El abogado litigante de causas de DD.HH. que tendrá la llave para nombrar a supremos, jueces y notarios

En el Ministerio de Justicia hay una división interna que es conocida por el nivel de influencia que tiene en el mundo judicial. Se trata de la División Judicial, el espacio de esta cartera cuya función principal es colaborar con la futura ministra Marcela Ríos en la conducción de las relaciones con la magistratura y asesorarla en los nombramientos de jueces, notarios y conservadores.

El elegido por Ríos fue el abogado Pablo Fuenzalida Valenzuela (41), un reconocido litigante de causas de derechos humanos. Fuenzalida entró a estudiar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en 1999. En esa generación fue compañero de otros abogados que también trabajarán en el gobierno del presidente electo, Gabriel Boric.

En Pío Nono compartió las salas de clases con el jefe de gabinete del futuro mandatario, Matías Meza-Lopehandía. También con Diego Pardow, quien desde el 11 de marzo ejercerá como asesor programático y trabajará en el Segundo Piso de La Moneda. A ellos se suma también el futuro subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, con quien le tocará trabajar de manera bien estrecha a partir de la próxima semana.

Fuenzalida no milita en un partido político. Sin embargo, sus cercanos comentan que su sensibilidad política es cercana al Partido Socialista. Cuando era estudiante universitario estuvo vinculado a las juventudes socialistas, pero nunca formalizó su vinculación con esa colectividad.

Fuenzalida juró ante la Corte Suprema como abogado en diciembre del año 2009. Tres años antes, en 2006, entró a trabajar como procurador al estudio de abogados de Nelson Caucoto, un lugar especializado en la tramitación de causas de violaciones a los derechos humanos (DD.HH.), sobre todo de casos emblemáticos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Al año siguiente hizo su práctica en la Oficina de DD.HH. de la Corporación de Asistencia Judicial. Desde ahí, no se ha movido del estudio de Caucoto y actualmente se desempeña como el jefe jurídico.

Su carrera la ha construido desde ese estudio. Cuando en 2018 un grupo de diputados impulsó una acusación constitucional en contra de los ministros Hugo Dolmestch, Manuel Valderrama y Carlos Künsemüller, el abogado firmó una declaración junto a Caucoto y una serie de otros abogados vinculados a los DD.HH. en la cual se manifestó en contra de la destitución impulsada por los parlamentarios. “Quienes suscribimos entendemos que, en este caso en particular, más allá de cualquier discusión sobre la legitimidad del ejercicio de esta facultad constitucional por parte de los parlamentarios, no podemos desatender la trayectoria de los ministros acusados, y queremos dar fe de su contribución, desde su alta función, a materializar a través de sus sentencias la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos en distintos ámbitos de la vida de nuestra sociedad”, se lee en uno de los párrafos de esa declaración que fue firmada por Fuenzalida.

Quienes lo conocen comentan que su fichaje se debe a que es una persona que conoce muy de cerca el funcionamiento del Poder Judicial. Ha estado en la primera línea como litigante durante 17 años, lo que le ha permitido relacionarse con varios jueces y funcionarios de todos los estamentos de la judicatura. Ahora, tras casi dos décadas, dejará el estudio de Caucoto para asumir el mando de la División Judicial.

De sus casi 20 años en el estudio de Caucoto ha sido testigo directo de las dinámicas de las cortes de apelaciones -sobre todo de Santiago y San Miguel- y en especial la Corte Suprema. Un abogado que lo conoce hace años comenta que su perfil de litigante será un buen complemento al equipo de Justicia que hará Ríos con Gajardo.

Esto es especialmente relevante en el caso de la futura ministra, quien es socióloga y proviene de un mundo alejado del Poder Judicial. “Me parece una persona muy capacitada en diversas áreas y específicamente para esta que asumiría, creo que sin duda puede aportar experiencia y conocimiento práctico de cómo funciona el Poder Judicial”, comenta el abogado penalista Fernando Monsalve, quien lo conoce hace tiempo.

Fuenzalida conoce al revés y al derecho el lenguaje judicial y el tacto que se debe tener con los jueces. También sabe identificar las sensibilidades de los ministros de corte y los equilibrios que existen en los tribunales. Quienes litigan causas de DD.HH. deben tener especial ojo con las integraciones de las salas y saber manejar bien ese factor, ya que ciertas composiciones de jueces pueden ser favorables para las causas o, en caso contrario, se puede transformar en un obstáculo para la tramitación de este tipo de casos que suelen ser polémicos y complejos.

Que alguien con el perfil de Fuenzalida llegue a esta división no es una causalidad. Fuentes del futuro gobierno comentan que el compromiso con los DD.HH. es un eje transversal del programa de Boric, sobre todo en lo que tiene que ver con su agenda en Justicia. Por eso su fichaje tendrá como misión especial reforzar este aspectos en todos los nombramientos que deberá hacer el presidente a partir del 11 de marzo.

Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, quien tuvo el cargo fue el abogado Héctor Mery, quien asumirá como asesor de los senadores UDI tras el cambio de mando.

Uno de los desafíos más inmediatos para Fuenzalida, y que ocurrirá este año, implica buscar los reemplazos a dos ministros de la Corte Suprema. El 11 de marzo y el 8 de noviembre los supremos Rosa Egnem y Guillermo Silva cumplen 75 años, por lo tanto pasan a jubilación. Fuenzalida será el encargado de asesorar a Ríos y Boric en la búsqueda de estos reemplazos, una tarea que no es fácil ya que implica buscar nombres que conciten el apoyo del Senado.

Quienes han pasado por esta división comentan que el principal desafío es lograr una buena sintonía con cada uno de los miembros de la Corte Suprema, con las 17 cortes del país y también con los senadores de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. Junto con eso comentan que el cargo exige tener habilidad política para saber equilibrar todos los intereses que hay en juego, sobre todo por las presiones que ejercen grupos sectoriales y locales. Más importante aún será saber cerrarles la puerta a los operadores políticos que suelen transformarse en actores relevantes para los nombramientos de los jueces, sobre todo los ministros de la Suprema.