El contragolpe de Javiera Blanco: demanda al CDE por “presiones indebidas” para dejar su cargo como consejera y pide millonaria indemnización

En el mundo de los abogados hay un cargo que varios coinciden es uno de los más codiciados del aparataje fiscal: consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE). El prestigio de integrar la defensa estatal va acompañado de una buena remuneración, de más de $ 8 millones mensuales, un puesto que es vitalicio -dura hasta los 75 años- y además que les permite el libre ejercicio de la profesión en causas privadas con la única restricción de no participar de juicios contra el Estado. El 1 de febrero de 2017, y con apenas 45 años, la abogada y exministra Javiera Blanco alcanzaba este podio, sin embargo, una serie de vinculaciones a causas penales la harían renunciar un año y medio después al organismo, aunque -según se devela ahora- no de una forma tan voluntaria. Esto la ha impulsado a liderar un contragolpe sin precedentes para “limpiar su honra” y exigir ser indemnizada.

Por esa época la exdirectora de Paz Ciudadana, exministra del Trabajo y de Justicia -en los gobiernos de Michelle Bachelet- enfrentaba tres causas penales. Una de ellas decía relación con contrataciones, presuntamente irregulares, en Gendarmería. La investigación se abrió 19 días después de ser nominada en el CDE mediante una querella del entonces diputado UDI Gustavo Hasbún. El segundo caso se refería a dineros supuestamente malversados desde programas del Sename, originada por una acción judicial presentada en mayo de 2018 por la entonces senadora UDI Jacqueline van Rysselberghe, y -finalmente- la indagatoria en que se le acusaba de haber recibido “dinero en sobres” de gastos reservados que eran malversados por el Alto Mando de Carabineros cuando ella desempeñó el cargo de subsecretaria de esa rama.

En los dos primeros casos, el Ministerio Público no perseveró. En el tercero, sin embargo, fue formalizada y querellada por el propio CDE. Pero, en junio de este año, la Corte de Apelaciones de Santiago la sobreseyó definitivamente por prescripción y la Corte Suprema, tras rechazar un recurso de queja, dejó firme la resolución.

Una vez liberada de las causas penales que la complicaron en el pasado, Javiera Blanco inició hace algunos días una inédita arremetida judicial: demandó al CDE, a quien acusa por falta de servicio al haber permitido que su expresidenta María Eugenia Manaud desplegara conductas que la abogada califica como “abusivas” y generar una presión indebida e ilegal para obligarla a renunciar como consejera del CDE. Pide ser indemnizada, considerando el daño moral provocado, pero también el económico al haber dimitido a un cargo que le reportaría una remuneración permanente hasta los 75 años.

En el libelo, al que accedió La Tercera PM, la exministra pide una compensación económica de $ 387.733.776, o -en subsidio- lo que la justicia determine procedente conforme a derecho.

Nunca antes un exconsejero del CDE había demandado al CDE.

Durante cuatro años, la exministra de Justicia tras su salida abrupta del CDE mantuvo silencio. En su momento se informó de su “renuncia voluntaria”, sin embargo, la demanda que presentó da luces de una soterrada pugna que mantuvo con la entonces presidenta del organismo, María Eugenia Manaud.

“La entonces presidenta del Consejo de Defensa del Estado desempeñó sus funciones sin ecuanimidad e impartió instrucciones particulares y subjetivas, dificultando o derechamente impidiendo la concurrencia de condiciones adecuadas para que mi representada cumpliera con sus funciones en el Consejo y, por ende, del servicio”, se lee en la demanda que es patrocinada por el abogado Andrés Astudillo.

Agrega que “la animosidad de la entonces presidenta y jefa superior del servicio hacia mi representada la llevaron, además, a desplegar conductas abiertamente abusivas, considerando su posición, ignorando e infringiendo las pautas legales para su cargo, y que de haber actuado con sujeción a ellas, no habría presionado injustamente a la demandante para obtener su renuncia, pues sus obligaciones como jefatura limitaban su actuación a pedir explicaciones por las imputaciones que se formulaban a mi representada y a ordenarle formular descargos públicos”.

Javiera Banco acusa a la entonces presidenta de apartarse del principio de probidad administrativa, ya que no tuvo -a su juicio- una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto como les exige la ley a los jefes de servicio. “Esta infracción se materializó en definitiva mediante la actuación de la presidenta, quien presionó ilegítimamente a la demandante para que renunciara a su cargo, y a los consejeros para que, por su lado, también la presionaran en el mismo sentido”, se consigna en la demanda.

En la acción indemnizatoria se adjunta una carta que hasta ahora era secreta y que finalmente determinó la salida de Blanco del CDE. A continuación, La Tercera PM la reproduce de forma íntegra. Fechada el 5 de octubre de 2018, fue enviada a la suscrita por Manaud y se observa el membrete del CDE.

