¿El adiós de Ángela?: las horas clave del debate de la Suprema por remoción de Vivanco

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, había manifestado a los titulares del máximo tribunal que para el pleno extraordinario de este jueves la mayoría debía estar presente, dado el tenor y gravedad del asunto que analizarían: la remoción de la suspendida ministra Ángela Vivanco.

Como lo dijo el abogado que representa a la magistrada, Cristóbal Osorio, “un día histórico”, pues en audiencia pública y con transmisión todos los interesados podrían apreciar cómo los jueces de dicha máxima instancia juzgaban a “uno de los suyos”.

Por lo mismo, solo dos de los sillones del Salón del Honor estaban vacíos, el correspondiente al ministro Sergio Muñoz -que se inhabilitó para conocer del asunto y quien además está suspendido tras la aprobación de la acusación constitucional en su contra en la Cámara de Diputados- y el que dejó Jorge Dahm -magistrado que entregó el cargo en diciembre de 2023 y cuyo cupo no ha sido llenado-.

Dada la relevancia de la materia, de hecho, la ministra María Cristina Gajardo suspendió sus vacaciones y concurrió a la audiencia, que se inició, cabe hacer presente, con el análisis de las recusaciones presentadas por los abogados de Vivanco para que seis de los titulares quedasen inhabilitados: la misma Gajardo, Blanco, Andrea Muñoz, Gloria Ana Chevesich, Mario Carroza y Adelita Ravanales.

Todas se rechazaron y, así, el presidente le entregó la palabra a la relatora Iara Barrios, quien por alrededor de una hora dio cuenta de los siete hechos que sustentan el cuaderno de remoción y sobre los aspectos que acompañó la defensa en el informe de 222 páginas con que contestaron a las imputaciones.

En el intertanto, los ministros escuchaban sin que sus rostros denotaran mayores expresiones. Como se dice coloquialmente, con cara de póker, incluso cuando en medio de antecedentes aparecían nombrados. Varios no pudieron con el cansancio de la semana y, por algunos minutos, cerraban sus ojos e incluso dormitaban, momento en que sus compañeros los movían suavemente para que tomaran atención, aunque los interpelados retrucaban indicando que sí estaban escuchando.

Las dos últimas ministras que se sumaron a la Suprema, Jéssica González y Mireya López, fueron dos de las titulares que, con lápiz y papel, tomaron nota de cada uno de los antecedentes que mencionaba la relatora. Gajardo, Ravanales y Prado, en tanto, eran parte de quienes hacían anotaciones en sus tablet y notebook.

En contadas ocasiones los magistrados hacían comentarios entre ellos, los cuales no eran audibles para el público presente, aunque en esas filas solo había cinco personas “extra” al equipo de Vivanco: tres periodistas; el abogado Julio Febrero, que asistió por la relevancia de la discusión, y un estudiante de derecho de la Universidad de Chile. No había amigos ni familiares de la magistrada.

¿Los cargos que se escucharon? Siete: Haber interferido en el concurso por la Fiscalía Nacional y en los nombramientos de conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar y de Concón; irregularidades en la tramitación de la causa Belaz Movitec Spa contra Codelco; injerencia en el nombramiento de ministros de cortes; intromisión en causas en tramitación y en la integración de salas; entrega de información reservada acerca de causas; concertación con el abogado Luis Hermosilla para obtener el nombramiento en el Poder Judicial, e irregularidades en la tramitación de otras ocho causas.

La mayoría de estos ya habían sido ampliamente abordados, aunque en esta oportunidad se detalló que entre las causas que la ministra pedía poner rápidamente en tabla estaban las referentes “a multas que se estarían aplicando en el denominado caso Cascadas y Penta”.

La audiencia tomó otro ritmo, eso sí, cuando se le dio la palabra el abogado Osorio, quien con un tono firme y enfático manifestó que haría una exposición cargada de emoción. Varios habían sido sus profesores y les pidió, en primer punto, que ponderaran sus palabras en función del trabajo que estaba haciendo y con miras en que se debe proteger el debido proceso y que debe imperar el Estado de Derecho.

