¿El fin de la CAM? Recurso ante el TC busca que se declare inconstitucional al grupo por ser una “amenaza permanente a la democracia”

Un nuevo requerimiento contra la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) fue ingresado la jornada de este lunes 20 de febrero al Tribunal Constitucional, a fin de que el organismo declare que el “movimiento insurgente”, como lo catalogan los abogados que patrocinan la solicitud, Ronald Von Der Weth y Antonio Barchiesi, está actuando al margen de la Constitución.

Según describen en el documento de 16 páginas, la CAM, al igual que el Órgano de Resistencia Territorial Lafkenche y los Órganos de Resistencia Territorial Wenteche Katrileo y Nagche, constituyen una “amenaza permanente para la democracia”. Por lo mismo, indican que para que se restablezca el Estado de derecho en la Macrozona Sur, el primer paso sería contar con un pronunciamiento de la entidad encabezada por la ministra Nancy Yáñez. Esto, pese a que ya en dos ocasiones el TC ha descartado pronunciarse, declarando inadmisibles dos solicitudes del excoordinador de la Macrozona Su, Pablo Urquízar.

“Afirmamos que el Estado de Chile se encuentra bajo amenaza permanente por grupos subversivos e insurgentes, que aunque con demandas que, muchas veces puedan ser legítimas en su origen, han decidido renunciar a todo tipo de diálogo institucional para la solución pacífica de los conflictos sociales, utilizando mecanismos poco convencionales, violentos, inconstitucionales y antidemocráticos que no sólo atentan contra los ciudadanos e instituciones, sino que también amenazan la integridad del territorio y la unidad nacional, fomentando banderas de lucha violenta y la división autonómica”, manifiestan.

De acuerdo con los profesionales, si bien el Ejecutivo ha emprendido acciones a fin de poner fin a acciones violentan, se requeriría que el TC intervenga ante un supuesto “vacío” que vislumbran en una “estrategia nacional para hacer efectiva la presencia del Estado” en las localidades del sur.

“Es un hecho que el Estado de derecho no se cumple, se vulneran las leyes y hay un franco desafío a la presencia y acción del Estado en la zona. Se requieren acciones concretas, como la presente, para aplicar todo el poder y capacidad del Estado, como un todo en el perímetro del conflicto. Todas las acciones deben ser revisadas en forma coherente de modo de orientar los esfuerzos del Estado hacia las comunidades pacíficas y colaboradoras, respetuosas del Estado de derecho, y no a quienes fomenten banderas de lucha armada y división autonómica”, complementan.

Como parte de los argumentos que los abogados exponen ante el tribunal, se hace presente que desde 2019 se ha divulgado el libro Chem Ka Rakiduam “Pensamiento y acción de la CAM”, donde la organización ahora liderada por Juan Pichún, desarrolla su relato, estrategia y proyección, y además, como relevan los profesionales, “se reconocen a sí mismos como una ‘organización clandestina con capacidad militar’ y asumen un accionar directo en contra del Estado de Chile”.

Según destacan, esa sería una suerte de “carta Gantt que debemos ser capaces de reconocer, enfrentar y asumir como sociedad civil y Estado en su conjunto, tanto ciudadanos como las instituciones”, pues demostraría que se está ante “una lucha anarquista que busca a través de mecanismos violentos la división territorial de Chile y la destrucción de la institucionalidad en la zona de conflicto”.

“En consiguiente, este libro debe ser el eje angular de la presente acción constitucional porque en él se encuentra la declaración de principios y la amenaza a nuestro Estado de derecho que fundamenta la declaración de inconstitucionalidad. En efecto, la CAM reconoce en su libro que, la lucha en sus inicios tuvo el carácter de una acción eminentemente colectiva, pero que por la maduración ‘desfavorable del contexto político’, su accionar ahora es planificado y ejecutado por grupos reducidos con mayor preparación político-militar que actúan efectivamente en la clandestinidad y con rigurosos métodos de seguridad”, agregan.

No se trataría de una “mera apología a la insubordinación o al terrorismo”, porque de acuerdo con los profesionales, existe un “reconocimiento de las actividades ilícitas perpetradas en la Macrozona Sur, tanto por la CAM como por las distintas ORT descritas en el libro, así como en los distintos comunicados, y también, porque los líderes de la CAM han lazado el libro en innumerables ocasiones, y en espacios públicos, inclusive universidades”.

Con el fin de probar la tesis que exponen, solicitan se oficie, entre otros, a la Agencia Nacional de Inteligencia, a fin de que remitan la información que tienen de las citadas agrupaciones; a Gendarmería, quienes podrían ayudar a individualizar ciertos actores; al Ministerio del Interior; y a Carabineros y la PDI.

Si el requerimiento llegase a ser acogido, como comentan fuentes conocedoras del proceso a La Tercera PM, el TC podría privar de derechos políticos a los miembros de las entidades en cuestión y dictar su disolución.