Estimada Javiera:

Sin perjuicio que he tenido acceso a la respectiva carpeta investigativa del tema “ASCAR”, conducido por el fiscal regional de Los Lagos Sr. Emilfork, también he constatado por La Tercera PM del miércoles 3, que se ha hecho público que compareciste a declarar ante dicho fiscal en calidad de imputada.

Obviamente, la noticia destaca en el subtítulo que eres actual consejera del Consejo de Defensa del Estado, tal como ha ocurrido prácticamente en todas las publicaciones y comunicaciones que se refieren a investigaciones de carácter penal en las que eres mencionada.

Lo anterior determina la necesidad de reiterarte mi opinión personal, como jefe del servicio, que te comentara hacia fines del año pasado y en agosto de este año, en el sentido que estimo altamente inconveniente tu permanencia en el CDE, por cuanto todas aquellas investigaciones guardan relación con supuestos delitos funcionarios, materia en la cual, como es de tu conocimiento, a este servicio justamente corresponde el ejercicio de las acciones penales respectivas y, al Comité Penal y al Consejo -como cuerpo colegiado- integrado por tus pares, la dirección de las correspondientes estrategias de defensa, incluidas las decisiones de presentar o no querellas en cada uno de esos casos.

Como comprenderás, la condición de imputada en esa clase de delitos se torna incompatible con la calidad de consejera del organismo, incluso aunque te encuentres haciendo uso de un permiso sin goce de remuneraciones, por cuanto ello, si bien elimina transitoriamente la necesidad de manejar en reserva las investigaciones y debates necesarios, no aleja la relación y mención destacada que se hace de tu condición de consejera en todos los medios de comunicación.

Yo considero, como por lo demás lo reconoció públicamente tu abogada Sra. Vial, que las investigaciones que te vinculan y en especial la amplia difusión que se hace de ello por los medios de comunicación, afectan y perjudican notoriamente al Consejo de Defensa del Estado, encargado de la persecución precisamente de los delitos de la clase de que se trata.

Naturalmente, estoy consciente de la importancia y respeto del principio de inocencia y nada de lo que digo puede entenderse como una imputación o apreciación de carácter penal, ni mucho menos que considere puedas ser culpable de alguno de los delitos que se investigan, pero, lamentablemente, como jefe del servicio advierto que existe un perjuicio a su merecido prestigio, que debo tratar de salvaguardar.

Por otro lado, la ausencia de un consejero en razón del beneficio de permiso sin goce de remuneraciones, por lapsos prolongados, provoca un detrimento en el funcionamiento del comité correspondiente y en las cargas de trabajo de los restantes consejeros, siendo mi obligación la de velar porque ello no ocurra o se minimice lo más posible, motivo por el cual tampoco me parece una opción recomendable que ejerzas el derecho a solicitar la extensión del que haces uso actualmente.

En consecuencia, junto con manifestarte que lamento profundamente, en lo personal, la situación que te afecta, y reconociendo tu derecho a ser considerada inocente de las imputaciones que se te efectúen, e incluso muy probablemente siendo inocente, además de también reconocer que no poseo facultades para pedir tu alejamiento, por razones de coherencia y prestigio del organismo que dirijo me veo en la necesidad de plantearte consideres presentar tu renuncia voluntaria al cargo que detentas.

Te saluda atentamente, María Eugenia Manaud Tapia, presidente.

Ante tal situación, explica en la demanda el abogado de Blanco, no tuvo más escapatoria que dar un paso al costado y dedicarse de lleno a probar su inocencia. Con todo y una vez fuera, se lee en el texto, se reprocha que “luego de la renuncia, doña María Eugenia Manaud Tapia, en su calidad de presidenta del CDE, otorgó varias entrevistas a distintos medios de comunicación, en donde expresó que la salida de doña Javiera Blanco “era necesaria”, ya que su presencia en el consejo era “perturbadora””. Cabe recordar que meses después Manaud renunciaría también al CDE.

Finalmente, Javiera Blanco pide a la justicia ser indemnizada por todo lo antes expuesto en la inédita demanda en contra de su exempleador, el Fisco. “Sin lugar a dudas, la exposición mediática de mi representada en dichos términos, por quien provocó el cese de su cargo, aun cuando cumplía con todos los requisitos legales para su ejercicio hasta los 75 años de edad, contando con la idoneidad y experiencia para un correcto desempeño, le provocó un grave daño personal, la pérdida de un importante cargo público y la afectación a su honra e imagen, todo lo cual debe ser resarcido”.

Por estos días la demanda debe ser notificada al ahora presidente del CDE Juan Peribonio. La revancha de Blanco recién comienza.