Lo anterior, pues en varios pasajes de su alegación -que se extendió por poco más de una hora y quince minutos- el profesional hizo referencia a que la ministra Vivanco no recibió un trato adecuado, que se le juzga en base a prueba ilícita y que se ha vulnerado el derecho referente a conocer todas las pruebas por las que se le podría expulsar del Poder Judicial sin posibilidad de apelación.

Y es que si la decisión es destituirla, una vez que la sentencia sea redactada y notificada quedará ejecutoriada y se remitirán los antecedentes al Presidente Gabriel Boric para que curse la remoción. No hay espacio para que recurra en instancias domésticas, aunque según han indicado sus abogados estudian recurrir a la Corte Interamericana para refutar el proceso.

Dado ese escenario, Osorio no titubeó en reclamar que se vulnera el debido proceso, que no existen pruebas para responsabilizarla de los hechos por los que se le reprocha y que, de hecho, la principal prueba que hay en su contra, los whatsapps que mantuvo con el abogado Luis Hermosilla, no sería lícita.

Como expuso el abogado, la Suprema solo tuvo acceso a parte de esas conversaciones, pues el fiscal nacional Ángel Valencia, de acuerdo con su relato, entregó parte de esos mensajes. Acusó, en ese sentido, que a la ministra se le juzga en base a un collage. “No se está ante un documento íntegro. El fiscal nacional mandó un collage, que para decirlo en simple es una inducción, un cuadro motivado para que ustedes se formen un juicio”, manifestó.

En el mismo tono, insistió en que la magistrada nunca incidió en nombramientos, en que nunca alteró a su antojo el orden de la vista de la causas, y en que jamás reveló información reservada de las mismas. Sostuvo, igualmente, que solo en la Segunda Sala se cumplen los criterios de antigüedad para resolver y emitir pronunciamientos, por lo que a ella no se le puede reprochar por prácticas que estarían generalizadas en el máximo tribunal.

De la misma forma, se subrayó el hecho de que no se le ha juzgado con perspectiva de género, y que se le ha cuestionado por no “controlar” acciones de su pareja. Remarcaron, acto seguido, que mientras a ella se le interrogó de forma durísima por parte de la Comisión de Ética, a Sergio Muñoz se le permitió presentar informe por escrito, lo que constituiría, para ellos, un evidente trato dispar.

Si bien la aún ministra no asistió de manera presencial a los alegatos, siguió atenta el curso de la totalidad de la audiencia en su casa, en la comuna de Las Condes. Estuvo acompañada en todo momento -de acuerdo con fuentes consultadas por La Tercera- por su hija, mientras que su pareja, Gonzalo Migueles, también monitoreaba lo que iba sucediendo, aunque desde su lugar de trabajo.

Como pudo conocer este medio, la abogada recibía reportes de integrantes de su equipo, como los mensajes que le remitía su secretario, Ricardo Sáez.

Si bien en el entorno de la magistrada habían dado prácticamente por hecho que las seis recusaciones que presentaron serían rechazadas, por lo que el asunto no fue tema, lo que sí generó cierta incomodidad fue que el presidente Blanco decidiera -justo a la mitad de los alegatos de Osorio- hacer un receso de cinco minutos.

Consideraron que el “permiso” no se justificaba y que eso se hace cuando hay alegatos de horas, y que ahora eso operó como una “interrupción”.

De todas formas, en el círculo de Vivanco quedaron conformes con los antecedentes relevados y ahora solo aguardan el veredicto. Saben que lo más probable es que sea removida -como la misma ministra transmitió en extenso en una entrevista que concedió a este medio-, aunque aún persiste un atisbo de esperanza de que sus alegaciones sean escuchadas y acogidas. Por lo mismo, esperará el veredicto y se pronunciará.