El equilibrio de fuerzas se vuelve a tomar el TC

Este martes a las 16.00 horas tendrá lugar la sesión extraordinaria del pleno del Tribunal Constitucional (TC) donde asumirá formalmente como ministro del organismo el abogado Raúl Mera, quien el pasado 30 de agosto fue designado por el pleno de la Corte Suprema al conseguir 11 votos, versus los ocho apoyos que logró el abogado cercano al PS Juan Carlos Ferrada.

De esta forma, el reconocido juez -que hasta antes del nombramiento se desempeñaba como ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso- pasará a completar el periodo del exministro Rodrigo Pica, quien falleció el 20 de junio.

Pero con esto, como han comentado tanto en los pasillos de tribunales como en la entidad presidida por la ministra Nancy Yáñez, la distribución de fuerzas se verá alterada: los representantes vinculados a sectores ligados con la derecha -que hasta el momento estaban en minoría-, ahora estarán en igualdad de condiciones con aquellos más proclives al progresismo.

Mientras Pica ocupaba el cargo, cinco eran los ministros que se asociaban a la centroizquierda o el progresismo: a Pica se sumaban Yáñez, Nelson Pozo, Daniela Marzi y María Pía Silva. La última, pese a ser del mundo DC -renunció al partido cuando juró como ministra- en los fallos suele asociarse a esta mayoría. Y por el otro lado estaban el ministro y exdiputado UDI Cristián Letelier, José Ignacio Vásquez y Miguel Ángel Fernández. Así, de estar 5 a 3, las cosas volverán a una integración con equilibrio de fuerzas 4 a 4.

La situación, de paso, vuelve aun más relevante la figura de la ministra Yáñez, ya que en su rol de presidenta tendrá que dirimir en el caso que en el pleno se produzcan empates.

Por lo mismo, fuentes consultadas por este medio aseguran que el ambiente al interior del TC podría volver a tensionarse y que las disputas sobre ciertas materias, como las referentes a causas de medioambiente, derechos humanos o laborales, podrían aumentar.

Sin embargo, otros personeros que conocen del trabajo de la entidad recalcan que, dada su trayectoria, es difícil atribuir un “rótulo” al ministro Mera, ya que no necesariamente mantendrá un perfil conservador.

Por esa postura, por ejemplo, se manifiesta el abogado Enrique Navarro, exintegrante del TC, quien al ser consultado sobre la nueva integración, manifestó: “Mera es un juez 100% juez. Es una persona que no puede ser alineable a sectores políticos. Es una persona que va a fallar muy prudentemente caso a caso los temas. Por eso yo creo que la corte ha designado a un juez, a una persona que conoce los temas procesales para así no politizar”.

En esa misma línea, otras fuentes refuerzan el punto comentando que más que un ministro cercano a la derecha, podría asociarse al mundo DC conservador. Sin embargo, otros abogados vinculados a la litigación en el TC comentan en privado que al ser un ministro formado en el mundo judicial y que ha hecho su carrera en la judicatura, aportará con su “experiencia procesal” y podría mantenerse ajeno a las lógicas más políticas que suelen tomarse las dinámicas internas del TC.

Por otra parte, comentan fuentes conocedoras del trabajo del TC, se considera que la llegada de Mera pone en una mala posición al Ejecutivo, puesto que a la ministra Yáñez le quedan solo meses -hasta julio- en el cargo de presidenta y luego al puesto podría llegar un titular “del otro bando”, aseguran.

En ese sentido, se asoma como clave el rol que puedan cumplir los ministros Fernández y Silva, quienes, a juicio de fuentes consultadas por este medio, suelen manifestar “posturas más moderadas” que podrían hacer variar la balanza -comentan- en la resolución de casos “difíciles”.

Con esto, además, se plantea que la Corte Suprema le quiso enviar un mensaje al gobierno, pues en medio de la votación se pidió que ministros suplementes votaran -de acuerdo a lo expuesto en privado por algunos supremos- para favorecer a Mera y así “compensar”, de cierta forma, el daño que se le hizo cuando no fue ratificado por el Senado para integrar el máximo tribunal.

“Con esto, la Corte Suprema también vino a marcar que puede tomar el control de ciertos asuntos o al menos dirigirlos”, aseguró en privado una fuente ligada al TC.

Mera inició su carrera en el Poder Judicial en 1980, como secretario del Juzgado de Letras de Río Negro. Desde entonces ha sido relator en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, además de secretario en el tribunal de alzada en Punta Arenas y fiscal judicial en la Corte de Antofagasta. Hasta antes del nombramiento se desempeñaba como ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

El 2020, Mera intentó dar el salto como ministro de la Corte Suprema, siendo propuesto por el entonces Presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, su nombramiento fue rechazado en el Senado, donde fue cuestionado por sus fallos en materia de derechos humanos, tras haber absuelto por falta de pruebas a cuatro excarabineros acusados de torturas y asesinar, en 1988, a Cecilia Magni y Raúl Pellegrín, miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Cuestionamientos en su contra fueron expuestos durante la sesión de su nominación en el Senado, cuando, por ejemplo, la senadora Yasna Provoste sostuvo que pese a valorar sus credenciales profesionales, se requería un rostro distinto.

“Nuestro país necesita una Corte Suprema que tenga una firme convicción en la promoción de los derechos humanos, en el respeto al medio ambiente y, además, con juezas y jueces que tengan clara una perspectiva de género. La equidad de género no se juega solo con una mayor incorporación de mujeres al máximo tribunal de justicia; la equidad de género se juega en que en los fallos tengan presente la perspectiva de género”, dijo la parlamentaria en esa oportunidad.

Por otro lado, Erika Hennings, presidenta de la organización “Londres 38, espacio de memorias”, envió una carta al presidente de la Corte Suprema para presentar sus reparos ante la postulación. Según señaló la dirigenta, el actual ministro del tribunal de segunda instancia “en el ejercicio de su cargo ha evidenciado un incumplimiento de las obligaciones internacionales de protección de derechos humanos, en al menos tres áreas: asegurando impunidad en delitos de lesa humanidad, negando reconocimiento del derecho al agua y a un ambiente libre de contaminación, y omitiendo ponderaciones en casos de violencia contra las mujeres”.

Pese a esos reproches, Mera sí ha contado con el respaldo de reconocidos abogados de derechos humanos, como fue el caso de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de Iquique. Ellos, de hecho, enviaron una carta al Senado cuando se revisó su postulación a la Suprema y aseguraron: “Si a raíz de los prejuicios instalados en su contra Raúl Mera no es designado integrante de la Corte Suprema, el Poder Judicial se habrá privado, en su máximo tribunal, de un juez brillante, equilibrado y estudioso. Además, innovador. Es decir, no solo sería una injusticia, sino también un auténtico despilfarro para el país”.