El viernes de la semana pasada -a eso de las 16.30 horas-, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, y el coordinador de las camas críticas, Luis Castillo, realizaron una visita inspectiva a la Clínica Las Condes (CLC). Las autoridades constataron en terreno la habilitación y funcionamiento del recinto médico en la pandemia.

Al finalizar el recorrido, que incluyó también una revisión a los porcentajes de pacientes en ventilación mecánica y el uso de los pabellones quirúrgicos, los representantes del Ministerio de Salud se reunieron con el gerente general de CLC, Jerónimo García, y el subdirector médico, Rodrigo Mardones.

La reunión marcó un vuelco en cómo el recinto médico privado estaba enfrentando la emergencia sanitaria, que mantiene a nivel nacional el 95% de las camas para pacientes críticos ocupadas debido a un rebrote de la enfermedad. La reunión se produjo en un contexto muy particular en la relación entre la clínica y el Estado de Chile. En enero de este año, el directorio de la compañía anunció que emprendería acciones legales en contra del Fisco por los “perjuicios irrogados a esta sociedad, derivados de las medidas gubernamentales adoptadas con ocasión de la pandemia por Covid-19″.

“Las acciones jurisdiccionales se presentarían dentro de los próximos meses, una vez que concluya el estudio económico y el informe jurídico encargados por la compañía. En opinión de los abogados, se estima una alta probabilidad de obtener un resultado favorable, toda vez que la acción jurisdiccional y su régimen de responsabilidad se encuentran expresamente previstos en la ley”, sostuvo CLC en su último reporte de resultados, enviado el 3 de marzo a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Sin embargo, en la conversación de los representantes del Minsal con los ejecutivos de la clínica no estuvo presente la discrepancia con Fonasa, ni tampoco se abordaron los aranceles ni convenios que pudieran haber sido objeto de cuestionamientos por parte del recinto privado.

El exsubsecretario de Salud Luis Castillo, en diálogo con La Tercera PM calificó la conversación sostenida como “profunda e intensa”. “Nos corresponde resguardar la salud general de los chilenos que tienen graves problemas desde el punto de vista pulmonar. La Clínica Las Condes finalmente se ha integrado a la salud pública y privada del país con la máxima cantidad de cupos posibles. El número de pacientes que sea: 20, 30, 40, 50, los que sean. Van a intentar poner la clínica en modo Covid y servir al país”, sostuvo.

Castillo agregó que hubo satisfacción al terminar la reunión y que el sábado comenzarían a materializarse parte de los acuerdos a los que arribaron, “y esperamos que siga así, porque la situación de la pandemia se está complicando y los chilenos necesitan tener atención en cualquier lugar y momento”.

Según la autoridad, en las próximas semanas CLC podría habilitar hasta 80 camas para pacientes en estado crítico.

El 17 de marzo, la Subsecretaría de Redes Asistenciales ordenó la suspensión de cirugías electivas. Sin embargo, CLC -al igual que otras clínicas- ha continuado realizado operaciones, apegándose a los criterios que estableció la Resolución Exenta Nº 307, la cual establece causales de excepción, como aquellas cirugías cuyo retraso significa poner en riesgo grave la salud del paciente o pueda generar secuelas funcionales graves. De hecho, recientemente en el recinto médico se han llevado a cabo intervenciones de gastrectomía y gastroplastía.

En la reunión se acordó establecer un interlocutor directo entre la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC) del Minsal y la Clínica Las Condes, siendo nombrado el subdirector médico del recinto Rodrigo Mardones, quien ha asumido un rol más protagónico, puesto que el director médico, Luis Herrada, se encuentra de vacaciones.

Bajo este nuevo escenario, el médico jefe del Centro de Paciente Crítico en Clínica Las Condes, Leonardo Soto, envió la mañana del pasado sábado un mensaje vía WhatsApp, en el que se detallaron las instrucciones recibidas por la administración, cuyo directorio es liderado por Alejandro Gil, esposo de la mayor accionista de CLC, Cecilia Karlezi.

“Buenos días: la gestión de las camas críticas actualmente recae en el director médico. Para apoyar esa gestión es que se instruye que a partir de hoy el residente de UTI le avise previamente a él cualquier cambio de pacientes, que por necesidades clínicas requiera hacerse entre unidades, para su visaje. Este aviso incluye horario inhábil”, consignó el mensaje enviado por Soto.

“Hasta ahora, hemos estado recibiendo pacientes agudos (ingresos) en la UTI y sacando a los estables al ITM 6o, lo que se intentará mantener hasta cuando sea posible. Por la comprensión, gracias”, agregó.

El facultativo declinó efectuar comentarios sobre los cambios en CLC, aduciendo que “sólo estoy concentrado en ayudar a enfrentar la pandemia y ayudar a los pacientes, porque la situación país es muy preocupante”. Ello, luego de que trascendiera que la semana pasada Soto habría puesto su cargo a disposición de la administración por discrepancias en el manejo de camas, definición que posteriormente echó pie atrás. Clínica Las Condes declinó referirse a esta situación.

Soto cuenta con un equipo de cuatro médicos especialistas que es integrado por Andrés Reccius, Andrés Ferre, Osvaldo Llanos y Pablo Hasbún. Se trata de exmiembros del grupo que trabajaba con el doctor Tomás Regueira, quien fuera despedido a mediados de diciembre del año pasado por discrepancias con la administración por el manejo de camas críticas en la pandemia.

“La semana pasada nos dieron la orden de no hacer cirugías que no sean prioritarias. Solo oncológicas y urgencias”, dijo un médico que pide reserva de su identidad.

En los pasillos de CLC no existe el mismo ambiente que antes. Hoy los médicos cuestionan las medidas que ha tomado la dirección y existen -según los consultados- represalias a los que critican las decisiones de la administración públicamente. Por lo mismo, quienes se atreven a explicar la situación de la clínica piden no ser identificados.

Clínica Las Condes se encuentra en un periodo de ajustes que comenzaron luego de la negociación que en septiembre del año pasado modificó los contratos de los médicos residentes, los cuales trabajan y arriendan parte de las dependencias del recinto. A modo de ejemplo, la indemnización por años de servicios percibida por los gerentes y ejecutivos principales que han sido desvinculados en el periodo de 2020 fue de $ 472 millones, mientras que en 2019 fue de sólo $ 40,5 millones.

Según su último reporte financiero, al 31 de diciembre de 2020, CLC finalizó con una dotación total de 3.133 personas, entre gerentes y ejecutivos principales, profesionales y trabajadores en general. Se trata de la cifra más baja desde el año 2012, cuando contaba con 2.981 colaboradores.

A fines del año pasado, el pediatra René Tejías renunció a su cargo de director médico de la clínica, tras tres meses de idas y vueltas en pleno conflicto entre la administración y los doctores. A diferencia del caso de Regueira, Tejías sigue prestando servicio al recinto, como médico pediatra.

En marzo de este año, la administración de CLC comunicó el despido del médico cirujano José Giordano, el infectólogo Ricardo Espinoza -quien fue recientemente reincorporado- y el urólogo Norman Zambrano. Los doctores Zambrano y Giordano son miembros históricos de CLC y el despido de ambos genera malestar en el cuerpo médico no sólo por la señal que se entrega al mercado, sino que también porque el último es uno de los líderes de los facultativos y quien asumió un rol protagónico en el conflicto por el cambio en el contrato de arriendo en septiembre de 2020. La salida de los médicos fue calificada como una humillación por el comité ejecutivo.