El “contraataque” que prepara Interior tras portazo de Contraloría a la colaboración de FF.AA. en Macrozona Sur

Fue en mayo que el gobierno comenzó a tomar decisiones sobre una estrategia arriesgada: el ingreso de un decreto, como el que facultó a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) a operar en la Macrozona Norte, pero esta vez en la Macrozona Sur. Los militares pedían -internamente- un respaldo legal para su operación en la zona y las asociaciones de agricultores víctimas de la violencia rural presionaban soterradamente para validar el traslado logístico de las instituciones castrenses.

Desde entonces, el ministerio del Interior observó, analizó escenarios y finalmente jugaron su carta, ingresando un oficio ayer jueves a la Contraloría para autorizar la colaboración militar en algunas comunas de La Araucanía y el Biobío, dado que el término estado de excepción los dejaba sin margen para mantener a las FF.AA. en la zona. Sin embargo, a pocas horas de haber despachado el decreto a Teatinos 56, el contralor Jorge Bermúdez, rechazó la iniciativa y plantó un portazo directo a La Moneda.

El decreto -firmado por el Presidente Sebastián Piñera, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y el ministro (s) de Defensa, Cristián de la Maza- pedía la colaboración de las FF.AA. para apoyar a las autoridades civiles y policiales respecto de actos “que se vinculen con la prevención del porte, la tenencia y el tráfico ilícitos de armas de fuego, la criminalidad organizada, el narcotráfico y el terrorismo” en las citadas zonas de la Macrozona Sur.

La Contraloría, quienes ya venían advirtiendo internamente al gobierno que era muy difícil aprobar un decreto así, rechazó la idea. “De acuerdo a la Constitución Política de la República, dichas labores están a cargo exclusivamente de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. En virtud de tal disposición, no es posible autorizar mediante un decreto labores de prevención y control de orden público a las Fuerzas Armadas, existiendo otras vías institucionales para dicho objetivo”, dijo la institución liderada por Bermúdez.

En La Moneda causó extrañeza que Contraloría aprobara en 2019 la colaboración de las FF.AA. en la frontera norte mediante el decreto 265, pero no éste, relativo a la Macrozona Sur. En tanto, en ese órgano señalaron que una cosa es desplegar a las FF.AA. en una zona limítrofe y otra era llevarlas a la Macrozona Sur, donde el rol de orden público lo tienen Carabineros y la PDI.

Con la pugna abierta ya en la opinión pública, Interior está explorando distintas estrategias para lograr el apoyo de las FF.AA. en la Macrozona Sur. Por lo mismo, se están barajando dos opciones: recurrir al Tribunal Constitucional (TC) o seguir en conversaciones con Contraloría para ver qué podría acotarse o corregirse para ingresar un nuevo decreto.

Una tercera vía, en tanto, sería decretar el estado de excepción solo en algunas comunas de La Araucanía, aunque en el gobierno advierten que esa sería una jugada política más que arriesgada.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, explicó a La Tercera PM que “se están evaluando las observaciones por la Contraloría y evaluando distintas opciones, naturalmente que si la representación se funda en una inconstitucionalidad, el camino es el Tribunal Constitucional, pero si hay ilegalidad que se pueda corregir el mismo decreto, el camino es corregir y volver a ingresar”.

Para Galli, “el objetivo del decreto es el apoyo de las FF.AA. a las policías frente a fenómenos como el tráfico de armas, crimen organizado, de tal manera que se pongan las capacidades del Estado en apoyo a Carabineros y la PDI. No es sustituir sus funciones, ni participar en operativos, sino que colaborar”.