Director de la Unidad de Análisis Financiero del Gobierno: "El desafío en terrorismo es saber de dónde viene su financiamiento"

Poca gente sabe que en el Piso 17 de Moneda 975 está la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entidad que depende del Ministerio de Hacienda y está encargada de prevenir el mal uso del sistema financiero y la economía chilena, con el foco en dos temas: lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El objetivo preventivo en ambos frentes los tienen ocupados, cuenta su director, Javier Cruz Tamburrino, quien señala que, por un lado, entraron como actor clave para atacar el patrimonio de los narcotraficantes y, por el otro, trabajan la coordinación para entender un fenómeno poco conocido, como es el financiamiento de grupos terroristas. Sobre este último punto, Cruz explica a La Tercera PM cómo se está trabajando en esa materia y cómo enfrentan el proceso de evaluación internacional del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

-¿Cuáles es el rol de ustedes en la prevención del financiamiento del terrorismo?

-Esto tiene una lógica de desarrollo distinta, que evidentemente tiene muchas facetas. El financiamiento al terrorismo puede partir en un país A, pasar por otro B, para terminar en un país C, es decir, tiene características de buscar distraer el origen de los fondos para no despertar sospecha. Y nosotros siempre estamos analizando y eso se da con la proliferación de armas de destrucción masiva, que suena todavía más impactante.

-¿Cómo se puede entender el financiamiento al terrorismo?

-El financiamiento al terrorismo es la entrega de dinero, ya sea para la mantención de grupos o ejecución de actos terrorista, como la colocación de la bomba, por ejemplo. Por eso la distinción entre financiamiento y terrorismo propiamente tal. Existen ocasiones en que los fondos son legales, de gente que dona dinero. Pero debemos tener la capacidad de mirar cómo ese dinero podría ser eventualmente utilizado. Así, el desafío del terrorismo es saber de dónde viene su financiamiento.

-¿Ocurre esto en Chile?

-Hay investigaciones del Ministerio Público. Nosotros por ley no podemos dar datos de la UAF, pero evidentemente que siempre que se hace una investigación judicial en sede terrorista se trata de investigar de dónde podrían venir los dineros que sustentan esas organizaciones. Es una materia compleja, porque efectivamente requiere de una coordinación con los órganos del Estado y en eso estamos trabajando, para poder nosotros prevenir y buscar eventuales escenarios de financiamiento. Parte de la iniciativa que está llevando el gobierno adelante de modificar la Ley de Inteligencia apunta a salvar esas falencias, donde muchas veces nos coarta de poder tener una visión más holística del problema.

En otro tema, ¿cuáles son los principales delitos que ocurren relacionados al lavado de activos?

Narcotráfico, corrupción y contrabando. Son ilícitos que pueden generar grandes cantidades de dinero para estos delincuentes y esos fondos tienen que reingresar a la economía, ya que tienen que darle utilidad. Como Chile es una plataforma de inversión de distintos tipo, que permite que el país crezca, ellos tratan de aprovecharse de esa situación para sus propios fines, y es por eso que siempre estamos reforzando nuestras normas y mensaje al sector privado, para que tengan conciencia que son una herramienta deseable para estos grupos.

Ustedes trabajan con entidades privadas que les reportan actividades sospechosas, ¿se debería sumar algún grupo que no esté hoy considerado?

Sí, un ejemplo es la compra venta de vehículos de alta gama o la compra masiva. Hay una serie de elementos que vemos que se van repitiendo en distintas sentencias e investigaciones y que hacen que el rubro de las automotoras pueda ser un gran aporte al combate de este tipo de delitos, y así siempre estamos analizando qué grupos y sectores económicos importantes podrían integrarse para poder entregarle un valor agregado a este sistema.