, a través de un comunicado señaló que no le corresponde pronunciarse sobre información privada que además se encuentra protegida bajo la ley N° 19.628 de protección de datos personales.
"Es importante precisar que un director nombrado por el Sistema de Alta Pública debe pasar un riguroso proceso de selección para ser propuesto por el Consejo del Servicio Civil a Enap. Además, los postulantes deben cumplir con los requisitos e inhabilidades que establece la ley de gobierno corporativo de la empresa pública para los directores. Finalmente, la Contraloría debe tomar razón de los decretos de nombramiento de directores de Enap, por lo que existen una serie de controles al respecto", concluyó la compañía.
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