El desembarco de Baranda en TVN: Sucesor de De Aguirre y ajuste de deuda asoman como principales tareas

Asumió la tarde del jueves pasado y desde ese día su agenda no ha parado. Bruno Baranda, ex subsecretario del Trabajo del primer gobierno de Piñera, se encuentra en un intenso periodo de adaptación para enfrentar su nuevo desafío: la presidencia de Televisión Nacional (TVN).

Desde su oficina en Luis Tayer Ojeda, comuna de Providencia, donde se ubican las oficinas del estudio de abogados que encabeza, lee detenidamente las leyes que sustentan el gobierno corporativo del canal público y sus reglamentos internos. Pero no sólo dedica tiempo a temas legales, sino que también a conocer la industria televisiva.

En efecto, el jueves pasado –tras encabezar su primera reunión de directorio– la administración de TVN le entregó una carpeta que no sólo detalla la delicada situación financiera de la compañía, sino que también describe la industria y sus mayores cambios. Y de muestra un botón: entre los años 2010 y 2016, en toma de control y capitalización de los tres principales canales del país, se desembolsaron más de US$450 millones.

Pero la tarea es una sola: ordenar la casa y encaminar al canal fuera de la crisis financiera en que se encuentra con una deuda total $62.404 millones al 30 de septiembre de este año. Se trata de un monto superior en $2.280 millones al pasivo que registró el canal a fines de diciembre de 2017.

A ello se suma la renuncia de su antecesor, Francisco Orrego, quien se enfrentó en una guerra interna con director Ejecutivo de TVN, Jaime de Aguirre, luego de la filtración de los sueldos de altos ejecutivos y su millonaria cláusula de salida.

Por lo mismo, una de sus primeras opiniones que expresó a otros miembros del directorio es que busca hacer bien las cosas y para eso hay que aparecer menos en la prensa y trabajar más. De hecho, Baranda ha optado por mantener la reserva y hoy por la tarde –en una nueva reunión de directorio– pondrá en marcha su hoja de ruta para el canal.

Una de las primeras tareas que podrá en marcha es la búsqueda de un nuevo director ejecutivo. Según cercanos al directivo se espera que justamente el próximo jueves, cuando encabece su segunda reunión de directorio, entregue los primeros lineamientos del perfil del sucesor de de Aguirre.

Por otro lado, el directorio busca extender las labores del asesor financiero Sergio Merino. Si bien no tuvo un plan para resolver a cabalidad los problemas económicos del canal, el experto llevó adelante una iniciativa que pudiera sustentar los créditos necesarios para el manejo cotidiano. Merino es hoy director de Frontal Trust, una administradora de fondos de inversiones, pero este trabajo lo hace a título personal.

Por lo mismo, el objetivo para el nuevo presidente de TVN es cerrar el factor que genera el déficit del canal. ¿La fórmula? Mejorando el rating, disminuyendo costos y haciéndose cargo de la pérdida que viene de arrastre de los últimos años. Al 30 de septiembre de 2018, las pérdidas acumuladas de TVN alcanzan los $67.158 millones.

Por otro lado, los ingresos por publicidad en televisión abierta de TVN cayeron 29%, entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de septiembre de 2018.

El próximo lunes a las 11 de la mañana se llevará a cabo la penúltima sesión de la comisión investigadora por las presuntas irregularidades al interior del canal público por los altos sueldos de ejecutivos.

La cita –que se produce el mismo día en que a la medianoche se celebra la llegada del Año Nuevo– ha generado malestar en algunos parlamentarios, que viven en regiones y están citados a la reunión en la sede del Congreso en Santiago.

Sin embargo, clave será la votación que se llevará a cabo del día 2 de enero y desde ya las posiciones se advierten divididas. Diputados de oposición apuntan a dejar constancia en el texto final de la comisión de la –según ellos- la responsabilidad que le compete al ex presidente de TVN Francisco Orrego en la filtración del contrato de de Aguirre. Mientras que desde el oficialismo discrepan de esta posición, asegurando incluso que cualquier cuestionamiento público que apunte en su contra sería "inconstitucional".